Día a día crece la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes; pero desafortunadamente sólo el 0,48% de los presupuestos municipales en general es destinado a la atención y prevención; además, sólo el 34% de los municipios en todo el país posee Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
El estudio MJTI “Estado de situación de la violencia contra mujeres en Bolivia 2021” evidenció que, de los 339 municipios del país, sólo 114 (33,6%) cuentan con una oficina de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), primera instancia de atención e investigación de hechos de violencia, y 116 (34%) municipios cuentan con oficinas del Ministerio Público (como segunda instancia para la investigación, imputación y acusación de los agresores).
Los gobiernos autónomos municipales (GAM) son por ley los que deben ejercer la rectoría para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente (NNA) y son las DNA las instancias dependientes de los GAM las que prestan servicios públicos de defensa psicológica, social y jurídica gratuitos para garantizar a la NNA la vigencia de sus derechos.
El pasado 19 de abril de 2023 el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades anunció el ingreso a 125 municipios para verificar la situación de los servicios municipales e implementar redes locales de atención y protección contra la violencia ante las cifras alarmantes de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el país (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2023).
Según datos de la Fiscalía, las cifras más recientes sobre violencia pueden clasificarse en cinco tipos:
- Violencia contra infante, niña, niño y adolescente: El 2021 hubo 2007 casos; el 2022 fueron 2207 casos y este 2023 hasta el 9 de abril, 619 casos.
- Embarazo adolescente: de 82.416 casos el 2015 hubo un descenso a 35.200 en 2022; no obstante, sigue siendo alarmante que 96 adolescentes menores de 19 años quedaron embarazadas diariamente durante la pasada gestión, muchos de esos casos debido a la violencia sexual.
- Infanticidios: hubo 135 infanticidios entre 2020 y 2022.
- Feminicidios: 113 casos en 2020, 108 en 2021 y 94 en 2022; pero un total de 1012 feminicidios desde la promulgación de la Ley 348.
- Violencia familiar o doméstica: 36.390 casos el 2021, 31.187 casos en 2022. Según la Fiscalía, en 9 de cada 10 casos, la víctima era una mujer (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2023).
Presupuestos insuficientes
En promedio, el presupuesto destinado por los gobiernos municipales urbanos y rurales para el funcionamiento de las DNA es del 0,48% en general. Los distintos presupuestos no superan el 1% del presupuesto municipal, lo que es totalmente insuficiente. El 71,15% del bajo presupuesto asignado es para el pago de salarios del personal; el 20% para actividades operativas; el 4,52% para el pago de alquileres/servicios y el 4,52% para capacitación del personal (Ministerio de Justicia y Transparencia y UNICEF, 2019).
Por otro lado, como parte de mi labor personal de recolección de datos sobre violencia realicé una entrevista a una funcionaria de SLIM (cuyo nombre solicitó no se publique) en un municipio pequeño en Oruro, quien me comentó: “El presupuesto que llega del Estado para la Defensoría de la Niñez y SLIM es insuficiente porque está destinado a atención, prevención, materiales, talleres, equipamiento y el pago del personal especializado. El apoyo económico es insuficiente porque sólo hablando de la labor de atención existen diversos tipo de situaciones como los casos de madres y sus hijos que requieren albergue (techo, comida y ropa) por violencia del padre, niños que huyen del hogar por violencia de ambos padres o casos en los que adolescentes y niñas necesitan se les dé acogida; por ello, se necesita convenios con centros públicos o privados, para que nos puedan ayudar a cuidar a estos menores”.
Según Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, “en el nivel subnacional existe una débil planificación, asignación y ejecución presupuestaria de las entidades territoriales autónomas que poco priorizan el capital humano y social; situación a la que se suma una débil institucionalidad, en particular en municipios pequeños que no cuentan con Servicios Legales Integrales Municipales ni con Defensorías de la Niñez y Adolescencia (63,7% de los gobiernos municipales)” (sitio web oficial, 19/04/2023).
Perspectiva de algunas funcionarias públicas
En noviembre de 2021 tuve oportunidad de conversar con otra funcionaria de SLIM en un municipio (ciudad intermedia) en Potosí, quien manifestó: “El SLIM atiende pocos casos de violencia, tomando en cuenta que las víctimas no quieren poner una denuncia, no quieren llegar al extremo de mandar a la cárcel a su pareja o padre de sus hijos, prefieren dejarlo así. En caso de no poner la denuncia, lo que nosotros hacemos es promover la asistencia familiar, tomando en cuenta que si ponemos la denuncia generaríamos más problemas en lugar de ayudar. También los orientamos a que vayan donde un juez conciliador”.
Adicionalmente, se comentó que de diez denuncias de violencia ocho han sido rechazadas por falta de pruebas o elementos de convicción para que el fiscal sustente la imputación o acusación. “Las víctimas no colaboraron en la investigación, una vez puesta la denuncia desaparecen. Luego intentamos comunicarnos con las víctimas y nos comunican que han vuelto con sus parejas y desisten de su denuncia. Hay muchas parejas que no son casadas, entonces realizar la asistencia familiar se da de manera voluntaria, se hace un documento de forma voluntaria, se lo homologa y tiene su respectiva sentencia”.
Por otro lado, en 2019 la entrevistada en Oruro contó: "En este municipio las adolescentes, más que todo en las áreas dispersas, están teniendo relaciones con personas mayores. Tenemos cinco casos de estupro y dos están en estado de gestación". Se acotó que desde 2017, ante las denuncias de violación, se ha logrado enviar a 11 personas al penal de San Pedro en La Paz y se tenía cinco con detención preventiva con imputación.
Eficiencia y responsabilidad de los gobiernos locales
Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado “El rol de los gobiernos locales en la prevención de las violencias basadas en género” (agosto, 2022), plantea que el ámbito municipal constituye el primer eslabón del cambio social y cultural que las estrategias de prevención requieren para un impacto más efectivo y sostenible.
En ese sentido, es responsabilidad de los municipios garantizar los derechos humanos de las personas como brazo ejecutor de los Estados para la territorialización de la agenda y la gestión pública. Las claves para lograrlo serían (UNFPA, 2022):
a) Apuntar a la transformación social a través del fortalecimiento de la autonomía de las mujeres y personas LGBTTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.
b) Abordaje integral e interseccional de la violencia basada en género
c) Consistencia y sostenibilidad (metas a corto y largo plazo) de los esfuerzos, presupuesto suficiente para la ejecución de planes integrales y consistencia en la voluntad política para consolidar los procesos.
d) Innovación, como por ejemplo experiencias que combinen y exploren estrategias de sensibilización a través del arte, deporte, TIC, educación popular, redes sociales o acciones de impacto colectivo a nivel comunitario.
e) Participación socio-comunitaria
f) Articulación con diversos actores
g) Reconocer el alcance de la problemática, actuar y evaluar resultados.
Como se aprecia, es responsabilidad de todos los gobiernos municipales analizar el fenómeno de la violencia para garantizar una eficiente gestión desde una mirada interdisciplinaria, la reducción de la burocracia de cada municipio, la complejidad de cada caso de violencia, la aplicabilidad de las normas legales vigentes, el incremento de los presupuestos anuales asignados y la formación especializada de los y las funcionarias públicas en cada municipio.
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