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La sequía, los incendios y la cuarentena dejan en vilo a indígenas chiquitanos

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Por Miriam Telma Jemio (Guardiana)

Lunes, 20 de abril de 2020 (Bolivia).- Los indígenas de la Chiquitanía estamos en cuarentena desde hace un año. Así describe la situación de las comunidades Elmer Masai, cacique de la comunidad de Lomerío, en Santa Cruz. "Primero nos castigó la sequía, luego los incendios, la pausa ecológica y ahora la cuarentena".

Por eso, los indígenas de la Chiquitanía están en emergencia. Entre octubre y noviembre de 2019, fueron impactados por los incendios que acabaron con más de 4 millones de hectáreas en el país.

Ahora sus comunidades sufren la falta de alimentos y de dinero para sostener la cuarentena que rige desde el 22 de marzo para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país. Hasta el 19 de abril, 520 personas tienen la enfermedad en todo el país, 32 murieron, 31 se recuperaron.

No dejan ingresar a sus comunidades a extraños para evitar el contagio con el coronavirus. Como no pueden salir de sus territorios, el trabajo de los jornaleros ha cesado.

Ya no tienen dinero para comprar alimentos que también escasean en las tiendas. Por la falta de transporte, no pueden ir hasta los centros de abasto municipales para reabastecerse.

Demandan la atención de las autoridades y piden que se destine parte del Fondo Indígena para socorrerlos.

Las dificultades en Lomerío

En la comunidad de Lomerío, primero los incendios y luego la pausa ecológica los perjudicó. Por eso se retrasaron en la siembra y en la habilitación tradicional de cultivos de autoconsumo. Así lo hizo conocer Elmer Masai, cacique del territorio indígena de Lomerío (Santa Cruz).

“Mencionar al gobierno de turno nacional y departamental, prácticamente la Chiquitanía está en cuarentena desde agosto del año pasado”, resalta Masai, quien pide que las autoridades tomen en cuenta esa situación.

Tras los incendios en la Chiquitanía, el anterior Gobierno declaró pausa ecológica desde agosto de 2019, por lo cual no pudieron preparar la tierra para la siembra.

“Luego, la prohibición no se levantó y se vino la cuarentena que nos prohíbe ya trabajar. Hasta dónde vamos a dar. Ya nuestra economía está por el suelo. Ni siquiera podemos hacer agricultura de subsistencia. Y en todos los decretos (del actual Gobierno), no hay ninguno que esté dirigido a los pueblos indígenas que somos los sectores más vulnerables”, manifestó el líder indígena de Lomerío.

La comunidad de Lomerío, ahora en cuarentena.

Pocos alimentos en Yatierenda

En Yatierenda, una de las 11 comunidades de la capitanía Takovo Mora (municipio de Cabezas, Santa Cruz) acatan la cuarentena. Pero las dificultades han aumentado porque los alimentos en las tiendas se han agotado y por la falta de transporte no pueden reabastecerse. Deben ir hasta los municipios de Cabezas o Abapo.

“Esto representa gastar más dinero en trasporte. En comparación con las épocas sin cuarentena, era más barato. Además, por la cuarentena los ingresos económicos de las familias se han reducido porque ya no hay el trabajo de jornalero”, lamenta Miguel Justiniano, capitán de la comunidad indígena guaraní de Yatierenda.

A ello se suma, que por la sequía y, luego, los incendios sus cultivos de autoconsumo de maíz, frejol y calabazas fueron afectados. Y los que lograron salvarlos, recién en dos meses podrán cosechar. Mientras, principalmente las mujeres, buscan cómo conseguir alimentos.

“En esta cuarentena estamos sufriendo. Así como la Presidenta decreta nosotros estamos cumpliendo. Pero aquí muchos hermanos comunarios no contamos con muchos recursos. Los que tenemos que salir a trabajar ya no estamos saliendo. Tampoco tenemos vehículos para trasladarnos”, explica Miguel Justiniano.

En lo único que pueden transportarse es en moto por 30 bolivianos. Un costo privativo para su economía, más ahora que no están trabajando. La mayoría de los varones son jornaleros. En Yatierenda pocas familias lograron cosechar maíz y frijol.

Para lo que sí ha llegado el municipio es para fumigar las calles, pero no para atender sus necesidades. “Necesitamos el apoyo de la Gobernación y el municipio para abastecer la canasta familiar”, remarca el líder indígena de Yatierenda.

San José, sin semillas

Los afectados relatan que solo en las comunidades indígenas se acató la pausa ecológica, mientras los grandes ganaderos y agroindustriales siguieron chaqueando y deforestando sin control.

“Como mujeres, somos las más afectadas. Especialmente en la Chiquitanía venimos ya afectadas de lo que ha pasado. El tema de la sequía e incendios en nuestros chacos ya no tenemos nada. Hasta la semilla que teníamos que sembrar, todo lo hemos perdido. Estamos sufriendo mucho las mujeres porque somos las que tenemos que ver qué hay para la familia”, cuenta Rosa Taquepi, de la comunidad San José, del municipio de San Rafael de Velasco (Santa Cruz).

Taquepi afirma que ni la Alcaldía ni la Gobernación llegan hasta la comunidad para paliar sus necesidades. “Los indígenas son los últimos en beneficiarse de algo del Estado, peor los bonos que están saliendo. No se puede salir de la comunidad, como hay que esperar el número de carnet, y peor a pie es muy difícil salir”, se lamenta la indígena guaraní.

