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Por Darynka Sánchez de la Fundación Voces Libres y fotos de Gabriel Calizaya (Bolivia)

Miércoles 9 de octubre de 2019.- Con los ojos inundados de lágrimas y abrazando los retratos de sus seres amados, los familiares de 20 víctimas de feminicidio llegaron hasta la Asamblea Legislativa de Cochabamba para presentarse ante la Comisión Especial Mixta que investiga cuáles son los obstáculos que estancan los procesos por asesinatos de mujeres en Bolivia y que impiden alcanzar justicia.

Unas personas llorando y otras con la voz quebrada, rogaron a los diputados que se eliminen todas las carencias, los cuellos de botella legales y las sentencias constitucionales que están abriendo las posibilidades de que los feminicidas de sus hijas, madres o hermanas queden libres  e impunes.  

Todas y todos intentaron resumir el calvario legal que han tenido que recorrer desde que las mujeres de sus familias fueron asesinadas y la frustración que sienten al verificar que la Ley 348 no se cumple en plazos ni en presupuestos  y menos aún en garantizar la aplicación correcta de la justicia.

Encuentro con la Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa de Cochabamba.

Por instrucción del presidente Evo Morales, el 17 de septiembre de 2019 se conformó una Comisión Especial Mixta para investigar la retardación en la atención y resolución de casos de feminicidio.  A esta comisión, conformada por cinco personas, a la cabeza de la diputada Sonia Brito Sandoval, se le dio un plazo de 90 días para la pesquisa y el planteamiento de recomendaciones, ajustes, acciones e iniciativas legales que ayuden a agilizar la retardación de justicia y a eliminar la impunidad, que solo generan más violencia.

Trece de las 20 familias escuchadas en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa de la plaza Colón, de Cochabamba,  fueron acompañadas por abogados de la Fundación Voces Libres, que las representan legalmente y que explicaron los obstáculos detectados en los procesos legales.  La asesora Mercedes Cortez Álvarez  hizo una exposición de los 13 casos que llevan, detallando problemas tales como:

  • La cantidad de causas ingresadas a diario es excesiva y sobrepasa la capacidad del personal fiscal y judicial existente, que además, en su mayoría, no tiene especialidad en materia de violencia de género.
  • Tras la denuncia, la fase preliminar de investigación en un proceso penal por feminicidio no debería durar más de ocho días, de acuerdo al artículo 94 de la Ley 348. Sin embargo, la etapa preliminar en los casos de denuncia de violencia y de feminicidios dura hasta 12 meses.
  • La falta de equipamiento retrasa las actuaciones.
  • Hay funcionarios que no respetan el principio de informalidad de la Ley 348, que tiene el objetivo de viabilizar el proceso y no estancarlo por cuestiones de forma.
  • La excesiva burocracia, el cambio de investigadores y la demora fiscal en emitir una imputación o un rechazo derivan en un alto índice de abandono de casos por parte de las víctimas. Hay casos estancados en la etapa preliminar por más de un año, sin imputación formal.
  • En la etapa preparatoria del juicio oral: 9 de cada 10 mujeres denunciantes abandonan sus procesos por cansancio o por falta de recursos y muchas terminan convirtiéndose después en víctimas de feminicidio.
  • La norma establece que la Policía y la Fiscalía deben seguir de oficio los procesos, aunque la víctima no quiera continuar. En la mayoría de los casos, esto no se cumple.
  • La retardación que sufren los procesos en juzgados. Las audiencias cautelares (para definir si los autores asumirán su defensa en libertad o con detención preventiva) se están fijando con retrasos de 5, 6, 8 y hasta 9 meses después de la imputación fiscal.
  • Los abogados de los feminicidas aprovechan la cambiante interpretación de los artículos 234  y 235 del Código de Procedimiento Penal, para sacar en libertad o con medidas sustitutivas  a sus defendidos. Esto provoca una sensación de inseguridad en las víctimas, quienes temen que los feminicidas se den a la fuga o busquen venganza.
  • En Cochabamba, ya se han visto varios casos  de feminicidas sentenciados a 30 años de cárcel,  que fueron beneficiados con el   arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas.
  • En la etapa de juicio oral, las suspensiones de audiencias de juicio son otro obstáculo para hallar justicia. Los acusados se presentan sin abogado; no se multa a los abogados incumplidos y solo se les llama la atención.  Y las nuevas audiencias son fijadas dentro de tres o seis meses.
  • Las salas penales atienden las apelaciones de las sentencias condenatorias con excesiva demora. La ley establece que las apelaciones de las partes deben ser sorteadas en 10 días, pero, en los hechos, son atendidas después de 12 a 18 meses. A veces duran hasta tres años.
  • No se está aplicando la atención preferente y diferenciada a los casos de violencia y feminicidios.  No hay sorteo anticipado de causas.  Esto, debido a la carga procesal en el Tribunal Departamental de Justicia.
  • Todo proceso penal tiene un máximo tiempo de duración. Si se supera ese plazo, el proceso se extingue y los feminicidas condenados salen libres. La justicia, entonces, da un mensaje de que la violencia es un delito impune.

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