Por Guardiana (Bolivia), foto de France 24
Miércoles 19 de abril de 2023.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018 en Nicaragua e hizo un llamado para el restablecimiento de un régimen democrático en ese país centroamericano gobernado por el izquierdista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta.
A juicio de ese organismo de la OEA, el retorno de la democracia puede establecerse mediante “elecciones libres, participativas y transparentes; de un sistema de pesos y contrapesos; y de procesos dirigidos a garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
Las protestas sociales –recuerda la CIDH en un comunicado de prensa– se iniciaron hace cinco años, el 18 de abril de 2018, cuando personas mayores, apoyadas por jóvenes y estudiantes universitarios, expresaron su desacuerdo con las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Social y otras medidas que alimentaron el "descontento social acumulado a través de los años frente a procesos institucionales que coartaron la expresión ciudadana, cooptaron instituciones públicas y concentraron los poderes públicos en el Ejecutivo".
Aquello fue el resultado de “factores como la instalación de facto de un estado de excepción, el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la falta de acceso a un sistema de justicia independiente, igualitario y equitativo”.
“La respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúa hasta la fecha. La CIDH identificó diferentes etapas y niveles de intensidad, que desencadenaron una crisis política, social, económica y de derechos humanos, que sigue profundizándose”, indica el comunicado difundido precisamente en el quinto aniversario del inicio de las protestas sociales en Nicaragua.
En efecto, durante los últimos 5 años en Nicaragua, dichas violaciones han resultado en la muerte de al menos 355 personas; más de 2 mil heridas; 2.090 privadas de la libertad;322 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad; y más de 3 mil organizaciones canceladas. Además, al 31 de marzo de 2023, 26 personas permanecen detenidas arbitrariamente.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El comunicado de la CIDH da cuenta de más de 40 despidos de trabajadores de la salud “por ejercer su labor o tener una posición crítica al gobierno, inclusive en el contexto del manejo de la pandemia del COVID-19”.
Hace notar que persisten las represalias y detenciones arbitrarias contra estudiantes y líderes universitarios que participaron en las protestas sociales. Desde 2018, más de 150 fueron expulsados de sus casas de estudios. Más de una decena de universidades privadas y centros de estudios fueron obligadas a cerrar. La libertad académica perdió terreno en todo el país.
Cuarto mandato más radical
Después de a posesión de Ortega en un cuarto mandato consecutivo, “la CIDH observó la radicalización de una nueva etapa represiva para suprimir el espacio cívico y democrático en Nicaragua, a través del cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación –restringiendo la libertad de prensa y de expresión–, así como la persecución selectiva de cualquier persona que cuestiona al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social y por tanto considerada opositora al gobierno, incluyendo el religioso”.
Privación de la nacionalidad
La CIDH recuerda que condenó nuevas violaciones a los derechos humanos en lo que va de 2023, particularmente la excarcelación de 222 personas, el pasado 9 de febrero, a quienes se les privó arbitrariamente de la nacionalidad luego de ser "deportadas" a los Estados Unidos, como forma de castigo que no está prevista en la legislación interna y es contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas.
Días más tarde, el 15 de febrero, la Comisión rechazó la resolución judicial que privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a otras 94 personas identificadas como opositoras políticas, a las que condenó como "prófugas de la justicia" y "traidoras a la patria", sin ningún juicio previo.
Represión
La CIDH advierte que se intensificó la represión contra los sectores críticos de la Iglesia Católica nicaragüense e igual suerte corrieron las restricciones a la libertad de religión de la población.
Hace unos días, hubo detenciones de personas por haber incumplido la prohibición policial impuesta a la realización de celebraciones católicas en espacios públicos. Una de ellas fue el periodista Víctor Ticay, por cubrir una procesión religiosa en el municipio de Nandaime.
“A la fecha –señala el comunicado– tres sacerdotes permanecen privados arbitrariamente de la libertad, entre ellos, monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, sentenciado por el delito de "traición a la patria" a 26 años de cárcel, y a la privación de su nacionalidad y derechos políticos”.
Ataques a comunidades indígenas
Durante este 2023, la Comisión dio seguimiento a denuncias de ataques a comunidades indígenas en la costa caribe, incluso contra beneficiarias de medidas de protección otorgadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Uno de los últimos ataques fue perpetrado el pasado 11 de marzo por colonizadores armados en la comunidad Wilú. Se reportó la muerte de al menos 5 personas, varias heridas, y se conoce que algunas familias huyeron del lugar para proteger sus vidas.
Estos hechos atropellan el derecho a la vida y la integridad personal de los indígenas, pero también vulneran el derecho a la tierra, al territorio y a la supervivencia de las comunidades, recuerda la CIDH.
Antecedentes de 2018
En su Informe de 2018, la CIDH concluyó que "la violencia estatal estuvo dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político, y que se siguió un patrón común", con las siguientes características:
- El uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluso la fuerza letal
- El uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales
- obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones
- Un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas
- La difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta
- Intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales
- Falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto., medidas de censura directa e indirecta
Crímenes de lesa humanidad
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) señaló que, en el contexto del ataque sistemático perpetrado en contra de la población civil como represalia a las protestas sociales, se desarrollaron hechos que, conforme al derecho internacional, deben calificarse de crímenes de lesa humanidad”, indica el comunicado de la CIDH.
Añade que las violaciones a los derechos humanos documentadas, desde el 2018, hasta la fecha permanecen impunes ante la falta de independencia de los poderes públicos y la ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente, “lo que mantiene un clima de terror y censura en la población”.
La CIDH observa que la crisis política, social y de derechos humanos, además de la persecución a toda persona considerada opositora, continúa impulsando el éxodo de nicaragüenses. “Más de 250 mil personas habrían sido desplazadas forzadamente a otros países desde 2018”.
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