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Texto Carlos Tellería, foto e infografías Fundación Voces Libres (Bolivia)

Viernes 11 de octubre de 2019.- De los 18 casos de feminicidio cometidos en el departamento de Cochabamba, entre enero y septiembre de este 2019, la mitad de ellos se ha registrado en el municipio de Cercado, según datos proporcionados por la Fundación Voces Libres. Las cifras fueron recogidas de la Fiscalía y las publicaciones de los medios de información.

Estos números salieron a la luz en el acto de presentación del Observatorio de Justicia de esa organización defensora de los derechos de las mujeres. En un cuadro de los hechos se observan los nombres completos de las víctimas, sus edades, la fecha de los crímenes y el tipo de muerte.

En la presentación se aclaró que es recomendable identificar con nombre y apellido a las víctimas para exigir justicia, ya que no sería posible hacerlo por una mujer identificada solo con las letras NN.

También se incluye información de la identidad del o los autores del feminicidio; aunque se tuvo el cuidado de colocar solo los nombres y las iniciales de los apellidos para preservar la presunción de inocencia. Y finalmente está la situación legal de esos varones.

¿POR QUÉ UN OBSERVATORIO?

Voces Libres está convencida de que el Estado conoce la realidad de la violencia de género en Bolivia, pero ni así destina la cantidad de dinero necesario ni diseña políticas para que la población vulnerable tenga la posibilidad de salir del problema, ni ofrece recursos para que las víctimas puedan defenderse en un proceso legal de alto costo.

El artículo 9 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) señala que el Estado debe garantizar que se ofrezca atención especializada a las mujeres agredidas. También se le ordena articular políticas, servicios y acciones vinculadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

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Voces Libres agrega que “solo el 1,13% de los procesos por violencia, el 10% de los procesos por feminicidio y el 2% de los abusos sexuales a niños llegan a una sentencia en los tribunales, lo que aumenta la sensación de inseguridad jurídica y de vulnerabilidad en la que viven mujeres y niños”.

La coordinadora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, enfatiza que el Observatorio nace porque hay excesiva retardación de justicia. Se han descubierto en Cochabamba casos de consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías que manipulan e impiden una correcta aplicación de la ley, pero también porque las víctimas abandonan sus casos porque ya no pueden pagar a sus abogados ni su transporte.

Cinco pilares

El proyecto, que funcionará inicialmente durante cinco años, tiene cinco pilares o componentes.

En el primero se establecerá un estudio jurídico con abogados penalistas que atenderán de manera gratuita a las víctimas de pocos recursos y harán un seguimiento, hasta el final de los procesos de violencia física, sexual, psicológica y/o económica para que no se sientan desprotegidas y para luchar contra la impunidad. La línea gratuita para comunicarse con el Observatorio es 800132323.

El segundo componente es el análisis de casos. Esto quiere decir que el estudio jurídico analizará los procesos legales de violencia y feminicidios, y en los casos en que se perciba la existencia de indicios de manipulación, corrupción y retardación de justicia flagrantes, hará pronunciamientos, denuncias y seguimientos, en coordinación con el colectivo Mujeres de Fuego.

El tercer pilar tiene que ver con la formación de un grupo de abogadas llamado Justicieras sin Fronteras. Las profesionales serán actualizadas en la normativa sobre violencia de género; recibirán capacitación para enfrentar cada etapa de un caso de agresión y/o feminicidio. Este proceso de actualización y capacitación tiene el fin de contar con abogadas sensibles y con el coraje suficiente para defender a las mujeres, a bajos costos, sin minimizar ni naturalizar los hechos de violencia.

La Coordinadora de la Fundación Voces Libres invitó a las abogadas, particularmente a las de los Servicios Legales e Integrales del Municipio (SLIM), a participar en estas actividades. Se pretende capacitar a 300 abogadas en un veintena de talleres en el año, que se realizarían cada 15 días con temáticas puntuales.

Cifras y empoderamiento

El cuarto pilar es el de control y seguimiento de cifras, feminicidios y violencia. La Fundación buscará crear alianzas con la Fiscalía Departamental y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), para reunir información certera y ofrecer datos fidedignos sobre la problemática. Además, se realizará un revisión hemerográfica diaria y seguimiento a medios digitales y audiovisuales.

El quinto componente está relacionado con el empoderamiento de las mujeres. Este capítulo menciona que las terapias psicológicas no son suficientes, razón por la cual se ve necesario capacitar y convertir a las víctimas en protagonistas de la prevención y acompañamiento a otras víctimas. Se anuncian talleres, conversatorios y terapias grupales en alianza con Mujeres de Fuego, #NiUnaMenos, y otros colectivos.

Mercedes Cortez anticipó también la realización de talleres de defensa personal, pero no con el afán de que una mujer en peligro pueda enfrentar a hombres violentos, sino que aprenda a utilizar determinadas técnicas para reducir a los agresores y tener la oportunidad de huir del lugar.

Habrá más dinero, pero lo poco que tienen las gobernaciones para proteger a las mujeres no lo usan desde 2015

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