Al igual que en otras comunidades indígenas, piden que se envíen banco móvil para el cobro de los bonos, sobre todo porque los ancianos no pueden caminar tantos kilómetros. Incluso para Lomerío, donde la entidad financiera que atiende desde la pasada semana no es suficiente.

Solo pagan a 50 personas por día. Eso se complicará toda vez que a partir de esta semana se van a pagar más bonos.

Tatarenda Nueva, sin azúcar

En Tatarenda Nueva, otra comunidad guaraní, la situación es similar, cuenta una líder indígena. Afirma que son días críticos, sobre todo para quienes viven del día a día y no tienen sembradíos.

“Hemos evitado que llegue gente foránea y que también salgamos, pero estamos viendo que están empezando a escasear los alimentos. Podemos conseguir choclos, pero azúcar ya no hay. Estamos viendo con un grupo de mujeres que somos cabeza de familia, qué podemos hacer”, dijo Lourdes Miranda, líder (mburubicha) de la comunidad de Tatarenda Nueva, del municipio de Gutiérrez.

Miranda tiene media hectárea de choclos. Ha dejado que otros indígenas se lleven a una bolsa. Eso se está acabando, mientras cumplen la cuarentena. Lo que lamenta es que en la ciudad de Santa Cruz no se estén cuidando. “La gente no ayuda en cuidarse. ¿Para qué ya estamos custodiando que no entren ni salgan de la comunidad?”.

La líder guaraní cuenta que las comunidades están a 10, 20 y 30 kilómetros del centro poblado, por lo que no pueden movilizarse porque la policía está controlando.

Los cultivos de Tatarenda Nueva en 2018. Este año, no pudieron sembrar.

Piden dinero del Fondo Indígena

Un pedido generalizado de las comunidades indígenas es que parte del dinero del Fondo Indígena sea utilizado para atenderlas. Todos los proyectos están paralizados. En esta región debían servir para sembrar, pero no se puede, entonces, que esos fondos inviertan en darles soluciones.

“Una sugerencia tenemos, un fondo indígena desearía que pudieran sacar para colaborar y hacer algo por las comunidades indígenas de la Chiquitanía. Tal vez esos recursos puedan paliar las necesidades más importantes que tienen las comunidades”, dice Rosa Taquepi, de la comunidad San José.

Exigen que hagan algo porque la emergencia está llegando a las comunidades. Considera que los bonos solo los alborotan porque incluyen requisitos que no los pueden cumplir. Por ejemplo, para los cobros de los abuelos cómo van a entrar a la página web para dar la autorización.

“Por una vez, deberían disponer parte del Fondo Indígena para ayudar a los territorios indígenas que estamos más marginados, peor si no hay dinero. También, los de la CAO, la CAINCO y la ANAPO, que nos intoxican, nos llenan de agrotóxicos, deben tocarse el corazón para desplazar los víveres a las comunidades”.

Como prácticamente con el decreto de la pausa ecológica está prohibido chaquear, prohibido hacer desmontes, entonces de qué sirve que el dinero del Fondo Indígena esté paralizado, se pregunta Elmer Masai, quien sugiere usar ese dinero en un programa de emergencia para las comunidades indígenas.

Incluso podría servir para comprar los insumos necesarios para la protección de bioseguridad del personal de salud en las comunidades indígenas porque en este momento está expuesto a contraer la Covid-19.

En la misma situación de riesgo se encuentran los caciques y corregidores, en los puestos de control instalados para evitar el ingreso de personas ajenas a sus comunidades.  

En las comunidades indígenas de la Chiquitanía no se implementan los proyectos del Fondo Indígena por la pausa ecológica. Quieren que ese use parte de ese dinero para socorrerlos.

Sin políticas para atender sus necesidades

Para el Cejis, la actual pandemia desnuda el abandono y la carencia de políticas públicas y protocolos interculturales que deben emanar desde el Estado para atender la emergencia en el área rural, en especial en pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad y aislamiento voluntario que constituyen un grupo de riesgo.

Los pueblos indígenas se han organizado en sus territorios asumiendo su derecho a la libre determinación, para respetar la cuarentena y asumir medidas de aislamiento social, pero en especial para proteger su derecho a la vida y su sobrevivencia, en el marco del espíritu del Estado Plurinacional.

Si bien hasta el momento no se han reportado casos positivos de coronavirus en los territorios indígenas, la carencia de hospitales, personal de salud y medicamentos, la presencia de pacientes diagnosticados en centros poblados cercanos a estos territorios y la falta de protocolos específicos para el tratamiento de los casos en áreas rurales, ponen en situación de indefensión a estas colectividades, alerta el Cejis.

Ante esa situación, las organizaciones departamentales y regionales de los pueblos indígenas del oriente, Chaco y Amazonía, entre el 26 de marzo y el 11 de abril emitieron diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y resoluciones, además de asumir algunas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en sus territorios. 

Lea también: Los indígenas muestras su situación en pronunciamientos de sus organizaciones

Se pronuncia la CIDH

El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución denominada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.

La misma menciona que “las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”.

La CIDH hace una serie de recomendaciones, principalmente sobre las poblaciones más vulnerables. En relación a la situación de los pueblos indígenas de la región, recomienda a los Estados miembro: 

1) Proporcionar información sobre la pandemia en su idioma tradicional, estableciendo, cuando sea posible, facilitadores interculturales que les permitan comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia.

2) Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio del virus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia.

3) Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

4)  Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) dispuestos en el Convenio.

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