Por Erbol (Bolivia), foto del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Miércoles 11 de septiembre de 2024.- El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5225 que tiene como objetivo declarar pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional y envió un proyecto de ley al Legislativo para incrementar las penas a quienes provoquen incendios forestales.
El tiempo de vigencia de la pausa ambiental es de carácter indefinido hasta que se realicen las evaluaciones correspondientes sobre los trabajos de reconstrucción y repoblamiento de las áreas que fueron afectadas por los incendios forestales.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, detalló que en la norma se contempla que todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) se encuentran suspendidas.
“Las tierras fiscales disponibles, afectadas por quemas e incendios, serán consideradas tierras fiscales no disponibles por un período mínimo de cinco años hasta que se proceda a su restauración y posterior utilización”, afirmó.
Otro de los aspectos que contempla el decreto señala que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua será el encargado de la “implementación y ejecución” del Plan Nacional de Repoblamiento de Fauna y Flora en Áreas Protegidas, Reservas Forestales y Tierras Fiscales que fueron afectadas por los incendios en todo el territorio nacional.
Proyecto de ley para endurecer penas
Por otro lado, Lisperguer informó que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para modificar el artículo 206 de ley por la ley 1768 de 10 de marzo de 1997 para modificar el artículo 6 con el siguiente texto: “El que mediante incendio crearé un peligro común para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de 5 a 8 años”.
Además, se incorporó el artículo 206 bis en el Código Penal con el texto “la persona que promueve un incendio que afecte bosques, tierras forestales, reservas, áreas protegidas, tierras fiscales humedales o pastizales incurrirá en una privación de libertad de 6 a 12 años”.
“En la actualidad, hemos tenido penas muy bajas que no han que no ha permitido tener a estos delincuentes ambientales tras las rejas y creemos que, con estas penas, que ahora se han incrementado, se va a poder detener a los autores de este daño ambiental ecológico”, añadió.
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