Por Miriam Telma Jemio (Bolivia)
Jueves 10 de octubre de 2019.- Las políticas y los planes para combatir la violencia machista contarán con más fondos. Las gobernaciones y municipios deben reformular sus presupuestos de 2019 y 2020. Un decreto supremo del Ejecutivo les obliga a aumentar dinero para cumplir con la Ley de 348, aunque desde 2015, en la mayoría de los gobiernos subnacionales, su ejecución presupuestaria se mantuvo entre 40 y 70 por ciento.
Los datos corresponden a informes y análisis realizados por la Defensoría del Pueblo y las ONG Gregoria Apaza y Coordinadora de la Mujer de los presupuestos programados y ejecutados desde la implementación de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) en 2015, tras su reglamentación a través del Decreto Supremo 2145.
Según estas instituciones, fuera de que son bajos los recursos asignados para cumplir con la Ley 348 en materia de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia machista, faltó voluntad política para ejecutar lo presupuestado para luchar contra la violencia hacia las mujeres.
El Decreto Supremo 2142, emitido por el Gobierno de Evo Morales en agosto de 2019, le faculta al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, creado en marzo de este año, el realizar el seguimiento a los gobiernos departamentales y municipales en el cumplimento de la ejecución del presupuesto destinado a prevención, construcción y atención.
Esto forma parte del Pacto que busca frenar la violencia hacia las mujeres y evitar más feminicidios en el país. Entre enero y septiembre de 2019, en el país se reportaron 88 casos de feminicidio, según los datos de la Fiscalía General del Estado. En La Paz se registraron 28 casos; en Cochabamba, 18, y Santa Cruz, 14. En la pasada gestión, en el mismo periodo se reportaron 85 casos de violencia extrema contra las mujeres.
Falta de voluntad política y recursos
En general, el porcentaje de recursos que destinan los gobiernos departamentales y municipales son reducidos. “En nuestro criterio, los presupuestos son un indicador de voluntad política. No es suficiente decir que quieren luchar contra violencia. No es suficiente utilizar el tema de la violencia como un tema fundamental en las campañas políticas. La forma de demostrar que el tema es de interés para los gobiernos municipales, departamentales y nacional, es el presupuesto. Porque uno le pone recursos a los temas que le interesa”, hace notar Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer, ONG que trabaja en temas de género desde hace más de tres décadas.
“La constatación de la falta de voluntad política es que a pesar de que hay dos decretos supremos que establecen la obligatoriedad de que las gobernaciones y los municipios orienten recursos, no lo hacen y eso tiene que ver con el tema voluntad política, de cuan estratégico ven el tema de violencia en los municipios y gobernaciones”.
Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer
Los presupuestos que se destinan desde los gobiernos departamentales a la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres no superan el 1,2 por ciento del total de su asignación presupuestaria. Esta situación se convierte en una de las principales limitaciones para el empoderamiento de las mujeres y el combate a la violencia.
En la gestión 2018, según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, lo que las nueve gobernaciones presupuestaron para la lucha contra la violencia hacia la mujer no pasa de los 120 millones de bolivianos, el 0,58% del total de sus presupuestos: más de 20 mil millones de bolivianos.
El “Presupuesto Agregado de Actividades y Proyectos de Inversión por Programas de Gasto, por departamento 2018”, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, registra que los porcentajes destinados por los gobiernos departamentales no superan el 1 por ciento, a excepción de Beni que registra 1,02 por ciento.
Al Observatorio de la Mujer le llama la atención, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, que tiene el mayor presupuesto departamental (5.671.421.030 bolivianos), pero solo destina el 0,60% a la partida de gasto “Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer”, que incluye actividades y proyectos de inversión.
En su informe de gestión de 2018, la Defensoría del Pueblo señala que “no solo las asignaciones presupuestarias destinadas a género son insuficientes, sino que mal ejecutadas. A nivel de ciudades capitales más El Alto, Cochabamba tenía el presupuesto más alto en 2016, con casi 14 millones de bolivianos; sin embargo, su ejecución fue de algo más de 7 millones de bolivianos (54,09 por ciento).
Al igual que Novillo, la Defensoría del Pueblo afirma que las asignaciones presupuestarias destinadas a género son insuficientes y, a menudo, mal ejecutadas. Muchas acaban siendo servicios de atención, solamente, cuando la prevención es un tema central para avanzar en materia de lucha contra la violencia. Esta tabla ofrece una comparación entre departamentos que revela el presupuesto que cada Gobernación tuvo en 2016 para la lucha contra la violencia en razón de género y qué porcentaje ejecutó del mismo, según datos recogidos por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El gasto reportado en las gestiones 2015–2016 para esta sistematización corresponde al incluido dentro del programa 25 “Defensa y protección de la mujer”, que incluye las partidas 100 de servicios personales, 200 de servicios no personales, 300 de materiales y suministros, y 400 de activos reales.
