Por Miriam Telma Jemio, Guardiana (Bolivia)
Miércoles 13 de mayo de 2020.- Con prisa... Atendiendo a un sector...Desoyendo a otro... El Gobierno transitorio dio luz verde, con un decreto, al análisis del uso de nuevas semillas transgénicas en Bolivia, vulnerando la Constitución de Bolivia y otras leyes vigentes.
La medida ha sido rechazada por más de doscientas entidades, entre ellas ONG, colectivos y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, profesionales y parte de la población. Consideran que atenta contra la agrobiodiversidad, los agricultores familiares y el medio ambiente, principalmente.
En diversos documentos han argumentado su rechazo a los transgénicos. Un importante grupo (más de 300) en una asamblea virtual, inédita en el país, han determinado acudir a la justicia, entre otras medidas. Otro grupo ha impugnado al Comité Nacional de Bioseguridad que debe cumplir el Decreto Supremo.
A la par, los agroindustriales han destacado la “valiente” disposición de Áñez. Es una medida largamente esperada por este sector. El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, dice que los transgénicos pueden ser “una respuesta importante para fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos a las exportaciones”.
Los transgénicos son organismos modificados genéticamente (OMG) mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Bolivia produce soya transgénica desde 2005.
El decreto cuestionado
El 8 de marzo, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4232, cuyo artículo único dice: “De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.
El mismo determina un plazo de diez días calendario para que el mencionado Comité apruebe los procedimientos abreviados.
La mayoría de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad fueron nombrados (algunos ratificados) en enero pasado. En marzo, fueron convocados por el Ministerio de Medio Ambiente para una evaluación técnica de soya evento HB4. Debido a la llegada de la pandemia al país, se dejó en suspenso ese trabajo.
Fue la segunda vez que se paralizó el trabajo de ese comité. Un año atrás, el Gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), para realizar la evaluación abreviada de dos semillas transgénicas de soya resistentes al glifosato y al glufosinato de amonio. Esto fue con el propósito de producir “biodiesel”.
En ese entonces, el plazo era de seis meses. Por los sucesos de octubre y noviembre, el trabajo quedó paralizado.
Acudirán a la justicia
Una de las determinaciones asumidas en la “Tercera asamblea por los bosques” realizada este martes 12 de mayo, en la que participaron más de 300 personas en representación de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil autoconvocadas, es interponer acciones y recursos legales nacionales e internacionales para la revocación del Decreto Supremo 4232 porque transgrede la Constitución Política del Estado, entre otras normas legales.
Alegan, también, que al autorizar el uso de semillas transgénicas de Soya HB4, Soya Intacta y otro tipo de semillas transgénicas de maíz, algodón y de otras especies en todo el territorio boliviano, se pone en riesgo la diversidad biológica, principalmente porque Bolivia es centro de origen y centro de diversidad genética de especies altamente importantes para la seguridad alimentaria como el maíz.
“Aprobar sin restricciones eventos transgénicos en especies como el maíz atenta contra las 77 variedades de maíz que posee el país y son base, actualmente, de la seguridad alimentaria de la población boliviana”, contempla el documento emitido por estas organizaciones.
El Gobierno aprobó el decreto a pesar de que diversas organizaciones de la sociedad civil se habían pronunciado en contra cuando conoció que se analizaba esa posibilidad a pedido del sector agroindustrial del país.
Incluso habían planteado la abrogación del Decreto Supremo 3874 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento (tipo) HB4 y Soya Intacta.
También solicitaron la abrogación de los decretos y normativa que permite el desmonte con el fin de ampliar la frontera agrícola. No recibieron respuesta del Gobierno.
Excusa y denegación del Comité
Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el colectivo Bolivia Libre de Transgénicos se ha enviado cartas a los ministerios de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y de Salud, designados por el Gobierno para efectivizar el Decreto Supremo 4232.
Rita Saavedra, del colectivo Bolivia Libre de Transgénicos, explicó a Guardiana que en las cartas piden la excusa de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad por existir conflictos de intereses; pero principalmente porque se tiene que cumplir lo que establece la Constitución Política del Estado y no un decreto.
“La excusa (de los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad) deben hacerla por incumplimiento de capacidades técnicas y científicas de evaluación de riesgo de transgénicos”.
Rita Saavedra del colectivo Bolivia Libre de Transgénicos.
Además, por causales específicas definidas en el Reglamento del CNB como el conflicto de intereses. Según la activista, algunos de los miembros del Comité están ligados al actual gobierno y otros tienen actividades vinculadas a los transgénicos, por lo que se convertirían en juez y parte.
Por otra parte, el Conade solicita que el Comité Nacional de Bioseguridad deniegue la evaluación abreviada a transgénicos del Decreto Supremo 4232 en cumplimiento a la Constitución, que en su artículo 255, restringe el ingreso de productos genéticamente modificados (transgénicos) admitiendo su carácter exógeno, contrario a la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada, la protección de nuestros recursos biodiversos, el cuidado del medio ambiente, entre otros factores.
En ese marco, los decretos 4232 y 3874 son inviables y no guardan concordancia con el sistema normativo de Bolivia, ni con el bloque de constitucionalidad; por tanto, “el Comité Nacional de Bioseguridad debe atender la excusa de delegados institucionales que hemos formulado”, dice Rita Saavedra.
De igual manera, debe denegar analizar lo que manda el Decreto Supremo 4232 porque no es parte de sus funciones ni obligaciones, según el Conade.
