Las bolivianas y bolivianos tenemos experiencias no precisamente merecedoras de ser recordadas como positivas en materia de derechos humanos. Estos, como toda conquista social obtenida con sacrificio y largas jornadas de lucha, sufren lamentables retrocesos al menor descuido y revertirlos exige un compromiso y esfuerzo mayor de la población y, sobre todo, una sincera voluntad política por parte de quienes administran el Estado.
Quedan aún frescos en la memoria los atropellos de las dictaduras militares promovidos por intereses geopolíticos de los Estados Unidos durante los años sesenta, setenta y principios de los ochenta. En esa época, derechos a la vida, a la libertad, al reconocimiento de la dignidad humana, a los derechos políticos, a la libertad de pensamiento y expresión, de libre organización y otros carecían de sentido para quienes detentaban el poder, apoyados en la fuerza de las armas y el sometimiento de instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía y una parte de la justicia.
El cierre del Parlamento y la intervención a las organizaciones sindicales como la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB) y las organizaciones campesinas, creando organizaciones paralelas, supusieron el acallamiento de la protesta, del debate político y social y la imposibilidad de cualquier forma de fiscalización a los actos de los gobernantes. No solo eso. Lograron incorporar en el Poder Judicial a profesionales que simpatizaban con los postulados de los dictadores.
Los precios favorables de los minerales y el petróleo impulsaron a una explotación descontrolada de aquellos recursos naturales no renovables. Entonces, a los ocupantes del Palacio de Gobierno no se les ocurrió la idea de industrializar y menos se preocuparon por la investigación y la exploración de nuevas fuentes.
Fue en esa época que, con complicidad de militares del círculo próximo al dictador, la presencia del narcotráfico se fue haciendo más visible (con mayor impulso en el gobierno de García Mesa). Y su influencia en la economía de las familias de las zonas productoras de hoja de coca fue ganando importancia. Se constituyeron los primeros sindicatos de productores de hoja de coca, paralelamente a los existentes sindicatos de colonizadores.
Sin embargo, la bonanza económica que, fundamentalmente beneficiaba a la casta militar y sus aliados, se fue debilitando en la medida en que los precios iban bajando y disminuía la producción. El descontento popular no se dejó esperar. La gente les perdió el miedo y no paró hasta derrotar a la dictadura y restablecer la democracia, cuya llegada coincidió con el desplome de los precios internacionales de las materias primas, en consecuencia la baja significativa de ingresos para el Estado.
La democracia, conquistada con la resistencia y el esfuerzo perseverante de los partidos políticos, organizaciones sindicales obreras y campesinas en la clandestinidad y organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Justicia y Paz, Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO), Federación Democrática de Mujeres y otras, se dio como primera tarea el respeto a los derechos humanos, la restitución de todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y los tratados Internacionales; la reestructuración de las instituciones del Estado y la creación de otras como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, Defensa Pública y otras.
Por la importancia de un tribunal independiente para la elección de altas autoridades del Estado, se llegó a acuerdos multipartidarios para la conformación de una Corte Electoral, designando a personalidades de capacidad profesional y ética intachables que le devolvieron al país la esperanza de que es posible construir una sociedad democrática con autoridades legalmente elegidas, con respeto a la separación e independencia de poderes, al respeto y garantía de los derechos humanos, la transparencia en el manejo de los bienes del Estado y la seguridad ciudadana con las instituciones de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas), cumpliendo las funciones que justifican su existencia.
El proceso comprendido ente 1983 y 2005 no fue fácil. La crisis económica fue determinante en la agenda política. Las medidas económicas adoptadas generaron descontento social. El malestar, provocado por la adopción de medidas como devaluaciones o del llamado ajuste estructural, debilitó la magra economía de las familias e impidió valorar los lentos avances que, en cuestiones institucionales, se daban y después de una etapa de inestabilidad y convulsión social con consecuencias muy lamentables como pérdida de vidas, iniciamos una nueva etapa de la vida política de Bolivia con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El ascenso a la presidencia de Evo Morales y su partido el MAS con el apoyo mayoritario y entusiasmo de la población ante las promesas de un cambio que tanto aspiraba, coincidió con un período de alza hasta niveles nunca antes vistos de los precios internacionales de los minerales, el petróleo y la soya, a lo que se sumó la simpatía y ofrecimientos de apoyo de la comunidad internacional a un gobierno dirigido por un indígena.
Con un discurso reivindicativo del pluralismo cultural y la necesidad de adecuar las normas jurídicas a un modelo de Estado previamente diseñado, el flamante Gobierno impulsó la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado y encargó al Parlamento la aprobación de leyes que, en teoría, debían adecuarse a los mandatos de la nueva Constitución.
