En estos últimos días se ha destapado gracias a la señora María Galindo un nuevo problema para las autoridades nacionales, referido al subsidio de lactancia. Como muchos y muchas sabrán, consiste en la entrega de productos que deben cubrir los requerimientos nutricionales para la protección de la salud de la madre y su lactante, equivalentes aproximadamente a Bs 2.000 por cada hijo o hija en un periodo de 12 meses desde su nacimiento. Para el efecto, el Ministerio de Salud debe, de acuerdo a parámetros técnicos, determinar la lista de productos necesarios.
Si bien en cualquier Estado social de derecho esta es una medida que puede ser considerada bastante acertada, siempre podrá ser perfectible, por ejemplo, atender el pedido de que se pueda sustituir el pago en especie por la denominada “billetera móvil” utilizada anteriormente con bastante éxito, incluso con alguna otra prestación.
También deberán analizarse otros aspectos técnicos sobre la calidad y cantidad de los productos, dado que una queja que siempre se escucha entre las beneficiarias es que se entregan en demasía muchos de ellos y no pueden ser consumidos en un mes: varios litros de yogurt, latas de leche, etc; además de problemas con el uso de algunos de ellos que no son habitualmente consumidos por las familias bolivianas. Estas dificultades, entre otras, llevan a muchas de las madres beneficiadas a vender sus productos en las calles de las ciudades del país y a precios más bajos que los del mercado; aunque esta práctica está prohibida.
Fuera de estos detalles, el escándalo destapó algo más grave que debe llamarnos a la reflexión: en el ámbito castrense el subsidio se entrega en efectivo a las esposas o parejas de militares. Nuevamente se ve a este sector de la población con beneficios que bajo un parámetro de derechos humanos pueden ser catalogados como discriminatorios con respecto a sus iguales.
Un pilar fundamental de los derechos humanos es la igualdad y la no discriminación, es decir, se parte de la premisa de que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos; aunque sabemos que en lo cotidiano de las diversas sociedades del mundo esto no es así, por las múltiples desigualdades formales y fácticas que sufrimos en casi todos los aspectos de la vida. Sin embargo, el derecho a la igualdad lo que busca es ayudar a reducir las desventajas por numerosas razones y en muchos ámbitos. Los derechos humanos no se restringen a grupos especiales, son para todos y todas, para toda la sociedad y para el mundo entero.
Contrariamente, la discriminación de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”, por su parte, la Constitución Política del Estado en su artículo 14 III. refiere que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Entonces, si existe esta normativa, ¿por qué la diferenciación entre las madres beneficiarias de los subsidios civiles y militares?, ¿por qué el Estado boliviano admite este trato discriminatorio?
Pero la historia no queda ahí... Desde hace mucho tiempo que los militares gozan de un privilegio discriminatorio en relación a todos los demás ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, como es recibir al jubilarse el 100 por ciento de su salario. La jubilación de los militares proviene de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, aprobada en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993); del Decreto Supremo 24668, emitido por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); y de un decreto supremo aprobado en el gobierno de Hugo Banzer, obviamente todos estos buscaban congraciarse con un sector del poder.
Si bien el señalado ya es un derecho consolidado y que no podría modificarse por un mandato también constitucional, el Estado no ha hecho nada para que todos los demás sectores aportantes reciban el mismo trato, por el contrario, lo ha ido limitando, por lo que los jubilados civiles en sus rentas no llegan ni al 40 por ciento de su salario activo. Aunque usted haya aportado mucho más de lo mínimamente necesario, no recibirá más de ese porcentaje.
Otro de los puntos más espinosos con respecto a desigualdades odiosas en nuestro país, es el tema impositivo. Si bien el artículo 108 de la norma fundamental del Estado indica que es deber de todos y todas “tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley”, esto obviamente se queda en el papel, dado que existe multitud de sectores productivos que no lo hacen; aunque se denota que su capacidad económica es alta como es el caso del sector minero cooperativista, sin olvidar que muchos gremialistas se esconden en el régimen simplificado, y para qué hablar del sector cocalero, sobre el que mucho se ha escrito.
De acuerdo a informes de la administración tributaria, el padrón de contribuyentes habría crecido un 2,4 % con 438.801 aportantes en 2021 en relación a los 428.213 de 2020, pero para más de 11 millones de habitantes resulta irrisorio que se soporte al Estado y sus múltiples y dispendiosos gastos con este universo tributario, y de paso, los encargados de la tributación son duros e indolentes con aquellos que aportan al erario público, lo que les ha ganado incluso la generación de videos de comediantes, que mucha risa no les causaron, pero que demuestran justamente el trato discriminatorio que existe, dado que con otros sectores, el Estado no tiene un comportamiento ni siquiera cercano.
Podemos seguramente seguir viendo muchos ejemplos de la discriminación que se vive en nuestro país como aquella histórica hacia los pueblos indígenas que siguen luchando por ser reconocidos, porque se les deje vivir en sus territorios bajo sus normas y procedimientos propios, sin que se les castigue y condene a su desaparición o asimilación, debido a las industrias extractivas, la destrucción del medio ambiente y otras políticas estatales, o aquella contra la población de diversa orientación sexual o de género, que hasta la fecha no puede gozar de derechos como usted o yo, sin posibilidad de contraer matrimonio, contar con una familia, heredar o realizar actos de la vida civil que sería comunes para el resto.
Y dejaremos para otro momento la discriminación por motivos políticos, entre oficialistas y opositores, “masistas” y “pititas”, que destruyen día a día el entramado social boliviano, cada uno con su interpretación de democracia, lejos de lo que realmente significa.
Algún momento tendremos que analizar estos aspectos y realmente lograr que las desigualdades odiosas que lastiman la dignidad e igualdad de la persona vayan desapareciendo. Esperemos que en algún momento lo logremos y podamos avanzar como sociedad.
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