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13 organizaciones indígenas siguen esperando respuesta a sus urgentes pedidos

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Guardiana (Bolivia)

Lunes, 20 de abril de 2020.- Los pueblos indígenas de Bolivia y de toda la región son los más vulnerables a pandemias como la provocada por el coronavirus (Covid-19), principalmente por el deficiente servicio de salud con el que cuentan en sus comunidades.

Sumada ahora la cuarentena total que rige en el país, los indígenas de tierras bajas están en estado de emergencia sanitaria para evitar que la Covid-19 se propague en sus territorios. Han dispuesto que ningún foráneo ingrese a sus comunidades y que nadie salga de las mismas.

Sin embargo, esta situación es insostenible porque, entre otros aspectos, los alimentos se les están acabando y no tienen posibilidades de reabastecerse porque, en su mayoría, no cuentan con vehículos para salir a los centros poblados y tampoco con los suficientes recursos económicos.

Frente a esta situación, las organizaciones que aglutinan a los indígenas emitieron diferentes pronunciamientos, cartas, comunicados y resoluciones dirigidos principalmente a la presidenta Jeanine Áñez para hacer conocer sus necesidades y pedir que sean atendidas.

No hubo una respuesta específica dirigida a los pueblos indígenas desde el Gobierno, aunque las nuevas medidas económicas como los bonos Familia y Universal que aplican a todos los bolivianos, responden a algunas de sus demandas.

Un monitoreo realizado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), sobre la pandemia provocada por el coronavirus, concluye que las demandas de los pueblos vulnerables en el país son similares y se concentran en la inclusión de las medidas adoptadas por las autoridades para prevenir un mayor avance de la Covid-19.

Organización Indígena Chiquitana (OICH)

El 1 de abril, en su pronunciamiento público, la Organización Indígena Chiquitana (OICH) demandó:

  • Solicita la realización de campañas de información en idiomas nativos.
  • Pide la capacitación del personal de salud de la comunidad.
  • Reclama por el abastecimiento de productos alimenticios.
  • Exige un plan de emergencia para recuperar la soberanía alimentaria en las comunidades.
  • Pide la dotación de insumos.
  • También necesita equipos de bioseguridad.
  • Y requiere medios de transporte para la atención médica.
  • También demanda recursos económicos del Fondo de Desarrollo Indígena para hacer frente a la situación.
  • Necesita créditos de capital semilla.
  • Pide la condonación de las facturas por consumo de los servicios básicos y la pausa en el pago de créditos bancarios.
  • Solicita el pago de los bonos por parte de una comisión de las FF.AA.
  • Pide un informe de los presupuestos que tienen los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria, entre otros.
Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)  

El 28 de marzo, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) planteó sus demandas en tres áreas: salud, seguridad y economía.

  • Salud: el ingreso de brigadas médicas y campañas de información en idiomas nativos, dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud, capacitación a promotores de salud local.
  • Seguridad alimentaria: dotación de la canasta familiar para las 10.000 familias afiliadas a los 10 pueblos y naciones indígenas de la organización.
  • Economía: la condonación de las facturas de consumo de los servicios básicos; la pausa en el pago de créditos bancarios, proyectos de resiliencia para casos como la Covid-19, además de préstamos financieros destinados a la producción de alimentos. 
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

El 27 de marzo, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) solicitó:

  • Salud y alimentos: “La atención inmediata y prioritaria con implementación de medicamentos y primeros auxilios en prevenir la Covid-19 y, al mismo tiempo, dotación de víveres para nuestras familias guaraníes en las diferentes comunidades que están asentadas en los tres departamentos de Bolivia”.
  • Coordinación: En el documento explican: “Nuestros hermanos y hermanas viven del trabajo diario y, además, nuestras comunidades son dispersas y de difícil acceso, es por ello que instamos a su autoridad a que haya una buena coordinación con cada una de las autoridades guaraníes de las capitanías zonales y con cada alcalde y/o alcaldesa de los municipios de nuestro territorio y con el Gobierno Autónomo Charagua Iyambae”.
  • Regular precios, banca móvil y reducción de salarios altos: El 3 de abril, la APG de la Zona Yaku Igua en un manifiesto demandó a los diferentes niveles de gobierno garantizar el abastecimiento de los centros de salud; el equipamiento y los equipos de bioseguridad para atender a los pacientes de la Covid-19 en los centros hospitalarios; así como normar los precios de la canasta familiar, el funcionamiento de la banca móvil para evitar aglomeraciones en Yacuiba y la reducción de salarios de la Presidenta, ministros, gobernador, alcaldes, etc. El 29 de marzo, la APG de la Capitanía de GKK envió una carta al Banco Unión regional Camiri, solicitando apoyo de su servicio para viabilizar pagos in situ a adultos mayores y al personal de los centros de salud y las AFP, respectivamente, a nivel de la TCO. 
La Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

El 26 de marzo, la Subcentral de Pueblos Indígenas: Mojeños-Yuracaré-Chimane del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) demandó la atención en salud, equipamiento y medicamentos para todas las comunidades del territorio, la dotación de la canasta familiar y la asistencia social.