Según la Defensoría del Pueblo, esta asignación presupuestaria destinada a cumplir la Ley 348 en departamentos y municipios, denota la voluntad política de las Entidades Territoriales Autónomas en cuanto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La estructura del presupuesto según el “Clasificador de gastos por finalidad y función 2017 cuenta con la partida presupuestaria referente al código de finalidad Nº 10 de “Igualdad de Género, Equidad y Protección Social”.
El Informe Defensorial remarca que el presupuesto inicial asignado a las gobernaciones durante la gestión 2015 ascendía a 2.344.952.537 bolivianos y bajó a 12.426.213 previstos para la gestión 2018, lo que represente el 99,47% menos que el destinado hace cuatro años, es decir que para el año 2018 solo se habría otorgado un 0,53% del total de los ingresos.
Por otra parte, del análisis presupuestario realizado en la intervención defensorial (abarcó a nueve departamentos y 54 municipios), el siguiente gráfico expresa el total de asignación presupuestaria destinado a la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género a nivel nacional. Se observa que el presupuesto designado ha ido disminuyendo durante las gestiones 2015–2018, de contar con más de 59 millones de bolivianos en la gestión 2015, en el 2018 se contó con 35 millones, siendo además un punto crítico la ejecución presupuestaria, ya que en ninguna de las gestiones se alcanza una ejecución mayor al 61 por ciento del presupuesto total nacional asignado.
Para la Defensoría del Pueblo, la asignación presupuestaria resulta insuficiente en todos los casos, considerando los altos índices de violencia y feminicidios ocurridos en el país durante el periodo analizado. Solo en 2016, se han registrado 111 feminicidios y los departamentos con mayor índice son: 28 en La Paz, 27 en Santa Cruz y 21 en Cochabamba.
"En este contexto, el panorama de inversión en erradicación de la violencia no resulta alentador, siendo que los resultados alcanzados a la fecha distan de los esperados en cuanto a la prevención y ejecución de proyectos y programas destinados a la atención, protección y lucha contra la violencia de género para la reparación de derechos a las mujeres víctimas de violencia y sistemas de tratamiento y sanción para los agresores".
Defensoría del Pueblo de La Paz
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“Con respecto a los resultados en la vida real, vemos que la violencia se está incrementando en el país. Vemos que estas políticas no están dando los frutos que esperábamos. El presupuesto es totalmente mínimo, y cuando nos meten en una bolsa con Seguridad Ciudadana, las otras acciones tomarán mayor importancia que las acciones en favor de las mujeres. Solo hay que mirar. El presupuesto es la parte práctica y hay mirar los que nos pasa a las mujeres. Las profundas desigualdades en el ámbito laboral en la vida cotidiana cada vez son más precarias para las mujeres”.
Graciela López, coordinadora de la Red Boliviana de Mujeres Trabajando la Economía (Remte)
En los últimos años, han bajado los presupuestos, solo para violencia se ha incrementado ahora con el último decreto. “Ha bajado porque la economía general ha bajado los ingresos del país y la redistribución de ingresos ha bajado también. Hay que mirar por los resultados, y no son nada buenos en el caso de las mujeres”, puntualiza Graciela López, coordinadora de la Red Boliviana de Mujeres Trabajando la Economía (Remte).
(foto: Miriam Jemio).
Prevención e inversión
René Martínez Céspedes, analista de Fundación Jubileo, explica que el principal ingreso de las gobernaciones proviene de los recursos del IDH (impuesto a los hidrocarburos) y de las regalías, por eso es vulnerable a los precios internacionales y desde 2015, se redujo su presupuesto significativamente.
El presupuesto total de las gobernaciones para 2019 es de 8.104.585.270 bolivianos, de los cuales solo el 0,2% se destinará a la “Defensa y protección a la mujer”.
La ONG realiza un seguimiento al presupuesto de las gobernaciones para conocer el gasto y la inversión de los gobiernos departamentales. En relación al que corresponde a 2019, en lo que a inversión se refiere, se puede ver que algunos no tienen presupuestado ninguna inversión en el marco de la Ley 348, como es el caso de Santa Cruz y Oruro. Ambas gobernaciones tienen programado invertir en 2020 en la construcción de sus centros de acogida.
