Por Guardiana (Bolivia)
Lunes 6 de agosto de 2021.- Hoy se cumple el día 13 de la décimo primera marcha de los pueblos indígenas del oriente, Amazonía y Chaco que se dirige a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde Trinidad (Beni), desde donde partió el 25 de agosto en contra del avasallamiento de tierras indígenas en cuatro departamentos de Bolivia: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.
Unas 200 personas de distintas nacionalidades indígenas a las que se irán sumando otras han caminado soportando, algunos días, temperaturas de 37 grados centígrados. Y además de algunos niños, la marcha se caracteriza por incluir a adultos mayores que participaron en la histórica marcha de 1990 cuando el presidente de entonces Jaime Paz Zamora tuvo que dar alcance a los marchistas después de que estos se negaran a subir a camiones que les llevarían hasta un encuentro con aquel. Este hito histórico rodeado de relatos desde entonces es uno de los que está de algún modo presente en cada marcha que realizan los indígenas de tierras bajas.
El viernes ya se encontraban en San Pablo, desde donde salieron a las 05.30 de la mañana. Y este domingo, la columna de la marcha salió a las 3:30 am de la hacienda ganadera Santa Isabel, rumbo a Santa María, para descansar ahí por la noche.
El presidente de la CIDOB, Tomas Candia, explicó que no buscan confrontación, que se trata de una movilización pacífica y que ya dependerá del Gobierno cómo lo tome.
Avasallamientos, una bomba de tiempo
Ya en junio de este año, el entonces aún director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, le dijo a Página Siete que se está gestando un conflicto gravísimo en Santa Cruz porque ya queda muy poca tierra en disputa entre agroempresarios, comunidades interculturales del MAS e indígenas.
"Desde el 2011 en adelante, el proceso de distribución de tierras es el más corrupto, más oscuro, y el de mayor alcance que hemos tenido. Después del conflicto por el Tipnis, el Gobierno, mediante el INRA y el Viceministerio de Tierras, ha dado rienda suelta a todas las demandas de saneamiento y titulación. En vez de verificar la función económica y social, en vez de recortar las grandes propiedades o hacer respetar las 5.000 hectáreas de límite, lo que ha hecho es dar vía libre para que ese saneamiento se dé en las condiciones en que exigían los empresarios. Aunque no tenían títulos o tenían vicios de nulidad, igual les han blanqueado los antecedentes agrarios de sus propiedades que en muchos casos eran tierra fiscal. Muchos han recibido tierras a doble y triple titulación a nombre de testaferros. Son peones, ayudantes, es la gente que no existe ni siquiera en las redes sociales. Estas titulaciones se han dado mediante simulaciones de compra y venta de tierras. Se entrega la tierra en venta al empleado, para que él se titule, porque él puede decir que ha comprado la tierra".
Investigador Gonzalo Colque
Investigadores como el abogado especialista en Derecho Agrario Alcides Vadillo suelen identificar los siguientes hitos en esta problemática: el año 2006 se tuvo el inicio de la “revolución agraria” y un enfoque de distribución de tierras que no pasó de una “retórica discursiva”; el año 2011 hubo un viraje en la revolución productiva de una política conservacionista hacia una política extractivista; y en el 2013, con la Agenda Patriótica Bolivia 2020-2025, el país debía pasar de tres millones a trece millones de hectáreas en producción y ser exportador de granos y alimentos.
Es desde el tercer momento mencionado en que se produce la tendencia de flexibilizar las medidas y normativas ambientales. Se cambian los planes de uso de suelo, como el del Beni, y se dictan normas de carácter ambiental, entre ellas la aprobación de los desmontes de veinte hectáreas sin respaldo de un plan de ordenamiento predial y con el simple llenado de un formulario de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Uno de los problemas es que existe una fuerte presión para el acceso y uso a las tierras para producir. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de los seis millones de hectáreas de tierras fiscales que existen para la redistribución, solo unos dos millones son los más apetecidos por su valor económico. Sin embargo, esta cantidad se disputan empresarios con ciertos niveles de influencia, personas afines al MAS y campesinos e indígenas que no están pudiendo lidiar con este problema, la falta de ingresos económicos y en general condiciones de vida que les ha llevado, muchas veces, a alquilar sus propios predios a terceras personas.
Sin embargo, estos son solo botones de muestra de una crisis múltiple que llega a nivel de la justicia porque en Bolivia no existe un sistema judicial independiente y esto toca las puertas del Tribunal Agroambiental, además de la urgente y necesaria institucionalización del INRA, el que hasta ahora solo ha tenido en 10 años un Director institucionalizado, elegido de una terna con la aprobación de los dos tercios de la Asamblea Legislativa.
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