0

Por Miriam Telma Jemio, desde Madrid (España)

Martes 17 de diciembre de 2019.- Sin participar con delegación oficial en las negociaciones de la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas, Bolivia se abrió al mercado de carbono, tras 13 años de rechazar el mecanismo de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). El anuncio lo hizo la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, durante su escueta presencia en la sede de la COP 25, en Madrid, generando la alerta de las ONG bolivianas presentes en el evento.

El Gobierno de transición de Bolivia lleva apenas un mes en el poder y no tuvo tiempo de fijar una postura sobre los compromisos asumidos por la gestión del expresidente Evo Morales, durante la cual se presentaron las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C.

Por esa razón, Bolivia no participó en las negociaciones y para la COP 26 recién se tendrá una posición, explicó el viceministro de Medio Ambiente, Carlos Rivadeneira. Y al parecer, también se tendrán nuevas NDC elaboradas de manera participativa con todos los actores de la sociedad, de acuerdo al compromiso que asumió Pinckert durante su reunión con representantes de ONG bolivianas en la sede la COP 25.

Delegaciones oficiales en el plenario de la COP 25, en Madrid (España).

Aunque eso no impidió que la ministra formule la nueva postura boliviana, sin consensos dentro del país, y justo cuando los negociadores en la COP 25 debatían sin anuencia el cómo implementar ese mercado y que finalmente se postergó para la COP 26.

Durante las dos semanas que duró la cumbre, ambientalistas, ONG, indígenas y jóvenes se han pronunciado en contra de los mercados de carbono porque consideran que son una falsa solución al problema del cambio climático. Las ONG de Bolivia no han sido la excepción.

Organizaciones como Diakonia, Christian Aid, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifiestan su preocupación por la nueva postura boliviana y han recomendado al Gobierno no tomar decisiones apresuradas y ver también que existen alternativas al mercado de carbono.

Los negociadores realizan las consultas del texto el 14 de diciembre.
Los bonos de carbono de Bolivia

La ministra Pinckert, además de pedir apoyo para la restauración de la Chiquitanía que fue abrumada por los incendios y de señalar al gobierno de Evo Morales como responsable de varios problemas ambientales, adelantó que se retomarán proyectos vinculados a “los bonos de carbono”.

“Con las mentiras que vivimos con el anterior gobierno (de Evo Morales), nunca quisieron ser parte de la venta de los bonos de carbono. Hoy queremos restituir lo que hemos perdido y estamos para que todos ustedes nos ayuden y decirles que somos muy honestos y muy sinceros. Recibimos la ayuda de todos ustedes los científicos, profesiones, toda la ayuda internacional que nos puedan dar que sean capaces de ayudarnos para que podamos reconstruir nuestra amada Chiquitanía”, dijo la autoridad ambiental de Bolivia.

A la pregunta de Guardiana: ¿Eso quiere decir que Bolivia se abre al mercado de carbono? Pinckerl respondió: “Lo que yo estoy diciendo es que Bolivia tiene que buscar con prioridad la restauración de sus bosques. Y lo que yo dije es que nosotros en el año 2004-2005, en el nivel municipal, teníamos un proyecto para venta de carbono, y que las políticas del Gobierno que estuvo 14 años no lo aceptaba”.

“Por lo tanto -añadió- volveremos a recuperar esos proyectos, para poder poner en contexto que si Bolivia puede vender y participar en los mercados de carbono (bonos de carbono), para que tengamos intervenciones de organismos internacionales y del mundo entero de que en Bolivia se está cuidando el medio ambiente, pues tenemos que hacerlo. Porque este nuestro Gobierno es un Gobierno transitorio que tiene que tener mucha responsabilidad y también tiene que ir a luchar contra el narcotráfico en nuestro país”.

Ariel Chávez, miembro de la ONG Diakonia, señala que el trabajo de las ONG cambia de lugar. “No haremos incidencia aquí (Madrid), sino en el país. La representación que ha tenido Bolivia ha sido por un par de horas en la COP 25. Lo que tenemos que hacer es llevar las conclusiones más relevantes a nuestros países, porque hay obligaciones para el próximo año para todos los estados, y empezar a trabajar con las autoridades bolivianas”.

De manera general, muchos países en vías de desarrollo están a favor de los mecanismos de carbono, dice Chávez, “si Bolivia va a adoptar ese camino es labor de la sociedad civil orientar esa transición para que se incluyan salvaguardas para los pueblos indígenas, para que no sean desplazados dentro de sus propios territorios, para que se cuide la integridad y territorialidad que tanto les ha costado a los indígenas lograr. Y también que sea más beneficiosa para los derechos humanos”.