Martínez explica que las gobernaciones destinan recursos al gasto corriente que es para el funcionamiento de los servicios como, por ejemplo, para pagar el sueldo de los funcionarios del SLIM y para la inversión que es determinante para el crecimiento de una región, como son las infraestructuras.
En el caso de Cochabamba, quien es directora de Igualdad de Oportunidades, Mabel García, explica que la Gobernación de este departamento tiene asignados 260 millones de bolivianos para la prevención. Se trabaja de manera integral en prevención porque la violencia no la sufre solo la mujer, sino también las niñas, niños y adultos mayores.
García indica que cuentan en Cochabamba con una planificación en las cinco regiones del departamento, hasta donde se ingresa a trabajar en prevención, difundiendo el alcance de la Ley 348 en coordinación con las organizaciones sociales, los maestros, las Bartolinas y la red de educación.
En la Gobernación de Santa Cruz trabajan en prevención, realizando talleres en los barrios y en los municipios del departamento y conformaron el Consejo Departamental de la Mujer con las instituciones que tienen que ver con el tema de violencia. “Si trabajamos en prevención, obviamente vamos a tener menos mujeres que proteger y menos hechos de violencia”, señala Lida Lozano, directora de Género de esa gobernación.
Lozano afirma que la casa de acogida, que funciona desde 2015, cuenta con un equipo interdisciplinario que se hace cargo de la atención de la mujer y sus dependientes. “Se trabaja en las áreas psicológica, legal y social. Se activa el equipo para que vea en qué está su proceso, la situación de los menores en el colegio”.
Plan Multisectorial para la Despatriarcalización
Se cuenta con el Plan Multisectorial para el Avance en la Despatriarcalización y el Derecho de las Mujeres a Vivir Bien, aprobado por el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial por una Vida Libre de Violencia el 27 de julio de 2017. Desarrolla una línea estratégica específica que pretende generar las condiciones para una vida libre de violencia en razón de género y sancionar las prácticas discriminatorias de exclusión y subordinación. No cuenta con un presupuesto para ejecutar todas las acciones planificadas, lo cual imposibilita su implementación, señala en su informe la Defensoría del Pueblo.
Observa que, la instancia oficial para el seguimiento a la Ley 348 de la Política y Plan Multisectorial, la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional (del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades) cuenta con personal y presupuestos insuficientes para atender la magnitud del tema. Por ejemplo, en 2017, el presupuesto y ejecución de esta dirección fue de 48 mil bolivianos.
Un presupuesto ínfimo si se compara el que ejecuta el Ministerio de Comunicación solo en la difusión de campañas gubernamentales en medios privados de comunicación: 332. 247.118 bolivianos solo en difusión y transmisiones en 2018. Diez veces más que todo el presupuesto de la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional.
Y esto ocurre a pesar de que la Ley 348 indica, en el artículo 22 de Medidas en el ámbito de la comunicación, que el Ministerio de Comunicación debe destinar al "diseño e implementación de una estrategia nacional de comunicación, que incluya campañas en medios masivos, dirigida a informar y sensibilizar sobre las causas, formas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como a desestructurar estereotipos patriarcales de subordinación y desvalorización de las mujeres, considerando la diversidad cultural y destinando para este fin los mismos recursos que asigna a la publicidad sobre temas estratégicos para el desarrollo nacional".
Más dinero contra la violencia machista
El Ejecutivo ha subido las partidas públicas a través del decreto supremo 4012, que modifica el artículo 13 del decreto supremo 2145, estableciendo nuevos porcentajes.
Ahora, las gobernaciones departamentales usarán al menos el 15 por ciento del total de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana, para actividades de prevención contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes; construcción de casas de acogida y refugios temporales para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, así como para su mantenimiento y atención, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento.
En tanto, los gobiernos municipales y de autonomías Indígena Originario Campesinas con menos de 15.000 habitantes utilizarán al menos el 15 por ciento y 20 por ciento, respectivamente, del total de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana, para actividades de prevención contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes; financiamiento de infraestructura y equipamiento para los Servicios Legales Integrales y/o casa de acogida; y su correspondiente mantenimiento y atención.
Por otra parte, del total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las entidades territoriales autónomas, se destinará como mínimo el 10 por ciento para infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia (FELCV), a través de la Policía Boliviana, en el marco de las funciones establecidas en la Ley 348.
¿Cuál es el objetivo de la Ley 348? (Art. 2)
La Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores.
