Por Guardiana (Bolivia) y foto de portada de ABI
Martes 17 de agosto de 2021.- El martes 17 de agosto no fue un día cualquiera. Bolivia y la comunidad internacional conocieron el contenido del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre las vulneraciones a más de 10 derechos humanos cometidas entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en Bolivia, entre ellas contra mujeres por parte de policías y civiles.
Entre los derechos humanos vulnerados, dicho grupo identificó el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la honra, dignidad y vida privada, derecho a garantías judiciales y debido proceso, libertad de expresión, derechos de reunión y libertad de asociación, derecho a la no discriminación, derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, derecho a la salud, derecho a la propiedad y derecho al trabajo.
En el caso de las mujeres, las agresiones sufridas fueron de todo tipo, incluyendo la violación sexual. "El GIEI destaca que el uso de la violencia en contra de las mujeres durante la crisis de 2019 se caracterizó por ser una violencia diferenciada, e incluyó tocamientos de carácter sexual, amenazas de posibles violaciones sexuales e insultos basados en estereotipos sobre los roles de género de las mujeres".
El texto de 471 páginas denominado "GIEI-Bolivia: Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019" alerta que "debido a variadas razones, es muy probable que existan otros casos de violencia sexual que no llegaron a ser documentados por el GIEI. Estas razones incluyen el temor y falta de confianza en declarar sobre actos de violencia sexual, el estigma asociado con este tipo de violencia, el abordaje estereotipado y victimizante por parte de miembros de la fuerza pública y del sistema de justicia, y el hecho de que muchas veces no se reúnen las condiciones adecuadas, de tiempo y otras, para que las personas lleguen a describir los actos de violencia sexual durante una entrevista.
Durante la presentación del informe este martes 17 de agosto, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron al Estado y al Gobierno bolivianos voluntad política para impulsar los siguientes pasos en pos de aclarar la verdad de los hechos, alcanzar la justicia en los diferentes casos de vulneraciones y resarcir a las víctimas de manera integral. El presidente Luis Arce Catacora dio su palabra de que así será.
En el mismo informe, el GIEI indica la necesidad de "priorizar la investigación de la violencia sexual y en razón de género, de acuerdo con los lineamientos anteriormente mencionados en este capítulo. En relación con casos donde se evidencie o denuncie violencia sexual y en razón de género, ordenar la toma de declaraciones por personal debidamente capacitado, en presencia de un representante legal o de una persona de confianza, si lo requiere, evitando la revictimización de las víctimas y aplicando un enfoque de género".
De cumplirse los anuncios realizados tanto por parte de la Comisión de Derechos Humanos como por parte del Presidente boliviano este martes, lo que correspondería en estos casos de violaciones sexuales es que la Fiscalía reúna las pruebas y presente una acusación formal en la justicia contra todas las personas que hayan cometido tales vulneraciones. Sin embargo, la misma Comisión alertó este martes sobre la necesidad de que los casos sean tratados y juzgados con independencia, motivo por el que incluso recomendó que las y los jueces sean elegidos de manera transparente.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El documento fue firmado por la entonces canciller del gobierno de Jeaninen Áñez Karen Longaric y el entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. El trabajo de dicho grupo se instaló el 23 de noviembre en La Paz.
Violencia sexual en Bolivia
Bolivia es el segundo país de América Latina con más altos índices de violencia sexual. De acuerdo con la ONU, 7 de cada 10 mujeres en Bolivia en algún momento de su vida han sido víctimas de abuso sexual y solamente 0,04% de esos casos ha tenido una resolución judicial. En Bolivia, la tasa de feminicidios en 2018 fue de 2,3% por cada 100.000 mujeres, la tercera más alta de América Latina y la más alta de América del Sur.
La violencia sexual comprende diferentes actos de naturaleza sexual cometidos de forma coercitiva o que afecten la autonomía sexual de la víctima. "La Corte IDH ha establecido, en conformidad con lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará y con la jurisprudencia internacional, que la violencia sexual 'se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno'”.
