Por Guardiana (Bolivia), foto de portada de ABI
Lunes 30 de septiembre de 2024.- El Gobierno esperó que los incendios forestales destruyeran al menos siete millones de hectáreas de bosques y pastizales para declarar desastre nacional debido a la magnitud de los daños causados por las llamas durante casi cuatro meses, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y con menor fuerza en Pando, La Paz y Tarija.
La decisión fue asumida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde el presidente Luis Arce Catacora promulgó el Decreto Supremo 5235, después de haberse reunido con el gobernador cruceño Mario Aguilera y alcaldes de municipios afectados, y otras autoridades nacionales y departamentales.
En días pasados, varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, organizaciones protectoras del medioambiente y activistas habían solicitado la declaratoria de desastre nacional.
Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el decreto tiene la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud y la vida de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población afectada por los incendios.
El decreto autoriza a la Cancillería y/o al Ministerio de Planificación del Desarrollo la gestión y canalización de la cooperación internacional para la atención del desastre.
El decreto también dispone que se realicen las modificaciones presupuestarias necesarias para atender la situación, según el artículo 32 de la Ley de Gestión de Riesgos (Ley 602) del 18 de noviembre de 2014.
Artículo 32°.- (Modificaciones presupuestarias) La declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
PEDIDOS AL LEGISLATIVO
En un acto realizado después de la reunión con el Gobernador de Santa Cruz, el presidente Arce pidió a los legisladores nacionales que aprueben dos proyectos de ley que autorizan créditos por 325 millones de dólares (75 millones de la Corporación Andina de Fomento y de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo).
Según Arce, esos recursos serán destinados a la contratación de más aviones e insumos para apagar el fuego (como es el caso de las cajas Guardián), para el equipamiento de aeronaves de la Fuerza Aérea y para adaptar un helicóptero de la Presidencia a fin de que sea utilizado como ambulancia. Dijo que también se necesita el dinero para la atención sanitaria, la reconstrucción de viviendas dañadas, para la movilización de más tropas de combate y garantizar la seguridad alimentaria en las zonas afectadas.
El Senado respondió al presidente Arce mediante un comunicado, en el que niega tener entre sus manos algún proyecto de ley relacionado con la emergencia.
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS INCENDIADAS
Asimismo, el Jefe de Estado recordó que un decreto supremo establece que las tierras fiscales incendiadas no podrán ser distribuidas durante cinco años, pero lo que está sucediendo actualmente en el país hizo que el Órgano Ejecutivo aliste un proyecto de ley para que ese plazo sea modificado hasta los 10 años.
ENDURECER LAS SANCIONES
Arce aprovechó también la ocasión para recordar que en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de ley para endurecer las sanciones para quienes provoquen incendios y en el que se incorpora, además, el delito de incendio forestal. Se plantea incorporar un artículo en el Código Penal que diga: “la persona que promueve un incendio que afecte bosques, tierras forestales, reservas, áreas protegidas, tierras fiscales humedales o pastizales incurrirá en una privación de libertad de 6 a 12 años”.
En la actualidad, el artículo 206 Código Penal señala: "El que mediante incendio creare un
peligro común para los bienes o las personas, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años".
Precisamente este domingo, un juez cautelar de San Ignacio de Velasco envió con detención preventiva de 180 días a la cárcel de Palmasola a tres personas acusadas de provocar incendios en la reserva forestal de Bajo Paraguá. Están imputadas por los delitos de incendio, avasallamiento, además de daños a la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado. Si esos hombres fueran declarados culpables, la sentencia que recibirían sería de dos a seis años de cárcel.
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