Por Cristian León* //
En las últimas semanas se dieron en paralelo dos hitos importantes para la regulación de las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) a nivel global. Por un lado, la Unión Europea aprobó el AI Act, una de las primeras regulaciones de estas tecnologías con un carácter vinculante. Por el otro, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en relación a que los sistemas de IA deben cumplir criterios de seguridad y fiabilidad. Ambas establecen a los derechos humanos como criterios sobre los cuales desarrolladores e implementadores deben basarse.
Estas dos normativas marcan un antes y un después en una acelerada carrera por controlar una tecnología que se considera que tendrá uno de los mayores impactos en la vida de las personas y en los mercados globales. Su regulación busca reducir la incertidumbre con respecto a los enormes riesgos en términos de sesgos y malas decisiones en sistemas automatizados, pérdida de fuentes laborales, su mala utilización para fines delictivos, en campañas de desinformación, guerras, etc.
En América Latina, países como Perú, Colombia, Brasil y México ya han empezado discusiones al respecto y han adherido a estándares ya existentes o incluso han aprobado legislaciones específicas sobre el tema. Esto se da en el marco de una digitalización sin tregua que toma cada vez más y más despegue.
¿Estamos preparados en Bolivia? Después de la pandemia, la digitalización transita un camino sinuoso que es impulsado más por el libre mercado que por la planificación del Estado. La cantidad de conexiones crece a la par de la venta de celulares y la creación de cuentas en plataformas como TikTok y ChatGPT. No obstante, en los últimos tres años se sabe poco o nada de políticas públicas orientadas a la inclusión digital, la protección de datos, ciberseguridad o avances en gobierno digital. Si bien hubo un progreso en materia de infraestructura con un aumento considerable de conectividad para municipios, el acceso aún no llega a los hogares debido a la falta de inversión en la denominada “última milla” – la conectividad hacia los hogares, escuelas, etc. Más allá de eso, la falta de programas para generar habilidades digitales – básicas y avanzadas – hace que la brecha digital persista a pesar de cualquier esfuerzo para lograr mayor conectividad.
No es sólo que el Estado boliviano está quedando al margen de legislar sobre temas tan avanzados como las IA, sino el hecho de que aún no logra resolver aspectos más básicos como tener una legislación en protección de datos y ciberseguridad, un código penal actualizado, marcos de protección contra las violencias digitales –sobre todo en temas de niñez –, o tener un sistema educativo adaptado a las nuevas necesidades digitales.
Los problemas no son únicamente de falta de políticas públicas, sino también de malas iniciativas. En 2023 lamentamos intentos de legislación lesiva a los derechos humanos. Por un lado, estuvo el Proyecto de Ley 304 que pretendía sancionar los discursos en línea con la justificación de luchar contra la desinformación; la ambigüedad de la propuesta podría haber dado lugar a varias vulneraciones a la libertad de expresión. Por otro lado, también estuvo el Proyecto de ley 421 para el manejo, uso, almacenamiento de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico, que buscaba crear una sola entidad de control centralizada de datos de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, lo cual implicaba un alto riesgo para la privacidad.
Lamentablemente como país no estamos preparados para el mundo que viene ni tampoco se hace algo al respecto. Los saltos tecnológicos no esperan a nadie y la población se digitaliza por inercia de los ciclos del mercado y las innovaciones en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección. En ese marco, los tomadores de decisión tienen una responsabilidad con este momento y requieren asumir que la digitalización, como todo fenómeno social, requiere de planificación y de acciones específicas de respuesta.
*Cristian León es Director Ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org
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