"GIEI-Bolivia: Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019"
"La definición de violencia sexual comprende tanto la violación como otras agresiones sexuales en forma de 'tocamientos' o 'manoseos' de naturaleza sexual, los golpes u otros ataques a los órganos sexuales y reproductivos, y otros actos que ni siquiera involucren contacto físico. Por ejemplo, la Corte ha considerado que ser forzado/a a desnudarse, o permanecer desnudo/a en situaciones en las cuales las víctimas se encuentran bajo el control de agentes de autoridad es una forma de violencia sexual, que atenta directamente contra la dignidad de las víctimas, y que ocasiona grave sufrimiento psicológico y moral por el temor causado ante la posibilidad de que la violencia se extreme aún más. Asimismo, la Corte ha estimado que los insultos, abusos verbales y amenazas con connotaciones sexuales y discriminatorias por razones de género también constituyen violencia sexual".
No hay que olvidar que las amenazas de violación son consideradas en sí mismas formas de violencia sexual, y constituyen actos de tortura o malos tratos debido al sufrimiento psicológico que generan. Los insultos de carácter sexista y con componentes de discriminación por razón de género constituyen ataques a la honra, dignidad y privacidad de las víctimas, así como sufrimiento psicológico.
Si bien el informe incluye varios casos de vulneración de derechos de mujeres, Guardiana recoge dos como una muestra de lo ocurrido: uno supuestamente perpetrado por policías y el otro por civiles que atacaron a una caravana.
Caso de violación sexual con policías involucrados
"Una de las mujeres detenidas el 11 de noviembre en El Alto refiere que sufrió tocamientos de carácter sexual en la EPI 3, donde policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían 'bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS'. Más tarde, en la FELCC, la hicieron desnudarse y ella pensó que la iban a violar debido a que ya la habían amenazado con hacerlo. Debe destacarse que esta víctima fue detenida cuando buscaba a sus familiares que habían sido retenidos por civiles y, al llegar la policía en ese momento, ella también fue detenida. Por eso, este caso es ilustrativo de la condición de vulnerabilidad en que frecuentemente se encuentran las mujeres que van a buscar información sobre sus familiares hombres. Esta mujer fue víctima de varios actos de violencia sexual, incluso de violación, cuando policías le insertaron un dedo en la vagina".
"Además, ella estaba embarazada de algunas semanas en el momento de los hechos. Si bien no está claro si los policías lo sabían, durante su custodia le propinaron golpes en el estómago y espalda, toques eléctricos en la espalda y no recibió agua ni comida durante los tres días en que estuvo en las celdas judiciales, donde sentía mucho frío. La víctima fue transferida a la cárcel de Obrajes y permaneció detenida durante cuatro meses. Debido a los tratos que recibió, como ser obligada a cargar pesos, temía sufrir un aborto. Si no antes, durante este periodo, las autoridades médicas de la cárcel debieron haber tenido conocimiento de su embarazo. Por lo tanto, también fue objeto de violencia reproductiva durante varios meses. De hecho, el artículo 232, I-7 del Código de Procedimiento Penal dispone que no procede la detención preventiva cuando se trate de mujeres embarazadas".
Casos de violencia sexual con civiles involucrados
Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), estudiantes de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Sucre, docentes de la Federación de Profesores del Área Urbana de Chuquisaca, miembros de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras plataformas ciudadanas se organizaron para ir a La Paz. De acuerdo con testimonios recibidos por el GIEI Bolivia, la movilización estuvo motivada para exigir respeto al voto y a la democracia. El 5 de noviembre de 2019, alrededor de las 21:00, dos buses partieron de la ciudad de Sucre por la carretera hacia Oruro en dirección a La Paz.
Los buses atrapados llevaban sobre todo mujeres, quienes sufrieron agresiones físicas y de contenido sexual. Una de ellas relató al GIEI: "… ante los dinamitazos y los gases, nos tiraban piedras […] una de mis colegas se puso muy mal, casi le dio un coma diabético, no podía respirar, nos hemos metido debajo de los asientos y todo el vidrio caía encima nuestro, querían subir y escuchábamos cómo estas personas gritaban ¿agárrenlos hay que quemar a unos tres para que el resto se asuste¿ […] han echado gasolina a toda la parte derecha y delantera del bus".
Otra integrante de la caravana también señaló: "Había mucho humo, nos escondimos debajo de los asientos y estábamos cubiertas con las frazadas, y luego de repente se sentía el olor a gasolina, las mujeres empezaron a llorar dentro del bus […] la gente afuera gritaba quémenlo, quémenlo, suban, suban, traigan fuego, traigan, traigan y las chicas decían nos van a quemar nos van a quemar […] se escuchaban gritos de hombres y mujeres, su intención era quemar el bus […] estábamos puras mujeres".
Las mujeres fueron forzadas a salir de los buses, para luego ser víctimas de agresiones contra su integridad física: "...unos hombres se entraron a la flota y dijeron que iban a quemar la flota, las chicas salieron corriendo, la mujer del chofer lloraba al fondo por su flota. Yo no pude salir rápido y estos hombres me sacaron […], me tiraron a la carretera […] me rascaron la cara a la altura del labio que me sangraba […] han decidido quemar la flota y quemarme a mí […] me han rodeado y empezaron a patearme […] me echaron gasolina en todo el cuerpo".
El GIEI advierte que al menos dos mujeres que intentaron escapar fueron víctimas de violencia sexual. Una de ellas era menor de edad. "… él agarró a una de mis compañeras del cabello y la empujó al suelo, yo lo empujé para que la soltara, pero él me agarró y me botó a un lado, nos obligan a todas a bajar del bus, él también me agarró y me bota al suelo, […] yo caí de rodillas y es ahí donde me agarran de la espalda y de mi buzo, y me dicen vos quédate aquí […] Ese hombre empezó a gritar ¡Que se desvistan!, ¡que se desvistan!, yo vi […] que empezaron a gritar igual que el hombre '¡que se desvista! ¡que se quite la ropa!' y nos tiraban piedras […] El señor me estaba agarrando de mi espalda y me decía ¡sácate, sácate la ropa! y la chica con la que estaba me gritaba ¡tu buzo, tu buzo! No entendía al principio, pero luego vi que el hombre me estaba arrancando la ropa y logré zafarme para agarrar mi mochila, pero luego otra señora que sale detrás del bus me agarra y grita ¡aquí están! ¡aquí están! ¡que se desnude! […] Nos dieron con un fierro en el cuerpo, a mí me dieron en la pierna, y me levante para seguir, yo solo escuche que querían que nos vayamos desnudas".
"GIEI-Bolivia: Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019"
"Las víctimas de estos hechos fueron estigmatizadas por la exposición pública de fotos y por los rumores que circularon de que habían sido violadas. Para evitar esa situación, una de ellas manifestó al GIEI que rehuyeron comentar lo ocurrido y otro testigo informó que las mujeres grabaron un video en el que afirmaban no haber hecho parte de la caravana para evitar ser revictimizadas".
El GIEI advierte que en los antecedentes remitidos por la Fiscalía sobre los hechos de Vila Vila no consta ningún seguimiento particular sobre estas agresiones, pese a que los expedientes abiertos contenían información y declaraciones que hacían referencia a ellas y a que diferentes medios de comunicación dieron a conocer de su ocurrencia e instancias públicas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres solicitaron su investigación. Esta omisión en el deber de investigar es tanto más ofensiva cuando el propio representante departamental de la Defensoría del Pueblo de Oruro afirmó que “se ha descartado” que “hubiera habido excesos de violencia con relación a mujeres […], exceso, maltrato o abusos de tipo sexual”.
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