La economía boliviana se debate en una suerte de vaivén errático que repite sus errores con la venta de minerales e hidrocarburos de la que seguimos dependiendo en gran medida, a pesar de la creación de empresas púbicas con mucha inversión, pero aún pocas ganancias para nuestro desarrollo.
El libro “Un siglo de la economía en Bolivia 1900-2015” publicado el año 2017 por un grupo de especialistas en economía concluyó que nuestra economía sigue arrastrando su herencia colonial y sigue basándose en la explotación de recursos naturales principalmente no renovables, antes los minerales, luego el petróleo y hoy el gas natural. La explotación de estos recursos ha generado ingresos fiscales y rentas importantes en beneficio del Estado –en especial de los administradores de turno–; desafortunadamente, esa lógica productiva no estuvo acompañada de la diversificación y/o industrialización de nuestra economía sino de mayor empobrecimiento (Konrad Adenauer Stiftung, 2017, p. 13).
Seguimos dependiendo de la riqueza de nuestros recursos naturales hasta que se agotan y volvemos a caer en crisis como ocurre ahora con la venta de gas al Brasil y Argentina. Cuando esos ingresos se reducen, como está ocurriendo actualmente, nuestra economía vuelve a entrar en crisis.
Los investigadores convocados por la Konrad Adenauer Stiftung catalogaron ese fenómeno recurrente como “enfermedad holandesa”, fenómeno que experimentan los países cuando reciben rentas de un producto primario de exportación (minerales e hidrocarburos, en el caso boliviano) el cual no es destinado al desarrollo de la industria ni a la diversificación del aparato productivo. Por lo cual se produce un efecto adverso de la acumulación de la renta en desmedro de la diversificación.
La corrupción, la lógica clientelar, el prebendalismo de funcionarios públicos y la conflictividad siguen repitiendo los errores de otras gestiones gubernamentales en el manejo económico, se engrosa la burocracia estatal (en sus tres niveles) pero se invierte poco en la salud y educación. Las épocas de “bonanza” duran poco, enriquecen a unos pocos, pero en definitiva “no reducen pobreza ni revierten inequidades” (Velásquez-Castellanos y Pacheco, 2017, p. 16).
No obstante, en los últimos años el Estado boliviano ha invertido en varias empresas estatales en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. El sitio oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (09/08/2023) se afirma que entre 2007-2022, las empresas públicas obtuvieron una utilidad neta acumulada de Bs 49.791 millones.
“La Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), la Empresa Pública Papeles Bolivia (Papelbol) y Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia (Cartonbol) generaron en 2022 más de Bs 19 millones por la exportación de productos con el sello “Hecho en Bolivia” a mercados de la región”, según la gerente ejecutiva del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Fátima Pacheco (Agencia Boliviana de Información, ABI, 21/03/2023).
En 2022, todas las empresas a cargo del Sedem; es decir, Envibol, Papelbol, Cartonbol, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), Empresa Estratégica de Producción de Semillas Bolivia (EEPS) y la Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS) generaron más de Bs 569 millones de ingresos y coadyuvaron en la sustitución de importaciones (Agencia Boliviana de Información, 21/03/2023).
En contraste, en el libro “Solo ruido nada de nueces” de Julio Linares se afirma que las empresas públicas perdieron más de Bs. 4.000 millones entre 2007 y 2022. “Entre 2021 y 2022, los ingresos operativos de las empresas estatales sin contar a YPFB subieron de 8.398 millones de bolivianos a 11.441 millones. Sin embargo, este progreso se vio sobrecompensado por el aumento de los gastos operativos de 6.669 millones de bolivianos a 10.001 millones. Los ingresos de las compañías públicas sin considerar a YPFB en el periodo 2011-2022 fueron levemente superiores a sus gastos, pero la diferencia a favor es tan pequeña que no les permitió devolver las inversiones que realizó el Estado” (Fundación Vicente Pasos Kanki, 13/08/2023).
En ese mismo sentido, el 4 de marzo de 2020, el diario El Deber difundía información sobre tres empresas que generaron pérdidas al país por Bs 2.700 millones: la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la empresa tecnológica Quipus y la línea aérea Boliviana de Aviación (BoA) por mala administración económica.
A menudo esas estadísticas económicas y menos esas elevadas sumas lucen espectaculares e inimaginables para un o una ciudadana de a pie en un país pequeño como el nuestro en el que el salario mínimo es de 2362 Bs. Lo cierto es que, a pesar de la decisión de industrializar nuestro país, persisten problemas en la administración económica que impiden mayores ganancias a pesar de las grandes inversiones.
Desde mi percepción la inversión en empresa públicas debería también contemplar la previsión del consumo interno de los productos nacionales y proteger a través de normativas de protección de la producción de industria boliviana. La ciudadanía necesita saber que importamos (traemos del extranjero) mucho más de lo que exportamos (productos nuestros vendidos fuera de nuestras fronteras) y que eso también afecta a nuestra economía. Se invierte y se toma poco en cuenta a los consumidores locales, cada uno de nosotros. No se valora lo hecho en Bolivia y no se controla de forma eficiente lo que se produce con inversión nuestra.
Ante ese escenario tan preocupante, ¿qué opina usted? Si paga impuestos, ¿será justo que se invierta tanto dinero en empresas públicas que están teniendo dificultades para generar ganancias y no se fiscalice más de cerca mediante auditorías y rendiciones de cuentas frecuentes las inversiones de nuestro país? ¿Será que la cultura de corrupción siempre termina enriqueciendo a algunos y perjudicando a muchos? ¿Será que los y las bolivianas hemos perdido la noción de que el consumo de nuestros productos aporta a nuestra estabilidad económica?
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