El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta esa fecha del año en curso, en Bolivia murieron 103 mujeres víctimas de la violencia machista. No todas están identificadas por nombre o edad y la mayoría de sus agresores se mantienen impunes.
Pero ¿cómo se elimina la violencia cuando está tan impregnada en las actitudes machistas justificadas y toleradas por tantas mujeres en sus vidas cotidianas?
Según la Coordinadora de la Mujer, “aunque existe la percepción de que se incrementaron los feminicidios desde la implementación de la Ley 348 en Bolivia, los informes indican que no es que se estén dando más hechos de violencia en el país, sino que se los está visibilizando más porque ahora las mujeres los denuncian más”.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia entró en vigencia el 9 de marzo de 2013 y reconoce 16 tipos de violencia contra las mujeres: violencia física, psicológica, sexual, feminicida, contra los derechos reproductivos, contra la dignidad, la honra y el nombre, en servicios de salud, laboral, en el sistema educativo plurinacional, en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, institucional, familiar o doméstica, esterilización forzada, actos sexuales abusivos, acoso sexual y económica.
Desafortunadamente, el sistema burocrático de justicia todavía está años luz de responder a las urgentes necesidades de una mujer víctima de violencia machista. Las mujeres que sí se atreven a entrar en este laberinto procesal y a denunciar a su agresor se encuentran “violentadas” una vez más, desde los comentarios insensibles sobre su estado emocional, cuestionamientos sobre la realidad de lo vivido y sus propias decisiones de vida.
Definitivamente, las leyes y las denuncias son necesarias para visibilizar la magnitud de la violencia contra las mujeres, pero queda mucho por hacer para agilizar el proceso administrativo, para que las víctimas se sientan acompañadas de manera digna, sin juicios y cuestionamientos sobre su vida y sus decisiones.
Las percepciones culturales sobre qué comportamientos de convivencia aceptar y aguantar son muy confusas y las justificaciones sistemáticas someten a las mujeres a una vida donde sus límites de dignidad y derechos se ven sobrepasados y vulnerados. En la página del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer se señala que “algunos de los múltiples mitos que se deben desmontar son los siguientes: ‘En casa estarás segura, cuidado al caminar por la calle’. ‘Si mi pareja me pegó o me gritó es porque lo merezco, debo haber hecho algo mal’. ‘Si fuiste violada o abusada sexualmente es porque lo provocaste’ y ‘los hombres violentos son siempre psicópatas o locos’, entre otros”.
Por lo anterior, uno de los más grandes desafíos de Bolivia es la transformación del imaginario machista normalizado por todos los estratos sociales. Esa normalización de la violencia contra la mujer impide, dificulta y confunde a las mujeres víctimas que, en muchas ocasiones, nunca llegan a denunciar al agresor, y sus vidas atraviesan situaciones de peligro extremo, hasta la muerte.
Según Situación de las mujeres en Bolivia. Encuesta nacional de discriminación y exclusión social patriarcal, de la Coordinadora de la Mujer (2014), las consecuencias de la violencia en las mujeres son diversas: aumento de dependencia o miedo, quedó herida o enferma, se alejó de sus familiares, faltó a su trabajo o dejó de hacer sus actividades cotidianas. Así, los efectos psicológicos y en la salud de las mujeres son significativos, además de las consecuencias laborales, las mismas que no son compensables y que no se consideran a la hora de su procesamiento en la justicia.
Las propias mujeres entrevistadas para la citada investigación opinan que las acciones necesarias para la erradicación de la violencia son la educación en el hogar y en la escuela, la denuncia, la sanción a los agresores, la sensibilización social a través de campañas, mejorar las leyes y que el proceso judicial de justicia sea ágil y eficiente. Todo ello se suma al gran desafío de transformar el imaginario machista que se ha naturalizado tanto en hombres como en mujeres y que es el responsable de las brechas de género en materia de derechos humanos.
La Coordinadora de la Mujer es la contraparte local boliviana del Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) de Canadá, organización a la que pertenezco como cooperante. Desde la década de 1980, la Coordinadora lucha por la igualdad de género en Bolivia a través de seis ejes estratégicos: 1. Democratización del poder y participación política de las mujeres, 2. Desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y nueva institucionalidad para las mujeres, 3. Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia 4. Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres: ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 5. Autonomía económica de las mujeres, acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, reconocimiento de su aporte económico y revalorización del trabajo doméstico y de cuidado. 6. Justicia ambiental y justicia de género.
La colaboración de CECI y la Coordinadora de la Mujer se traduce en aportación de capital humano a través de los cooperantes canadienses que llegan con ánimo de contribuir a la igualdad de género en las diferentes acciones necesarias. El activismo de la Coordinadora de la Mujer es político, pero no partidario y toda acción se organiza en sinergia y colaboración con sus 21 organizaciones afiliadas de todo el país. A través de su Observatorio de Género, sus publicaciones y análisis estadísticos han logrado ser referentes para los medios de comunicación y el mundo académico en Bolivia y en la región.(http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/).
*Xristina Moschaki es Cooperante de CECI (Canadá), en la Coordinadora de la Mujer.
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