Pide un plan de nutrición materno-infantil para el territorio, además de información clara y oportuna sobre la pandemia.

Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL)

El 27 de marzo, la CICOL, en un pronunciamiento público, demandó la coordinación de los diferentes niveles de gobierno ante la crisis de salud; el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.

Además, exigió a la Presidenta coherencia con los pronunciamientos que emite al país; el cierre de fronteras y aeropuertos a las personas extranjeras, como una medida necesaria ante la crisis; y la condonación de las facturas de consumo de los servicios básicos.

Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM-B)

El 28 de marzo, la CEPEM-B, también en un pronunciamiento público, demandó garantizar el derecho a la salud de las familias indígenas, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno ante la emergencia de salud, el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.

Pide la llegada de brigadas médicas y campañas de información en su idioma nativo, además de la lucha contra otras enfermedades en su territorio como el dengue, chicunguña, tuberculosis, diabetes y otras.

Territorio Indígena Yuqui (TCO-Yuqui)

El 1 de abril, el pueblo Yuqui, uno de los considerados altamente vulnerable y en riesgo de extinción, demandó en su pronunciamiento el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar, el pago de los diferentes bonos a los adultos mayores y mujeres embarazadas.

Pide el cumplimiento de la Ley No. 450/2013 de Protección a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y la Ley Departamental Ley No. 560 de Cochabamba de Protección al pueblo Yuqui.

Señala también que las políticas sociales emitidas por el Gobierno central no se adecúan a su realidad.

Indígenas yuquis en una asamblea.
Organización Indígena del Pueblo Cavineño de la Amazonía (OICA) 

El 2 de abril, la OICA demandó garantizar el derecho a la vida de las familias indígenas del territorio; el cumplimiento de la Ley No. 450/2013 que aplica a pueblos en situaciones de alta vulnerabilidad; la atención de enfermedades como el dengue; el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar.

Pide el pago de los diferentes bonos a los adultos mayores y mujeres embarazadas en su territorio.

Demanda la implementación de puestos de control en los ingresos al territorio en coordinación con su dirigencia, y la reactivación de la producción familiar y comunitaria para coadyuvar y dinamizar la economía indígena y superar la crisis.

Organización de Mujeres Indígenas de San Rafael de Velasco (OMIRV)

El 3 de abril, la OMIRV demandó la coordinación y la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud; el apoyo a los puestos de control territorial para prevenir la pandemia; la entrega de la canasta familiar.

Quiere que el pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en los territorios, a través de brigadas de autoridades locales.

Pide también el acceso a los beneficios del Banco de Alimento Solidario, políticas y programas para la Chiquitanía, además de visibilizar el trabajo de las mujeres, en lo rural y urbano, en la gestión de la emergencia y la post cuarentena.

Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI)

El Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) demandó de manera urgente más personal de salud, la dotación de insumos y equipos médicos para patologías como dermatosis, infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS).

Pide el abastecimiento de productos alimenticios y la entrega de la canasta familiar, además del pago de los diferentes bonos a personas de la tercera edad y mujeres embarazadas en los territorios; combustible para el transporte y el traslado de pacientes de la comunidad por el río, entre otros. 

Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas de San Ignacio de Velasco (OMICH-SIV)

El 3 de abril, la OMICH-SIV demandó garantizar el derecho a la salud y la vida; la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud; la organización de una logística de traslado de pacientes; el combate del dengue; la coordinación con los responsables de salud para implementar las medidas de prevención del contagio de la Covid-19.

Pide la entrega de la canasta familiar y el pago de los diferentes bonos a través de brigadas locales; la llegada de la ayuda del Banco de Alimento Solidario al territorio y la inclusión de las mujeres en espacio rural y urbano, en las políticas en la etapa poscuarentena.

Comunidad San Pablo de la Chiquitanía.
Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC)

El 11 de abril, la Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC), en cartas dirigidas además al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, demandó la dotación de alimentos y víveres para las 50 comunidades del área rural, integradas por 2.700 familias de bajos ingresos económicos, a quienes no estaría llegando la ayuda establecida por estas autoridades.

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)

La CNAMIB, en un manifiesto público, planteó 17 demandas frente a la emergencia por el coronavirus. Pide la coordinación de los diferentes niveles de gobierno en la implementación de la cuarentena; la atención a enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, malaria y otras que azotan los territorios indígenas.

Sobre la alimentación pide la entrega de la canasta familiar y el pago de los diferentes bonos a través de brigadas locales; la activación del Fondo de Desarrollo Indígena para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Pide el diseño e implementación de políticas y programas de emprendimientos económicos y productivos para hacer frente a la crisis.

Su pronunciamiento pone énfasis en la promoción del trabajo de las mujeres indígenas y urbanas en los procesos de gestión sanitaria; y visibilizar y combatir la violencia de género, el maltrato infantil y el acceso a la justicia por el incremento de casos en este tiempo, entre otros.

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