Lunes 4 de septiembre de 2023.- Unos 46 años después decidió romper el silencio. Era una tarde de mayo de 2023. El teniente Rudy Tapia, jefe de la División de Denuncias, estaba en su oficina y la vio entrar. Era una mujer mayor, de 63 años; quería presentar una denuncia por una violación que sufrió cuando tenía 17 años. Sentada frente a él, comenzó a contar sobre aquella vez en que un pastor de la iglesia evangélica a la que asistía abusó de ella. Parecía que los años no hubiesen pasado mientras narraba su historia y rompía al fin el silencio.
Al día, la División de Denuncias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de La Paz (FELCV) recibe entre cinco y seis denuncias de violencia sexual. Romper el silencio es el primer paso en un largo, costoso y defectuoso proceso lleno de piedras que las personas sobrevivientes deben pasar después de un abuso de ese tipo.
“En estos casos, siempre llega el momento en que la o el sobreviviente se derrumba totalmente. Empieza a llorar y te cuenta. Entonces, vemos la magnitud del caso, que estaba guardando durante mucho tiempo. Es un trauma que fue arrastrando toda su vida”, dice Tapia.
Actualmente, el equipo de la FELCV de la Policía en La Paz cuenta con tres profesionales psicólogos. Una vez que llega una víctima denunciante, es evaluada por el área forense para ver la afectación emocional en la persona. Es recomendable que sea inmediatamente luego de presentada la denuncia.
Entre el primero de enero y el 15 de agosto de 2023, 36.371 casos vinculados a la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” se registraron en Bolivia, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba donde más casos se presentaron cuando de violencia sexual se trata, tal como viene sucediendo desde hace tiempo y se puede ver en la siguiente infografía:
CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 15 DE AGOSTO DE 2023 POR DEPARTAMENTOS
“Romper el silencio no sólo se puede referir a hacer la denuncia. Romper el silencio significa también pedir ayuda, contar lo que te está sucediendo y recibir apoyo —explica la psicóloga Danitza Chuquimia—, significa decir: '¡Basta, no voy a permitir más esto!’. Nosotros decimos que romper el silencio es como si fuera el 50 por ciento de todo el proceso”.
A nivel legal, romper el silencio tiene dos procesos casi paralelos, uno más vinculado con la justicia que tiene sus propias etapas hasta que el fiscal asignado al caso reúna las suficientes pruebas para presentar formalmente la acusación contra el agresor en un juicio como se puede ver en la siguiente ruta crítica de la denuncia.
El otro proceso es médico y tiene conexión con el primero. Después de ser violada, una persona no debiera bañarse ni cambiarse de ropa y deberá ir lo antes posible a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para presentar una denuncia y debe solicitar una copia de la misma para luego dirigirse a un centro médico y presentarla, a fin de recibir atención como se explica en la siguiente infografía (para entonces deberá llevar una muda de ropa porque la que tenía durante la violación deberá quedarse junto con el resto de pruebas recuperadas de su cuerpo).
Y la víctima puede denunciar y acudir al centro médico sola, si así lo desea. Allá deben informarle y atenderla sin revictimizarla. Si se tratara de una niña o adolescente, una persona adulta en la que ella confíe podría acompañarla, pero siempre y cuando ella así lo quiera porque hay que evitar que el agresor y alguien cercano a él quiera interferir en el proceso, ocasionando en la niña una nueva revictimización. Y en este camino iniciado, la familia deberá jugar un papel importante.
Para apoyar a la víctima, hay que mantener el soporte familiar. No necesariamente debe ser de padre, madre e hijos. Puede ser una madre soltera, tíos o abuelos. Lo importante es que haya alguien que pueda ofrecer los tres pilares: respeto, confianza y comunicación.
Según la psicóloga Viviana Arce, quien trabaja con personas que han sufrido violaciones sexuales, una de las consecuencias más visibles de las víctimas es la baja autoestima en su percepción e imagen corporal. Hay un descontrol emocional. “Una de las principales secuelas es el sentimiento de culpa: por no haber pedido ayuda, informar lo que pasaba, o incluso piensan que ellas podrían haber provocado esta situación. Eso impide que se reconozcan como víctimas”, explica.
¿Cómo sanar? “No es una enfermedad, es una experiencia que ellos y ellas han vivido. Entonces no vamos a poder borrar lo que ha sucedido. Lo que hacemos es promover la capacidad resiliente de la persona que ha sido víctima de violencia sexual y construir un autoconcepto positivo. Esto permite bajar los niveles de ansiedad, depresión, miedo, producidos por la violencia sexual”, responde Arce. Con las personas sobrevivientes trabaja en el reconocimiento y la gestión de las emociones.
