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Por Guardiana (Bolivia), foto: Fundación Voces Libres

Lunes 8 de agosto de 2022.- La vocal Mirtha Montaño fue sentenciada a un año de cárcel por incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones, pero fue liberada de pena y culpa de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, por el caso de la liberación y posterior fuga de Omar Alejandro Ordoñez Arias, condenado a 30 años de presidio por violación agravada y feminicidio de la adolescente María del Carmen Carballo Reyes, hecho registrado el 13 de marzo de 2016.

El abogado de la parte acusadora, David Henry Flores, se declaró sorprendido por la decisión del Tribunal de Sentencia N° 3 de Cochabamba, y dijo haber detectado cierta parcialización hacia la parte acusada y anunció que será apelada dicha sentencia. “Queremos –dijo el jurista– que sea sentenciada por prevaricato”

Según el artículo 173 del Código Penal, el delito de prevaricato es sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años para la jueza o el juez dicte resoluciones manifiestamente contrarias a la ley.

En cuanto a los otros delitos, incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones (artículo 154) e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia (artículo 154 bis), el Código Penal establece privación de libertad de uno a cuatro años.

Violación grupal

Ordoñez, señalado como el líder de la pandilla Wander Rap de Cliza, y otros cuatro jóvenes recibieron la máxima sentencia por el macabro crimen sucedido el  16 de marzo de 2016, en el municipio de Cliza. En su momento se dijo que era parte de un rito de iniciación.

La Fiscalía General del Estado informó que en ese año hubo 104 casos de feminicidio en Bolivia, de los cuales 27 fueron registrados en el departamento de Cochabamba.

Diez y siete meses después de la muerte de María de Carmen, el 31 de agosto de 2017, el Tribunal de Sentencia N° 6 de Cochabamba emitió un fallo condenatorio por violación agravada y violación.

Sin sentencia ejecutoriada

Pasaron cuatro años y la sentencia no fue ejecutoriada. Esta situación fue aprovechada por Omar Ordoñez para pedir que lo dejen salir de prisión. Lo consiguió el 25 de marzo de 2021, cuando la Sala Penal Primera resolvió dejarlo en libertad con una fianza de 100 mil bolivianos y la obligación de presentarse cada semana ante una autoridad fiscal, le ordenó no abandonar el país sin autorización y no consumir alcohol y otras medidas. La vocal Montaño fue quien declaró procedente la apelación de Ordoñez.

Tiempo después, el 7 de mayo de 2021, esa decisión fue anulada y se instruyó el retorno del sentenciado a prisión, pero la resolución llegó demasiado tarde porque Ordoñez había fugado.

Desde entonces, los dedos acusadores apuntan hacia Mirtha Montaño. Ella alega que solo cumplió lo que manda la ley. La madre de la víctima, Pilar Reyes, vive amenazada, pero igual exige justicia. Mientras tanto, el prófugo aún no es encontrado.

Por fin habrá jueces antiviolencia, pero se quiere saber cuán preparados están

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