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Desde hace más de veinte años, de manera anual, se recuerda el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta conmemoración tiene dos propósitos fundamentales, por un parte visibilizar la violencia contra las mujeres (niñas y adultas) y, por otra parte, promover e implementar acciones concretas que contribuyan a su erradicación.

Como antecedente se tiene la realización del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1981 (Bogotá – Colombia), donde las participantes decidieron fijar como fecha emblemática de protesta y reivindicación al derecho de las mujeres a una vida sin violencia, el 25 de noviembre en memoria de las tres “hermanas Mirabal”: Patria, Minerva y María Teresa, activistas políticas de la República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 durante el régimen militar de Rafael Trujillo.

Fue en 1999, que la Asamblea General de las Naciones Unidas recogió esta fecha en su Resolución 54/134[1], declarándola como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitando a los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales a desarrollar actividades en esa jornada a fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los impactos negativos de esta problemática en la sociedad.

Algunos aspectos de la resolución expresan la gran preocupación de este organismo al reconocer que la violencia contra la mujer se constituye en:

  • un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz;
  • una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres;
  • uno de los mecanismos sociales por los que se coloca a la mujer en una situación de subordinación respecto al hombre; y
  • una prueba más de la incapacidad o limitaciones que se tiene para promover y proteger los derechos y libertades fundamentales de las mujeres.

Así también, la Asamblea valora los esfuerzos tanto de organismos internacionales (sobre todo de fondos, órganos y programas de las Naciones Unidas) como de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para concientizar en todo el mundo sobre los efectos de la violencia contra la mujer a todo nivel.

Finalmente, la resolución reitera la importancia de concebir la violencia de género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”[2], en la perspectiva de aportar a su erradicación de manera concreta, oportuna, pertinente, coherente y eficaz.

En un país como el nuestro, donde los índices de violencia contra las mujeres día a día van en ascenso, no podemos negar que la misma se manifiesta en violencia directa, cultural y estructural que poco a poco se ha permeado en la sociedad y que busca naturalizarse.

Las formas en las que la violencia contra las mujeres se manifiesta son diversas e incluso han ido, con el tiempo, transformándose. Las agresiones físicas y verbales; la presión o chantaje psicológico; los femicidios; las relaciones sexuales forzadas; las insinuaciones sexuales indecorosas; el acoso y acecho en distintos espacios; las actitudes y prácticas machistas y patriarcales en diversos ámbitos; la privación de libertad con fines de explotación sexual o tráfico de órganos; la poca e inexistente valoración de su aporte en el ámbito privado, público y político; el desamparo y la injusticia, son sin duda prueba de que nos falta mucho por hacer para erradicar esta problemática de nuestra sociedad.  

Quién no conoce a una mujer o al familiar de una mujer que ha vivido violencia en su hogar; a una mujer que por mantener su fuente de trabajo tuvo que sufrir el acoso de un superior o aceptar un menor salario que el que percibe un hombre por el mismo trabajo; a una niña que vio limitadas sus aspiraciones y sueños por haber nacido mujer; a una mujer que se vio impedida de ejercer un cargo público o político por la presión de su entorno; a una mujer indígena o campesina que fue menospreciada o maltratada en una repartición pública por no comprender una explicación que es dada en su idioma originario; a una mujer desaparecida o al familiar que no pierde la esperanza de encontrarla y sigue peregrinando ante distintas autoridades para lograrlo; a  una víctima de feminicidio o a sus familiares, quienes pese a todo optaron por ser valientes y enfrentar a los agresores, pero lamentablemente no logran justicia y viven con la angustia de que el caso de su ser querido terminará engrosando los índices de impunidad en nuestro país.

Este lamentable panorama nos lleva a pensar que en el próximo 25 de noviembre nos corresponde por una parte, valorar los esfuerzos realizados por autoridades/funcionarios públicos, organismos internacionales, movimientos y colectivos de la sociedad civil que aportan a la eliminación de la violencia contra las mujeres, además de resaltar lo que falta por hacer y avanzar para alcanzar ese propósito, y por otra parte, reflexionar sobre lo que podemos hacer desde nuestros espacios para prevenirla, promover actitudes y prácticas basadas en la no violencia y exigir justicia para las víctimas de violencia, evitando así la impunidad.

El viernes 25 de noviembre que sea un día de reflexión y acción para contribuir a la disminución de violencia en nuestro país.


[1] Emitida en fecha 17 de diciembre de 1999 en el marco de la 83a. sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

[2] Artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer - Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

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