La abogada Miriam Chura de la ONG Misión Internacional de Justicia (IJM) señala que se debería cambiar el denominativo con el que uno que se refiere a una persona que sufrió este tipo de casos. “Respecto al término de víctima: cuando una persona que ha pasado por este hecho de violencia cuenta lo que ha pasado a las autoridades, ya se convierte en sobreviviente. Lo que trabajamos bastante con esta persona es que no se quede con el título de víctima, sino que sea sobreviviente”.
Para ello, la IJM ha formado un grupo llamado Fénix, integrado por personas sobrevivientes de violencia sexual que se apoyan entre sí y comparten sus testimonios:
«Quiero que sepas que un suceso así no te da la responsabilidad de convertirte en superhéroe, mucho menos tener que salvar al mundo, pero sí te invita a observarte, reconstruirte, abrazarte, amarte más que ayer»
Fragmento de un testimonio del libro “Jamás Tuve la Culpa» de GSM – Fénix
«Puede que haya recibido tremendo daño, pero yo sigo aquí. Jamás me perdí. Jamás dejé de ser pura y valiosa. Estoy aquí».
Fragmento de un testimonio del libro “Jamás Tuve la Culpa» de GSM – Fénix
El costo del largo proceso
La FELCV cuenta con un equipo de psicólogos para realizar la evaluación psicológica y determinar el grado de afectación, que contribuirá como elemento de prueba en el proceso legal a iniciarse. Esta primera etapa es gratuita y está a cargo del personal de la Policía. “El inicio de la denuncia y las evaluaciones, como indica la ley, no tiene costo”, confirma la psicóloga de la institución policial, Danitza Chuquimia.
Sin embargo, en la FELCV no se ofrece servicio psicológico posterior. “No brindamos sesiones terapéuticas. No, porque nosotros trabajamos como especialistas forenses. Aquí no brindamos terapia. En el área psicológica clínica los profesionales son los que realizan la terapia”, complementa Chuquimia.
El artículo 49 de la Ley 348 estipula que «los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos». Empero, se ha reportado que esas instancias, muchas veces, no responden porque no tienen personal, o las líneas están ocupadas.
Chuquimia está afiliada al Colegio de Psicólogos. Con un documento en mano, explica que, con profesionales privados, “la consulta cuesta 200 bolivianos y la psicoterapia individual, también, 200 bolivianos. Cada sesión dura entre 45 minutos y una hora”.
Los especialistas indican que después de una violación sexual es esencial recibir terapia; aunque ésta puede durar años, dependiendo de cada persona.
“Puede haber estrés postraumático, ansiedad, depresión, estado de shock, que puede durar hasta dos semanas. Luego, si persiste, puede volverse crónico. Incluso, el estrés postraumático puede tener un inicio tardío. Eso quiere decir que no va a comenzar ese momento sino un mes, dos o hasta seis meses después”.
Danitza Chuquimia
Las sesiones de terapia psicológica durante todo ese tiempo suelen ser cubiertas por la víctima. Sin embargo, como refieren los psicólogos, no es algo que se pueda borrar. Más bien, la víctima aprende a vivir con ello.
“En el cerebro de víctimas de violencia sexual, hay partes que quedan lesionadas. Y, fisiológicamente, el cerebro de una víctima es diferente al de quien no lo ha sido. Entonces, esa parte es muy difícil de recuperar, pero sí puede crear aspectos nuevos, nuevos conductos neurológicos. La persona puede comenzar a vivir una vida con plenitud y no solamente sobreviviendo, sino superviviendo. Encontrar el gozo de vivir es un proceso que dura toda la vida”.
Brisa Angulo, neuropsicóloga, abogada y sobreviviente de violencia sexual
Brisa es abogada, psicóloga infantil y defensora de los derechos humanos. Lleva más de 20 años trabajando para prevenir la violencia sexual infantil y mejorar el acceso a la justicia. Como sobreviviente de esta violencia, utiliza su experiencia y conocimientos para mejorar las condiciones sociales. Es fundadora y directora de la Fundación Una Brisa de Esperanza, ubicada en Cochabamba, una entidad que brinda apoyo gratuito a las víctimas.
