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Por Guardiana (Bolivia), foto de Pxhere

Lunes 21 de agosto de 2023.- El Gobierno nacional propone, a través de un anteproyecto de ley, crear un registro de todas aquellas personas deudoras del pago de la asistencia familiar para así hacer un seguimiento de casos y velar por el cumplimiento de esta obligación que actualmente asciende a 472 bolivianos (20% del salario mínimo nacional de 2.362 bolivianos).

Dicho registro tendrá información de quienes están obligados, por resolución judicial, a  pagar la asistencia, el monto y un número de cuenta donde se hará el depósito para cubrir la deuda.

El anteproyecto de ley, que fue enviado a la Asamblea Legislativa, modifica el procedimiento de liquidación y crea el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renal),informó el Ministerio de Justicia.

Restricciones para los deudores

Las personas que incumplan el pago durante tres meses consecutivos o cinco discontinuos, con previa liquidación de oficio, serán registradas como deudoras y se les aplicará una serie de restricciones hasta que cancelen todas sus obligaciones.

Estas son las restricciones:

  • 1. Restricción de acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación.
  • 2. En caso que se verifique que una o un servidor público tenga un segundo registro como deudor en el Renaf, la autoridad judicial de oficio ordenará la retención del sueldo o salario.
  • 3. Al momento de la intimación de pago en procesos judiciales por cobro de deudas se considerará al beneficiario de asistencia familiar como acreedor preferente, ordenando la retención del monto adeudado y posterior transferencia de dicho monto a la cuenta acreditada ante autoridad judicial y registrada en el Renaf.
  • 4. Retención del monto adeudado y depósito del monto retenido en la cuenta acreditada para el pago de asistencia familiar respecto a los pagos en el sistema integral de pensiones y sistema de reparto.
  • 5. Una vez aprobada la liquidación de asistencia familiar de oficio se ordenarán las medidas cautelares patrimoniales o personales.
  • 6. Suspensión del trámite en cuanto a obligaciones registrables y notariales sobre compra y venta de bienes inmuebles o bienes muebles registrables y no registrables.
  • 7. Para acceder a planes, programas y proyectos sociales aprobados y financiados por el Estado se incluirá como un requisito más para la postulación el no tener registro en calidad de deudora o deudor de asistencia familiar en el Renaf.
  • 8. Las entidades de intermediación financiera incorporarán dentro de su evaluación crediticia la información en el Renaf para la otorgación de créditos.
  • 9. Prohibición de la emisión de pasaportes y salida del territorio nacional si la persona tiene un registro vigente en calidad de deudora o deudor de asistencia familiar.
  • 10. Imposibilidad de contraer matrimonio hasta el pago de la deuda de asistencia familiar.

El anteproyecto de ley también indica que las personas que reciban la asistencia familiar la destinarán a pagar los gastos en alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta de las y los beneficiarios.

La Ley 603 del Código de las Familias y el Proceso Familiar establece que la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta.

El hecho de que varias personas no asuman sus responsabilidades como progenitores, que en su mayoría son varones, conlleva a la judialización de pedidos de asistencia familiar.

15.886 casos judiciales

Según el Consejo de la Magistratura, al primer semestre del 2022 ingresaron 15.856 casos a los juzgados públicos de Familia por asistencia familiar.

Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, pese a existir resoluciones judiciales de determinación de asistencia familiar, las personas no cumplen con su obligación y causan un perjuicio a las y los beneficiarios.

Esa repartición estatal advierte que de ese modo se genera una primera instancia de violencia contra los que exigen el pago, en su mayoría las mujeres, que son agredidas y hasta víctimas de feminicidio cuando exigen el pago asistencia familiar para sus hijas e hijos.

Todo el proceso de ejecución dela asistencia familiar genera otros gastos como el pago de abogados y emisión de certificados, y no siempre es fácil obtener los ingresos económicos de las y los obligados que demuestren que tienen las posibilidades de pago.

La Dirección de Régimen Penitenciario informó que, hasta diciembre del 2022 había identificado a 860 personas recluidas por deudas de asistencia familiar en Bolivia, de los cuales 848 (98%) correspondía a varones y 12 (2%) a mujeres.

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