Falsas soluciones al cambio climático

El principal argumento que esgrimen las ONG y ambientalistas es que los mercados de carbono no comulgan con el objetivo del Acuerdo de París. “Es preocupante que Bolivia plantee retomar los proyectos de bonos de carbono, cuando su aplicación ha demostrado que no son una verdadera solución al cambio climático porque no han reducido las emisiones. Permiten evadir el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales al transferirlas a proyectos que se financian en otros países”, explica Martín Vilela, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

Entre otras razones, los mercados de carbono, vetados en la gestión de Evo Morales porque los consideraba una mercantilización de la madre tierra, conllevan riesgos como la doble contabilidad o la piratería de bonos y, además, fomentan e impulsan el acaparamiento de la tierra y el desplazamiento de los territorios indígenas. Esto es precisamente lo que reclaman indígenas de varias regiones del orbe, sobre todo porque sus derechos son vulnerados porque no se aplica la consulta previa e informada como señala el Convenio 169 de la OIT.

Mecanismo de no mercado

Durante el Gobierno de Morales, dentro de las negociaciones en la Convención de Cambio Climático, Bolivia insistió en que se contemplen alternativas al mercado de carbono para bajar emisiones de gases de efecto invernadero y así lo establece el Acuerdo de París en su artículo 4.

Con ese fin, el país elaboró e implementó el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de Bosques que está a cargo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), entidad estatal responsable de implementar las políticas sobre cambio climático en Bolivia.

Con fondos de la cooperación danesa, más 14 millones de bolivianos (algo más de dos millones de dólares), inició la implementación de ese Mecanismo con la ejecución de 11 proyectos (que incluyen la construcción de viveros, desarrollo de plantines, así como la reforestación y forestación), en nueve municipios de los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

Ese trabajo ha sido criticado por la pequeña dimensión de los proyectos comparado con el compromiso de contar con 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable y 4,5 millones de hectáreas reforestadas para el año 2030.

Desde este año, el Mecanismo tenía planificada la ejecución de tres proyectos (en 30 meses), con el apoyo de la Unión Europea y en coordinación con países como Perú, Panamá, Argentina, Paraguay y Brasil, para beneficio de las comunidades locales. No se conoce si los proyectos proseguirán tomando en cuenta que, hace apenas un mes, se cambió de Gobierno que ahora está bajo la administración de la presidenta Jeanine Áñez.

Nuevas NDC

Las ONG, que conversaron con la ministra Pinckert y el viceministro Rivadeneira, han ponderado la decisión del Gobierno de construir nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que acorde al Acuerdo de París deben ser actualizadas hasta agosto de 2020. El compromiso de Bolivia, presentado en 2016, contempla metas a corto plazo como la deforestación ilegal cero para 2020 y la reforestación de más de medio millón de hectáreas boscosas para el próximo año.

Varias organizaciones ambientales ya habían alertado de que sería imposible para el país cumplir con esos compromisos voluntarios, más aún, por los incendios registrados este año en la Chiquitanía que terminaron con más 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales.

Para Sandra Bustamante, representante de la ONG We Effect, es importante la apertura de la ministra Pinckert a la participación de diferentes organizaciones en la elaboración de las nuevas NDC. “Creo que es positivo que haya mostrado apertura para revisar y ajustar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Volverlas a trabajar con la participación de ONG, indígenas, la academia, con diferentes organizaciones que pueden dar un soporte técnico a la propuesta boliviana como es el caso de la Plataforma Boliviana con la que trabajamos estrechamente estos temas”.

La indígena mosetén Wilma Mendoza, representante de las mujeres indígenas de Bolivia, dijo que toman la palabra a la ministra y contribuirán a la elaboración de los nuevos compromisos frente al cambio climático. Sobre los mercados de carbono, señaló que el proceso contra el cambio climático es de largo aliento y este Gobierno es de transición, por tanto, su propuesta no se puede tomar como algo definitivo.

“Estuvieron muy abiertos a que la sociedad civil aporte técnicamente sobre las negociaciones. Se tiene que reforzar los conceptos de las NDC y sobre lo que significan los mercados de carbono. Valoramos que haya mencionado las salvaguardas en su discurso”, manifestó Liceette Chavarro, de la ONG Christian Aid.

Fue bueno escuchar una posición sobre el proceso dentro del país como es la recuperación de la Chiquitanía, pero está claro que no contemplaban pasar al nivel internacional y participar de las negociaciones en el seno la COP 25, dijo Chavarro.

Subir la ambición climática

Un grupo de ONG que trabajan en temas relacionados al cambio climático ha pedido al Gobierno subir la ambición climática de Bolivia, lo que implica mejorar o cambiar las NDC actuales. La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático junto a CIPCA, Unitas, Fundación Jubileo, Soluciones Prácticas y Cejis, entre otras, señalan que las megahidroeléctricas y los biocombustibles son falsas soluciones al cambio climático, por tanto, no tienen que estar dentro de las NDC de Bolivia.