El proceso legal
Una vez presentada la denuncia formalmente, hay tres etapas en el proceso legal: preliminar, preparatoria y acusación en el juicio oral. Si se necesita apelar, existe una etapa más denominada Recursos. Para conseguir que el agresor sea sentenciado y vaya a la cárcel, la víctima termina gastando unos 12.000 bolivianos en un abogado.
“Según el arancel del Colegio de Abogados, son 3.000 bolivianos por cada etapa del proceso”, explica la abogada Miriam Chura, pero la organización no gubernamental Misión Internacional de Justicia (IJM), donde ella trabaja , brinda apoyo de forma gratuita. Cuentan con la red de Profesionales Bolivianos al Servicio (Probos), conformada por abogados, trabajadores sociales y psicólogos especializados en estos casos. Sin embargo, no todas las personas conocen estas organizaciones, entonces, las víctimas corren con ese gasto.
Además del costo económico, está el tiempo invertido. “Iniciamos con una denuncia para comenzar con una etapa preliminar. Son de ocho días ampliables hasta 60 días. En ese tiempo se debe conseguir certificado médico forense, informe psicológico, informe social, registro del lugar, cámara Gesell, testigos, declaración del agresor y la resolución de imputación formal. Luego, se tiene la audiencia de medidas cautelares. Y un juez determina si corresponde detención preventiva o domiciliaria. A partir de eso debemos contar seis meses”, relata Chura.
Ese es el periodo de tiempo que indica la ley, no obstante, en realidad las denunciantes suelen pasar mucho más tiempo en busca de justicia.
La jurista comenta que en ese proceso legal hay dos errores comunes: el primero es creer que la denuncia está legalmente establecida al informar a los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) o Defensorías, cuando en realidad éstas sólo son instancias promotoras que apoyan a la víctima y remiten la denuncia. Sin embargo, ésta debe presentarse en Fiscalía, para que sea válida.
El segundo error es pagar a los funcionarios públicos para “acelerar el caso”. Estos también suelen cobrar “viáticos” para ejecutar las notificaciones. Chura enfatiza que no se debe hacer ningún tipo de pago extra. De hecho, en los casos que la IJM apoya, no mandan a las víctimas a hacer los requerimientos, sino a sus abogados que ya conocen esa situación.
Como una crítica constructiva al actual proceso que deben pasar las víctimas, la abogada Chura dice:
“Dentro de las políticas públicas, hace falta profesionales especializados, falta de presupuesto asignado en niñez y mujer. Además, hay constante rotación de personal en los SLIM y defensorías. Esos cambios hacen ese constante peligro en no dar una respuesta efectiva a la víctima de violencia. Si hoy me atiende un psicólogo, dentro de dos meses resulta que ya está otro. Es lamentable. Además, ciudades como El Alto no cuentan con personal”.
Sumado a ello, las víctimas de estos delitos se encuentran con otro obstáculo: en la legislación boliviana, los casos de violación y abuso sexual prescriben.
La Ley de Abreviación Procesal en su artículo 30 dice: “El término de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud, o contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr cuatro (4) años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.»
La IJM supo mediante testimonios de profesionales, abogados y jueces que trabajan en esta área, que varios casos se dejaron sin efecto siguiendo esa norma. Al respecto, Chura aclara que no debería ser así, porque uno puede acudir a la normativa internacional.
“Algunos abogados no toman en cuenta el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, cuando habla de los tratados y convenios internacionales en protección de los Derechos Humanos. Específicamente, Bolivia ha ratificado y reafirmado ser parte del Estatuto de Roma, que nos dice que los delitos de violencia sexual son imprescriptibles”, cita.
La IJM brinda cursos y talleres para el personal que atiende a las víctimas. El teniente Rudy Tapia, de la FELCV de La Paz, fue parte de una de esas capacitaciones. Por eso, cuando la mujer de 63 años acudió a su oficina para presentar su denuncia, él sabía cómo guiarla para que se ampare en la legislación internacional. En ese caso, el agresor ya había muerto, pero aún así es importante presentar la denuncia.
“Una denuncia nos lleva a encontrar nuevas víctimas. Aporta mucho, porque es una llamada de atención para todas las autoridades, muestra que hay delitos que no se están investigando; también nos ayuda a sacar normativa para protegerlos. Es una llamada de atención para que vayamos a los colegios, a los orfanatos, muchos lugares donde puede haber. Hay que buscar, indagar el delito. Nos ayuda a abrir los ojos”, dice este oficial de Policía.