El Gobierno central no está transfiriendo más dinero a las gobernaciones y municipios, solo les está instruyendo a que destinen más recursos del IDH a la prevención, edificación y atención en temas de violencia de género.
“Sobre las ejecuciones presupuestarias de las gobernaciones y municipios, como servicio no tenemos los datos fríos. Ese es otro vacío que intentamos llenar. El Decreto Supremo 4012 nos da la facultad de hacer un seguimiento continuo. Si bien tenemos los estudios de otras instancias, fuera del Gobierno, que nos indican que el presupuesto ejecutado no alcanza ni siquiera al 50 por ciento en el caso de las gobernaciones y en municipios están entre el 60 y 70 por ciento”, explica Gabriela Murillo.
¿Se ha sancionado a alguna gobernación o municipio por no cumplir con la Ley 348? Lo que hay es responsabilidad administrativa por incumplimiento de deberes, responde Gabriela Murillo, miembro del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero”. “Hemos hablado con la Contraloría para hacer seguimiento de quienes no cumplen con el porcentaje y quienes no ejecutan. Sin embargo, en el Servicio pensamos que la vía no es la sanción. Hemos propuesto que más bien se reconozca a los que hacen bien las cosas, reconocer las buenas prácticas, como lo hace la Asociación de Concejalas de Bolivia. Así contagiarán a otros municipios para que con iniciativa y creatividad puedan luchar y prevenir la violencia”.
Desde el Servicio de la Mujer se adelanta que se hará un monitoreo continuo, no se esperará a que termine la gestión, sino que, al trimestre, por ejemplo, preguntarán a las gobernaciones y municipios el por qué no están ejecutando sus presupuestos si fuera el caso. Murillo dice que en muchos casos, existe la voluntad política, pero son otros factores que impiden que esos recursos puedan ejecutarse. “Es el compromiso del Servicio velar porque se tenga una ejecución efectiva y tengamos el impacto que buscamos para la reducción de los hechos de violencia hacia las mujeres”.
Lo nuevo es que para 2020 ya tendrán identificado en los POA, con claridad, el presupuesto para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Así se verificará que están cumpliendo con el traspaso de fondos a la FELCV. En el caso del presupuesto que deben destinar a las casas de acogidas y a las actividades de prevención, tienen que hacerlo dentro del Programa 25; en el caso de las gobernaciones se llama “Programas para la mujer”, ahí se identificará las actividades de prevención, construcción y atención.
¿Los recursos son suficientes para la lucha contra la violencia? Eso podremos mostrar una vez que lo implementemos, responde Murillo. “No podemos decir en este momento si era o no suficiente (el presupuesto anterior), porque los municipios y gobernaciones no llegaban a ejecutar el 100 por ciento ni un 80 por ciento, para decir este presupuesto con este porcentaje tiene un impacto”.
La funcionaria del Servicio de la Mujer señala que es necesario hacer un seguimiento y monitoreo, no solo con el tema de violencia, sino con todas las políticas públicas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de las mujeres. No cuentan con estadísticas de género; pero el Servicio, a medida que se vaya construyendo los indicadores de género, irá construyendo también datos oficiales del cumplimiento de los derechos y las políticas públicas que están en favor de ellas.
“Sí, hay municipios y gobernaciones que han puesto más dinero del que decía la norma de la fuente de IDH. Porque en algún momento se ha convertido en un escollo porque los recursos del IDH son un poco volátiles, no están muy a la disposición. Entonces, cuando hay la voluntad política, los municipios y gobernaciones sacan dinero de la coparticipación tributaria o de sus recursos propios o de transferencia que les hace el TGN; logran ejecutar más de lo que decía la norma”, aseguró la funcionaria del Servicio de la Mujer, que se reunió con representante de las gobernaciones y municipios para socializar los alcances del Decreto Supremo 4012.
Datos
- Hay 19 Casas de Acogida y Refugios Temporales reportados y distribuidos en los nueve departamentos del país, todos cuentan con servicios básicos e infraestructura para su funcionamiento.
- Entre 2013 y 2018 se registraron 561 feminicidios en el país, según el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización y el Ministerio Público.
- Entre enero y septiembre de 2019, en el país se reportaron 88 casos de feminicidio, según los datos de la Fiscalía General del Estado. En La Paz se registraron 28 casos; en Cochabamba, 18, y Santa Cruz, 14. En la pasada gestión, en el mismo periodo se reportaron 85 casos de violencia extrema contra las mujeres.
- Foto portada: OnCubaNews
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