Sin embargo, muy tempranamente el nuevo Gobierno mostró su nula vocación democrática o de manejo eficiente y honesto de la cosa pública, volviendo rápidamente a las prácticas dolorosas que vivimos en las dictaduras, con la diferencia de que la ocasión de legislar sirvió también para incorporar normas claramente violatorias a principios universales de derechos humanos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la irretroactividad de la ley, la excepcionalidad de la detención preventiva y otras.
Lo que tampoco se hizo a lo largo de los casi 14 años de Gobierno fue crear, con presupuesto suficiente, las instituciones contempladas en la norma suprema, de tal manera que las leyes aprobadas con los claros y oscuros que tienen no han servido para que el país avance por el camino de la institucionalidad democrática.
Con pesar, las y los bolivianos constatamos que el crecimiento económico resultado de los nuevos precios internacionales de las materias primas no tuvo el destino que habríamos deseado como la investigación, la exploración de nuevas fuentes, la industrialización para generar nuevos puestos de trabajo y valor agregado.
La estabilidad política y social a la que se refieren algunos analistas y organismos internacionales tiende a agotarse porque la economía visiblemente se va deteriorando, la cooptación partidaria de todos los órganos del Estado, el Ejército, la Policía, los sindicatos y cuanta institución u organización de la sociedad civil proclive a someterse al poder, empieza a mostrar sus límites.
La gente da señales de hastío y asco ante los hechos de corrupción, sobreprecio en la adjudicación de obras y narcotráfico, denunciados con respaldo documental que implican a altas autoridades y su círculo familiar muy cercano ante la mirada indolente del Ministerio Público y las llamadas instancias de transparencia.
El uso y abuso de procedimientos judiciales para acallar las denuncias y la protesta; el afán de estrangulamiento a los medios de comunicación para tenerlos a su exclusivo servicio y los escandalosos gastos dispendiosos que se realizan para satisfacer la vanidad de las autoridades, son sentidos como una ofensa a la pobreza de la mayoría de la gente y el aún existente valor de honestidad.
El incremento de la inseguridad ciudadana y la violencia machista (feminicidios, violaciones sexuales, trata de niñas, niños y mujeres) van debilitando el tejido social y dando lugar al peligroso desarrollo exponencial de la intolerancia política, religiosa, social y otras.
Y, como si todo lo anterior no fuese suficiente, el criminal acto de incendio premeditado con respaldo legal de millones de hectáreas de bosques en zonas protegidas, atentando contra la vida de la flora, la fauna y los habitantes de las proximidades, ha servido para develar la verdadera identidad de quienes gobiernan Bolivia y que miles de miles de mujeres y hombres manifiesten su rechazo a políticas depredadoras de Evo Morales.
¿Cuáles son los desafíos?
Ante la cercanía de las elecciones para Presidente, Vicepresidente, diputados y senadores en las que participa la ilegal fórmula oficialista: Evo Morales-Alvaro García Linera, el desafío de las y los bolivianos es cerrar el paso a cualquier intento de fraude diseñado por un Tribunal Electoral funcional y sometido al partido de gobierno, lo que solo será posible con la participación activa y consciente de toda la población. Quien piensa en abstenerse, tiene que tener claro que con ello apoya al estado de cosas actual.
Es necesario que se produzca un cambio de gobierno. Incluso en el hipotético y no cierto hecho que fuera un buen gobierno, la alternancia política fortalece la democracia. La perpetuación de las mismas figuras es el camino al totalitarismo atropellador de la vida y la dignidad de los seres humanos y el manejo arbitrario de los recursos del Estado.
Bolivia necesita restituir y profundizar la democracia con todos sus componentes, para recomponer las instituciones del Estado en estricta aplicación a la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales.
La tarea prioritaria del nuevo Gobierno debe ser la inmediata reestructuración del Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, todo en los marcos del respeto a la Constitución y las leyes orgánicas que regulan su funcionamiento.
Es necesario institucionalizar el aparato administrativo del Estado, aplicando normas transparentes de selección sobre la base de méritos, sin importar el color político de los/as postulantes. Este trabajo debe ser realizado por comisiones independientes de probada solvencia profesional y ética.
Investigar a través de tribunales independientes e idóneos los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y procesar a las y los autores con respeto a las reglas del debido proceso. Busquemos justicia, no venganza.
Pero, el mayor desafío para las y los bolivianos es reaprender a vivir de acuerdo a las reglas de la democracia: respeto a las leyes y las autoridades legalmente constituidas y las diferencias políticas, religiosas u otras. En síntesis, superar la intolerancia.
Julieta Montaño Salvatierra es abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres desde la Oficina Jurídica para la Mujer y desde otros espacios que le tocó ocupar.
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