Proyecto de ley contra la impunidad
El 17 de mayo de 2023, el secretario general de la Vicepresidencia del Estado remitió a la Asamblea Legislativa el “Proyecto de Ley de Lucha contra La Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños Y Adolescentes”. En la carta indica que el 12 de mayo el presidente Luis Arce envió ese documento para su atención y tratamiento legislativo.
En el proyecto de ley se aborda el tema de la prescriptibilidad de este tipo de delitos:
Artículo 2.- (IMPRESCRIPTIBILIDAD). Son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el Título XI Delitos Contra la Libertad Sexual del Código Penal, elevado a rango de Ley por Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, cuyas víctimas sean Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.
También incluye más servicios gratuitos a las víctimas de violaciones y abusos sexuales. Su artículo 3 indica que el Estado, a través del Sistema Único de Salud, brindará “asistencia y el abordaje integral adecuado al caso antes, durante y con posterioridad al proceso judicial. Para el efecto deberá proporcionar con carácter gratuito lo siguiente:
a) Información y asesoramiento acorde al grado de madurez de la víctima
b) Patrocinio legal
c) Facilitación y acompañamiento
d) Tratamiento psicológico y psiquiátrico especializado, con perspectiva de género y niñez
e) Asistencia médica
Este año, las violaciones contra menores perpetradas por religiosos han estado en la mira tras conocerse el 30 de abril, mediante una investigación periodística del diario español El País, sobre un diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, ya fallecido, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.
El 12 de julio, se conformó la Comisión Especial de investigación de delitos de abuso sexual, violación, infante, niña, niño y adolescente y otros delitos relativos a violencia sexual suscitados en entornos eclesiales, que constituyan pederastia clerical. Los miembros son los senadores: Luis Adolfo Flores, Simona Quispe, William Torrez, Julio Diego Romaña.
El 25 de julio, dicha comisión tuvo su primera sesión ordinaria. El senador Luis Flores (MAS) indicó que se ha convenido con la Presidencia del Senado remitir un primer informe de este trabajo investigativo en tres meses.
“Lo que pretendemos -dijo Flores- representando al Estado, es que se investigue los casos que se han denunciado, de manera transparente y también se fiscalice, que es parte de nuestras atribuciones, a las instituciones que están encargadas, en donde la sociedad requiera investigar, aclarar y acusar, en caso que existan por supuesto pruebas".
Postura de un diputado de la oposición sobre el proyecto de ley
El diputado Erwin Bazán Gutiérrez (Creemos) advirtió que, a su parecer, existen intereses políticos en esa iniciativa. “Nos parece que este proyecto de ley tiene un sesgo político y viene con una motivación clarísimamente política. Esa motivación no es la de hacer una lucha honesta y franca en contra de los delitos de la libertad sexual”, aseveró el legislador, en entrevista con La Nube.
Bazán reconoce que el proyecto sí tiene algunos elementos positivos que “puede servir para luchar contra esos delitos”. Sin embargo, aseveró que se trata de una venganza. “Viene del Ejecutivo a responder a una situación coyuntural concreta que son las violaciones que hubieran cometido algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. (…) Esa es la motivación del Gobierno para mandarnos este proyecto de ley, es contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Conferencia Episcopal Boliviana, a propósito del fraude que se cometió en el 2019, emitió un informe en que dice que en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude. Entonces, es una venganza. La motivación de esta ley es política contra una institución concreta, no contra los delitos”.
Además, este diputado opositor crítica la creación de la Comisión de la Verdad que, según el proyecto de ley, serviría para el esclarecimiento de hechos de violencia sexual. Ésta estaría conformada por:
a) Ministro de la Presidencia
b) Ministro de Justicia y Transparencia Institucional
c) Ministro de Gobierno
d) Presidente de la Cámara de Senadores
e) Presidente de la Cámara de Diputados
f) Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
g) Presidente del Consejo de la Magistratura
h) Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional
i) Fiscal General del Estado
j) Procurador General del Estado
k) Defensor del Pueblo
Según Bazán, de las 11 instituciones, ocho responden directamente al Gobierno. Por lo tanto, es una comisión política. “Mi propuesta es eliminar esta comisión de la verdad, máxime si sólo la van a formar políticos. Todavía si tuviera una composición altamente técnica o instituciones que tienen que ver con la temática, empezando por el Ministerio Público, actores relevantes, colegios de profesionales y universidades”.
El diputado Erwin Bazán Gutiérrez, en entrevista con La Nube.
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