A días de iniciar un nuevo año, es necesario evaluar la eficacia en la gestión de los gobiernos municipales. El último trimestre de cada año se elaboran los planes operativos anuales de cada municipio, se programan proyectos y presupuestos para atender las diversas competencias en la educación, salud, infraestructura y servicios.
Una rápida mirada a los municipios más grandes en las nueve capitales de departamento permite evidenciar que se priorizan los gastos en infraestructura y no en el desarrollo humano. Se tiene escasa información pública en los portales web de municipios pequeños, comunidades rurales y ciudades intermedias.
Se evalúa la atención en educación por los gastos invertidos en remodelaciones o equipamiento sanitario en las escuelas, antes que en la calidad educativa, en la actualización docente o del currículo base o los currículos regionalizados, en los niveles de excelencia logrados por las y los estudiantes vs. las estadísticas de deserción y reprobación.
Las autoridades educativas tampoco asumen responsabilidad alguna en relación a la cantidad de embarazos adolescentes, el acoso o bullying escolar, el ciberbulling, los suicidios y la violencia sexual en noviazgos juveniles, a pesar de que la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” ha significado la paulatina migración de un modelo de evaluación con base en competencias (Reforma Educativa) a un sistema de evaluación holístico sobre la base de cuatro dimensiones (ser, saber, hacer, decidir), que derivó en la reconfiguración de la estructura y planificación curricular.
En la lógica normativa, urge optimizar los mecanismos de evaluación educativa de los Servicios Departamentales de Educación y sus regionales en todos los municipios para medir el ser y decidir más que solo el saber y hacer. Deben valorar más y mejor esas otras dos dimensiones para formar integralmente a los estudiantes, lo contrario supone una formación mecánica y repetitiva que poco aporta al ser humano y a la ciudadanía. El bachillerato socio-productivo no está articulado con la formación universitaria que ha evidenciado cada vez mayores problemas en lectura de comprensión, escritura y pensamiento analítico y crítico entre sus estudiantes. La formación técnica-tecnológica a nivel superior y medio no se fomenta como debería, a pesar de ser una opción práctica y más rápida para capacitarse y obtener empleo.
El sitio web del Ministerio de Educación posee un Dossier de Estadísticas e Indicadores Educativos (2000-2014) publicado el 2015; ¿no existirá información pública más actualizada a siete años de ese estudio? Después de la pandemia 2020-2022, sin duda esos datos deben haber variado mucho. ¿No sería necesario trabajar en brindar ese tipo de información vital para la planificación de cada región?
Según los datos sobre personal docente en educación regular según nivel y categoría (2000-2019) existían 137.165 maestros en Bolivia, el 15,22% en la categoría emérito (Instituto Nacional de Estadística, 2019). ¿Habrán actualizado todos o la mayoría de ellos sus sistemas de enseñanza para la clases virtuales y presenciales?
Por otro lado, los datos sobre la matrícula escolar de Educación Regular tenían registros 2.901.316 estudiantes (INE, 2019), de los cuales 49% eran mujeres y el 51% varones. Un ejercicio aritmético permitió deducir que 71.490 niñas y adolescentes no se matricularon en ese periodo. En consecuencia, cabe preguntar ¿por qué no asistieron a la escuela?, ¿en qué regiones?, ¿qué hacen y qué harán los municipios en 2023 por garantizar su derecho a la educación?
La inversión en el gasto público para educación en el Presupuesto General del Estado sigue siendo muy bajo, insuficiente para todas las necesidades de las y los bolivianos. Como país tenemos muchas necesidades, pero si no se prioriza la calidad de vida a través de la educación y la salud no podremos hablar de “vivir bien” o de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible si la mayoría de la población se queda atrás, rezagada en la pobreza, la mediocridad educativa, el desempleo, la mala atención en salud y la corrupción institucional generalizada que se ha legitimado de generación en generación desde la fundación de nuestro país.
En ese contexto, son necesarias políticas públicas municipales para trabajar con la población y las instituciones locales para dar respuesta a algunos de los cuestionamientos planteados. A nivel central, el aparato institucional se ha burocratizado mucho, pero ha tendido algunas líneas de acción que los gobiernos municipales deben afrontar para viabilizar soluciones prácticas y sostenibles que no dependen necesariamente de presupuesto, sino de compromiso con la población.
____________________________
TE INVITAMOS A SUSCRIBIRTE DE FORMA GRATUITA AL BOLETÍN DE GUARDIANA
Recibirás cada 15 días el boletín DESCOMPLÍCATE. Incluye INFORMACIÓN ÚTIL que te ayudará a disminuir el tiempo que empleas para resolver trámites y/o problemas. Lo único que tienes que hacer para recibirlo es suscribirte en el siguiente enlace: https://bit.ly/3xmMugr
Si tienes dudas, escríbenos al WhatsApp 77564599.
Comentarios