Martín Vilela, miembro de la CPFCC, explicó que los NDC de Bolivia contemplan compromisos que plantean el cambio de la matriz energética con energías alternativas generadas por megahidroeléctricas (como los proyectos Chepete–El Bala y Rositas), para lo cual se deben construir grandes represas que se sabe son grandes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI), por tanto, no es una solución real al cambio climático.

Lo mismo sucede con la generación de energía a través de agrocombustibles. Para su producción en el país se requiere ampliar la frontera agrícola, lo que implica mayor deforestación y, en consecuencia, el aumento de las emisiones de GEI, entre otros problemas asociados a los biocombustibles, señala Vilela.

Para los miembros de la PBCC y otras ONG, las plantaciones comerciales de bosques, los agrocombustibles, las megarepresas y la energía nuclear también son consideradas falsas soluciones.

Fracaso de la COP 25

La vigésima quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, realizada desde el 2 al 15 de diciembre (la más larga de la historia de esta Convención) en Madrid, España, no logró su principal objetivo de elaborar las reglas bajo las cuales se implementarán los mercados de carbono establecidos en el Artículo 6 del Acuerdo de París.

La decisión final de la COP25 “reitera con gran preocupación la urgente necesidad de abordar la importante brecha entre el efecto agregado de los esfuerzos de mitigación de las Partes en términos de emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero para 2020 (...)”, al tiempo que “subraya la urgencia de una mayor ambición para asegurar los mayores esfuerzos de mitigación y adaptación posibles de todas las Partes”.

A pesar de las claras advertencias de los científicos sobre la pérdida de diversidad, los riesgos a los que se enfrentan tanto las tierras como los océanos, entre otros, las multitudinarias protestas en todo el mundo y los graves impactos climáticos sucedidos en el último año, los Estados y gobierno no han respondido acorde a la urgencia de actuar frente a la crisis climática global.

Los observadores (ONG, ambientalistas, indígenas y jóvenes) han coincidido en señalar a los países del G20 como los responsables de este fracaso. Apuntan a Estados Unidos, Brasil, Australia, Arabia Saudita y las principales compañías de petróleo, gas y carbón de socavar la ambición climática.

Indígenas y la sociedad civil han insistido en que el Artículo 6 debe conseguir unas reducciones reales de emisiones que promuevan el desarrollo sostenible, aseguren la integridad ecológica y eviten la doble contabilidad, pero que al mismo tiempo se deben proteger los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Se insiste en que cualquier mecanismo futuro bajo el Artículo 6 debe incluir salvaguardas socio ambientales específicas basadas en derechos. Este tema ha sido introducido por Bolivia. La ministra de Medio Ambiente, durante su intervención en la plenaria de la COP 25, solicitó que se incluyan salvaguardas a los derechos humanos, pueblos indígenas y pueblos locales. Esto ha sido ponderado por la ONG en su pronunciamiento.

Puntos de la decisión de la COP 25

1. Mercados de carbono: no lograron un acuerdo. En las últimas horas de las negociaciones, más de 30 países se unieron a los Principios de San José en un esfuerzo por preservar la integridad de las reglas en el mercado de carbono y evitar tanto las lagunas como la posibilidad de duplicar el conteo de los créditos.

2. Pérdidas y daños: se estableció la red de Santiago para liderar más trabajo sobre la implementación para ayudar a los países vulnerables a minimizar, evitar y recuperarse de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. El texto final es más débil que sus versiones anteriores.

En términos de financiación, “insta” a los países desarrollados y otras Partes que estén en condiciones de hacerlo, así como de las organizaciones privadas y no gubernamentales, los fondos y otras partes interesadas, a aumentar el apoyo a las naciones más vulnerables; pero solo invita a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) a seguir proporcionando recursos para pérdidas y daños, y la invita a tener en cuenta, dentro de su mandato, las líneas de trabajo estratégicas del Comité Ejecutivo de la Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM, por sus siglas en inglés).

3. Océanos y Tierra: se iniciará una nueva labor en el marco de la ONU sobre el océano y el cambio climático para estudiar cómo fortalecer las medidas de mitigación y adaptación en este contexto, así como sobre cuestiones relacionadas con la adaptación en relación a la tierra y el cambio climático (con datos de la UNFCC).

Roboré, defensores del agua dulce

Noticia Anterior

Cumbre de Cochabamba acuerda 12 tareas para luchar contra la violencia

Siguiente Noticia

Comentarios

Deja un Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *