Por Malkya Tudela para Guardiana (Bolivia)
Viernes 30 de julio de 2021.- La fecha y la hora exacta la han repetido mil veces a otras madres, a periodistas, a los policías, a las autoridades, a los activistas. El último día y el último instante en que vieron o escucharon a sus hijas no se borra. Luego vinieron demasiados años de nada. Lo que sí hay son incontables momentos de llanto, averiguaciones, viajes, rupturas familiares, pistas falsas, amenazas anónimas, falta de dinero y trabajo.
“Mi hija desaparece del establecimiento de garaje de la Udabol el 20 de junio de 2015”, repite María Rita Hurtado por enésima vez, cansada de contarlo a una periodista. Ella representa a 28 familias reunidas en la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (ASAFAVITTP) formada en el año 2015, el mismo en el que su hija Dayanna Algarañaz Hurtado desapareció en su universidad donde estudiaba ingeniería ambiental.
Dayanna tiene ahora 26 años y no se ha enterado de que su madre llegó hasta el directorio de la Udabol para encontrarse con un exMinistro de Gobierno, que su novio estuvo en la cárcel hasta que María Rita desistió de la acusación por considerarla injusta, que la fiscal a cargo de su caso no quiso abrir investigación contra otro sospechoso que a estas alturas salió del país, que sus padres siguen buscándola.
Tal vez porque Santa Cruz es una capital económicamente importante o tal vez por la energía de María Rita y sus compañeras, ASAFAVITTP es ahora un referente para otras familias en su misma situación en el país.
Hasta ASAFAVITTP llegó un destrozado Ricardo Pérez desde Cobija (Pando), buscando apoyo para encontrar a Lemuel Pérez Velez, su hijo quinceañero desaparecido frente a su casa un 19 de febrero de 2018 a las 22.30. También buscó apoyo la madre de Sonia Menacho, una joven de 26 años, desaparecida un 6 de agosto de 2018 en Potosí y encontrada meses más tarde en Chile. Y hace pocos días, Brígida Soliz llegó desde Sucre para buscar a su hija de 13 años que escapó de su casa el 15 de junio pasado, huyendo de la violencia, como relató a la Policía.
El 30 de julio fue fijado en 2013 como Día Mundial contra la Trata para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos». La trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con el 65 % de las víctimas identificadas.
En esas gestiones estaba María Rita al momento de la entrevista para este artículo. La hija de Brígida había comprado un pasaje interdepartamental, había llegado completamente sola a Santa Cruz de la Sierra, se dirigió a la zona de la exTerminal y La Ramada, y se mantuvo trabajando por tres días, cama adentro, en un negocio de venta de pollo y ropa. La niña fue entregada a su madre el 19 de junio con intervención policial.
María Rita dice que hay varios de estos casos y comenzó gestiones con responsables de la Terminal Bimodal y los propietarios de empresas de transporte para evitar que estas vendan pasajes interdepartamentales a niñas y niños no acompañados. Lo hace ahora y recuerda que ni siquiera pudo apelar a esto en la desaparición de Dayanna porque ya era mayor de 18 años.
"Me decían que ella era mayor de edad y que se había ido (por su cuenta), unas sandeces de cosas que siempre, hasta hoy en día, a algunos oficiales se les sale. Mi hija tenía 20 años cumplidos, estaba en su tercer año de la carrera de Ingeniería Medioambiental".
María Rita Hurtado, madre de Dayanna Algarañaz y presidenta de ASAFAVITTP.
¿Se fue por su voluntad o en contra de su voluntad? Las madres y padres de adolescentes o jóvenes desaparecidas escuchan con frecuencia de los policías: “Hay que esperar, se habrá ido con su novio”.
“Mi hija era mayor, yo le dejé (tener libertad)”. Así se reprocha Lidia Ramos, por séptimo año consecutivo, por no haber sido más vigilante con Juliva Nina Ramos, una universitaria de 21 años desaparecida en El Alto. No tiene ninguna pista que pueda seguir. “En mi caso y en otros casos no se hace la triangulación de llamadas (de los teléfonos de las víctimas), no hay un personal especializado en esa dirección (de Trata y Tráfico de Personas)”, dijo ante un auditorio, en un encuentro de ASAFAVITTP en mayo pasado.
Ramos utiliza una polera roja como sus compañeras de la Asociación y solo retoma el mandil sobre sus polleras cuando vuelve a El Alto. “La gente me dice ‘dejá de buscarla’, pero eso es como decir ‘dejá de vivir, ya no existas’”, relató ante el auditorio con una voz angustiada, como seguramente está desde ese jueves 10 de julio de 2014, la última vez que vio a su hija.
“La policía y el Estado no quieren ver que hay trata, sino que nosotros empezamos diciendo que esto es trata y tráfico de personas”, dice la Presidenta de la Asociación.
Las cifras oficiales sí registran casos de trata y tráfico de personas. Los datos más recientes en el país, de 2018 y 2019, reflejan la ocurrencia de 618 y 399 casos respectivamente, la mayoría reportados en el departamento de La Paz.
LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas, según la Ley 263, identifica como ejecutora de este hecho a la persona que “por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Una segunda parte de esta definición dice que esa conducta debe tener al menos una de 15 finalidades, entre ellas la disposición del ser humano con o sin fines de lucro y la explotación laboral.
Para completar el panorama, el tráfico de personas siempre implica el traslado de personas a través de las fronteras del Estado Plurinacional con el objetivo de obtener rédito económico de esa actividad.
“Nadie cree que haya trata y tráfico de personas, pero Casa de la Mujer tiene muchísimos testimonios de cómo las mujeres han sido utilizadas…, subidas a una testera para ser rematadas como si fueran animales”.
Miriam Suárez, de la Casa de la Mujer, al recibir un reconocimiento de la ASAFAVITTP en el acto realizado en mayo.
La familia de Valeria Vaca Martínez, desaparecida el 30 de marzo de 2014, está completamente segura de que ella no se fue por su propia cuenta. A un mes de haberse perdido, el padre de Valeria recibió la llamada de un número desconocido, era su hija: “Papá, ayúdame, me tienen secuestrada”.
Tiempo y dinero corrieron hasta que Antonio Vaca pudo hacer la triangulación de llamadas por su propia cuenta y entregó al individuo sospechoso en la policía de Montero, ciudad desde donde Valeria salió hace casi siete años rumbo a Peta Grande para no volver más.
“El sujeto admitió tener a Valeria en su chaco. La Fiscal a cargo ese año mandó al detenido con dos policías a traer a Valeria, no permitiendo que don Antonio acompañe ya que ‘iba a entorpecer’. Salieron en la mañana y regresaron a las seis de la tarde sin Valeria, lo metieron al hombre unos meses a las celdas… Don Antonio insistía en que lo trasladen a Santa Cruz, pero nunca lo escucharon, las audiencias se suspendían y al final la fiscal le dijo a Don Antonio que no había evidencia de que el hombre sea el responsable”, relata María Rita.
Ahora un canoso Antonio Vaca, nacido en Warnes, vaquero y torero de oficio, sigue participando de las corridas de toros provinciales, pero esta vez tiene además otro objetivo en cada lugar a donde va.
Ante la televisión en Aiquile, por ejemplo, dirá cómo se prepara para enfrentar a los toros, cómo también logra domar a su público y cómo pueden gustar los CD que vende de sus espectáculos. Encantado el entrevistador, Vaca sacará un afiche con la imagen de su hija, repetirá una vez más la fecha y la hora en que desapareció, rezará la frase que ella le dijo al teléfono pidiendo auxilio, recordará cómo no tuvo oportunidad de oponerse a la liberación del único sospechoso del caso. Su voz de torero se quebrará conteniendo el llanto, como casi siempre que recuerda este episodio.
“Por más que te diga la autoridad, como antes y como ahora, ‘se ha ido porque quiere’, nunca me lo creí. Yo les diría a los papás que no se la crean. No importa la edad que sea, nosotros tenemos que seguir adelante buscándolas hasta que las fuerzas no den”, dice María Rita Hurtado.
¿Qué pudo haber pasado con las niñas y mujeres desaparecidas de las familias de ASAFAVITTP? La abogada Beatriz Medina, investigadora de la situación de la trata en el departamento, confirma el vía crucis de las madres debido a que la norma indica que solo pasadas las 72 horas de desaparición de una persona se puede activar una búsqueda en función de posible trata, el otro problema es que para activar otros mecanismos las posibles víctimas deben ser menores de 18 años.
"Esto es cuestión de horas, en ocho horas estás en Yacuiba y ya te están pasando a la Argentina; en 10 horas u 11 horas estás en Puerto Suárez y te están pasando al Brasil. Eso existe, inmediatamente te cambian las características a la persona, les pintan el cabello, les cortan el cabello. Hay una absoluta falta de control de documentos de viajes".
Beatriz Medina, abogada e investigadora en temas de trata y tráfico de personas.
FALTA TODO, TODO FALTA
De tanto trajinar en este tema, la Asociación cuenta con una propuesta para mejorar la atención de la Policía o más precisamente de la División de Trata y Tráfico de Personas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
La propuesta incluye capacitación a los efectivos de la FELCC, una atención con respeto y sin cuestionamientos, formación de los uniformados en investigación criminal, elaboración de informes investigativos como manda la norma, una casa de acogida para víctimas de trata encontradas y acuerdos con el Ministerio de Trabajo para buscar trabajos dignos para las víctimas.
¿Necesitan capacitación, personal, equipos y presupuesto? El jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC de Santa Cruz, capitán Alfredo Montes, prometió una entrevista para este reporte, pero no la concretó.
“Tal vez no han encontrado el apoyo que querían en su momento, en las instituciones que ustedes han buscado. Como parte de la Policía… les doy todo mi apoyo. Existe la División de Trata y Tráfico, tal vez no como debería estar para los tiempos en los que nos encontramos, pero la voluntad es grande para poderlos apoyar y ayudar”, dijo Montes, en mayo, invitado por ASOFAVITTP y después de escuchar los relatos del peregrinaje, ante la propia Policía, de las madres de las víctimas.
La precariedad de la Policía es algo que han sufrido los miembros de la Asociación cuando les ha tocado pedir auxilio. El director de la Fundación Boliviana para la Juventud, Humberto Parra, que trabaja en la prevención de estos temas, explica que no se tiene un sistema de alerta temprana para activar ante una desaparición.
“En las películas vemos que cuando desaparece alguien –explica Parra–, primero van los policías a hacer un rastrillaje en el barrio junto con la comunidad, hacen un seguimiento a las cámaras, chequean casa por casa; acá no hacen eso, si apenas son nueve policías para trata y tráfico en toda la ciudad. En otros países tienen circuito cerrado de información, aquí la policía de Cotoca o de Warnes no se entera quién ha desaparecido en Santa Cruz, no tienen equipo, tecnología ni megas”.
Las madres manejan mucha información porque ellas mismas han encarado la investigación de sus casos y en la Asociación asumen ahora de asesoras cada que se presenta un nuevo problema. “Con las agencias de trabajo lo mismo ocurre, ellos saben cómo engañar a nuestros adolescentes. Los alojamientos son cómplices. Dónde llevan los tratantes (a sus víctimas), primero es a los alojamientos”, dijo Lidia Ramos, en el salón de actos de la Terminal Bimodal.
María Rita dice que en la Asociación tienen el registro de mujeres desaparecidas que oscilan entre los 18 y los 26 años. Pero cada semana aparecen casos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y cada semana se enfrentan con la precariedad policial para desarrollar búsqueda y rescate.
La abogada Beatriz Medina, investigadora en este tema, ha elaborado un diagnóstico sobre el tema de la trata y tráfico de personas en el departamento de Santa Cruz y sus datos son diferentes. La mayor parte de los casos recogidos por ella oscilan con víctimas entre los 11 a 17 años de edad, también en una mayoría de mujeres.
La abogada Medina registra ese rango de edad porque en sus indagaciones en provincias cruceñas ha podido identificar otros casos que están considerados dentro de los fines de la trata de personas, como el matrimonio servil y la servidumbre costumbrista. Entonces no es raro encontrar que la Defensoría de la Niñez de un municipio pequeño ha registrado una demanda por asistencia familiar de una niña de 14 años que ha dado a luz y el padre tiene entre 30 y 40 años.
Sin ir muy lejos, otro fin de la trata sucede con frecuencia de manera normalizada. “Es la servidumbre costumbrista, cuando uno vive en un municipio alejado, se dice ‘se va a ir con su madrina’, se los traen (a los adolescentes) para que venga a estudiar y aquí están de sirvientes, sin paga, explotados”, explica la abogada Beatriz Medina.
Esto hace difícil identificar el delito y por esto, continúa Medina, se registran pocos casos de denuncias de personas sometidas a la trata. “No es que no haya, solo que no se puede identificar fácilmente”. El problema es que no lo identifican las víctimas y no lo identifican los funcionarios municipales, policiales y de la Fiscalía por la alta rotación de personal.
En 2020, la Defensoría del Pueblo identificó insuficiencia de centros de acogida especializados y en treinta municipios, entre ellos el de Santa Cruz de la Sierra, se verificó “ausencia de medidas de protección para las víctimas, justificando la inexistencia de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos”.
UN APARATO DE RESPALDO
Al contrario de la soledad que parecen enfrentar las madres de las víctimas, Beatriz Medina describe la existencia de normas –con la Ley 263 como la principal–, una estructura de planes y políticas públicas (nacionales, departamentales y municipales) y una institucionalidad estatal creada para atender la problemática de la trata y tráfico de personas.
Desde distintos consejos departamentales formados por comités –donde participan distintos ministerios y municipios– hasta las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. “Toda esta estructura tiene que dar el soporte a las organizaciones de la sociedad civil para que se pueda luchar contra la trata y tráfico de personas”, dice Medina, enumerando las normas y la estructura legal.
El Estado boliviano ha reportado el año 2019 al trabajo forzoso o la explotación laboral como principal fin de la trata, pero lo que sabemos ahora, dice la abogada Beatriz Medina, “es que el mayor fin de la trata en Bolivia es la explotación sexual comercial”. Los datos oficiales nuevamente dicen otra cosa porque, entre 2018 y 2019, los casos de violencia sexual comercial fueron dos cada año, y en ambas gestiones ocurrieron en Cochabamba.
Aunque han logrado ser tomadas en cuenta por las autoridades y otras organizaciones de la sociedad civil, las familias de la ASAFAVITTP siguen su propio camino en la búsqueda de sus desaparecidas y desaparecidos. María Rita comanda ahora la producción de manjar blanco como una actividad de autosostenimiento que pretenden que responda a algunas necesidades de folletería y traslados. El único problema, dice, es que producir y vender sus productos las desvía del tiempo que podrían invertir en seguir buscando.
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