Argumentos del rechazo
Leonardo Tamburini, investigador en Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), afirma que el decreto de Áñez transgrede la Constitución (que establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos debe ser regulada por una ley), la Ley de la Madre Tierra y la Ley de la “Revolución productiva comunitaria agropecuaria”.
Estas normas prohíben la introducción al país de transgénicos (semillas y paquetes tecnológicos asociados), la producción de semillas transgénicas de las especies que Bolivia es centro y origen (como el maíz), la producción de agrocombustibles, además establecen que los transgénicos deben ser progresivamente eliminados.
“Hay que decir claro y fuerte. Así como Evo (Morales) será recordado por el fraude electoral, Jeanine Áñez será recordada por haberse aprovechado sin escrúpulos de la pandemia para beneficiar a su círculo y a sus amigos agrosaurios”.
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.
Colque, más crítico, resumió el decreto en tres puntos:
- “1. ¿Qué ordena Jeanine Áñez? Que, en un plazo de 10 días, el Comité Nacional de Bioseguridad autorice la 'evaluación' de cinco cultivos transgénicos: maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Entiéndase por 'evaluación' como un mero trámite o papeleo para masificar este año la siembra de más transgénicos y agrotóxicos.
- 2. ¿Quiénes integran el Comité Nacional de Bioseguridad? Funcionarios públicos elegidos a dedo por cinco ministros del gabinete. Tres de ellos son cruceños que responden a la élite soyera: Óscar Ortiz, Beatriz Eliane Capobianco y María Elva Pinckert. Existe un enorme conflicto de intereses.
- 3. ¿Cómo justifica Áñez su Decreto Transgénico? Que, estando Bolivia en emergencia sanitaria por el coronavirus, necesita echar mano a los transgénicos para cuidar por la seguridad alimentaria de los bolivianos. Una excusa absurda”.
El decreto no solo favorece la agenda económica de un sector, sino que pone en riesgo la biodiversidad y la seguridad, y soberanía alimentaria, según Pamela Cartagena, directora general del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
La demanda agroindustrial
“No es posible que nosotros estemos consumiendo productos con biotecnología de Argentina y de Brasil, pero que nuestros productores no tengan la capacidad de producir los mismos productos y que sus producciones sean muy bajas”, dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al término de una reunión con Anapo el 30 de abril.
Era el preludio al decreto 4232 del 7 de mayo. En esa reunión los agroindustriales pedían que les autoricen el uso de semillas transgénicas, como lo habían hecho ya al expresidente Morales. Esta vez, apelaron al perjuicio de sector por la pandemia del coronavirus que llevó a Bolivia a entrar en cuarentena rígida desde el 22 de marzo.
“El gobierno de Añez y la élite del agro pretenden aprovecharse sin escrúpulos de la pandemia del coronavirus que nos afecta, para llenar el campo (y el estómago de los bolivianos) de cultivos transgénicos y agrotóxicos”.
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su apoyo al Decreto Supremo 4232. “Manifestamos nuestro total apoyo a la valiente determinación del gobierno nacional al permitir que accedamos a tecnologías de última generación que reclamamos por décadas”, señala su pronunciamiento.
Aseguran que son los responsables de abastecer de alimentos y de generar la mayor cantidad de empleos para el país.
La CAO asegura que el uso de las semillas transgénicas dará su beneficio en una mayor productividad en una menor área cultivada, así como mayores ingresos para los pequeños productores.
Además, dice que harán un mejor uso de agroquímicos, eliminación de insecticidas cancerígenas en el control de plagas, menor uso de agua al reducir la cantidad de aplicaciones y reducción de la erosión y depredación de tierras.
El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) Marcelo Pantoja, manifestó, a través de un comunicado, que los pequeños productores podrán mejorar sus niveles de productividad y competitividad, “además de hacer frente a los efectos climáticos adversos, especialmente de sequía, que nos generaron cuantiosas pérdidas productivas y económicas en los últimos cuatro años”.
“Estimamos que podemos llegar a triplicar la producción anual de granos de 4,5 millones de toneladas actuales a 12 millones de toneladas, con un movimiento económico de 2,8 mil millones de dólares, que serían distribuidos en toda la cadena productiva de alimentos, con un efecto multiplicador importante para dinamizar la economía y para generar más de 300 mil empleos directos e indirectos, expresó Pantoja.
Otros de los sectores que celebraron el decreto es el cañero. Afirman que en 20 años de trabajo han obtenido más del 70% de variedades propias, las cuales se adaptan mejor a sus campos. “Estamos listos a nivel técnico para poder encarar los desafíos de incorporar variedades transgénicas y aplicar dicha tecnología a nuestras propias variedades para que se adecuen a nuestras necesidades”, afirma la Asociación Gremial Agropecuaria Unión de Cañeros Guabirá.
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Soberanía alimentaria
Una de las alternativas que proponen los sectores que rechazan los transgénicos es potenciar a los pequeños agricultores que en esta pandemia están demostrando que son los que abastecen la demanda de población.
Se debe fomentar a la Agricultura Familiar campesino indígena como una opción sólida que garantiza la seguridad alimentaria del país, dicen.
“En vez de seguir el camino lógico que debería ser la agricultura campesina en pequeña escala, o los sistemas silvopastoriles o la agricultura orgánica, se está impulsando un modelo que no va solucionar el problema del abastecimiento de comida y, más bien, va a generar lo contrario”, manifestó Martin Vilela, técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climática, una de las ONG que rechazan el Decreto Supremo 4232.
Se tiene que alcanzar soberanía alimentaria fortaleciendo la producción familiar, campesina, indígena y agroecológica, que es la que en realidad abastece el mercado interno de alimentos que nutren a la población boliviana.
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