Por Viviana Ariñez / Guardiana Bolivia
Martes 9 de junio de 2020. Cuando Ayrton Apaza (26), miembro del grupo “Mariachi Águilas del Sur”, se enteró del inicio de la cuarentena por la Covid-19, el 22 de marzo, tenía ocho eventos programados para las siguientes semanas.
El conjunto musical, formado por siete integrantes, ganaba Bs500 por hora en cada fiesta o reunión; pasaron más de 70 días y Ayrton se gastó sus ahorros en su alimentación y la de su familia, no sabe cómo generar nuevos ingresos.
Los trabajadores independientes, al igual que este mariachi, y quienes laboran en espacios públicos en el comercio, restaurantes, transporte, servicios de reparación y personales diversos, forman parte de los ocho grupos sociales identificados como los más afectados por la paralización de actividades como efecto de la cuarentena por la pandemia Covid-19.
Además de los independientes, se ven perjudicados los asalariados de microempresas, obreros de la industria manufacturera, campesinos e indígenas pobres, migrantes temporales, zafreros de la castaña, mujeres y adultos mayores, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudio y Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), informó el investigador Bruno Rojas.
Recesión económica
El Banco Mundial (BM) advirtió ayer lunes que la crisis desatada por la Covid-19 llevará a la economía planetaria al mayor desplome desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo con las cifras del BM, se prevé la contracción de la economía mundial en un 5,2% en 2020, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) en Latinoamérica del 7,2%.
Esta será la peor recesión en 80 años, pero la caída del producto bruto per cápita será la más extendida desde 1870 debido al número de países afectados, dice un boletín del BM.
Se considera recesión cuando una economía registra un crecimiento negativo por dos trimestres consecutivos.
Para Bolivia, el organismo internacional prevé un crecimiento negativo del -5,9%; es decir, no habrá crecimiento.
Las cuarentenas, medidas de distanciamiento social y encapsulamientos, al igual que las restricciones para la circulación “generarán efectos extremos sobre el empleo y los ingresos de la población pobre multidimensional por la forma en que se incorporan al mercado de trabajo: empleo independiente, asalariados temporales o a destajo y asalariados permanentes sin derechos”, sostuvo Rojas.
Pobreza
El Cedla define la pobreza multidimensional (PM) a partir de un enfoque de derechos humanos y es aquella que, además de medir el nivel de ingresos, incluye cuatro dimensiones: recursos, oportunidades, poder, voz y seguridad humana.
En 2019, según esta entidad, la mitad de los hogares bolivianos se encontraba bajo la línea de PM, es decir 6,8 millones de personas residían en hogares con pobreza multidimensional.
Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que solo consideran el nivel de ingresos, la pobreza llega al 35% de la población, es decir, cerca de cuatro millones de personas.
Para Rojas, la pérdida de ingresos laborales afecta y afectará a la mayoría de la población pobre y ampliará las desigualdades existentes.
“En las ciudades del país (la paralización afectará) al 57% de los pobres que trabajan por su cuenta o como familiares no remunerados en el comercio, restaurantes y hoteles, transporte, servicios personales diversos, incluso en la manufactura y construcción”.
Desempleo
Recesión económica
El desempleo comenzó a crecer de manera acelerada con el cierre temporal o definitivo de empresas, talleres y negocios, también por los despidos selectivos y masivos de trabajadores eventuales, por obra o a destajo.
Javier Quispe (49), microempresario que tiene un taller textil en la ciudad de El Alto, está desesperado por la paralización de actividades por la cuarentena. Sus ventas bajaron drásticamente y no cree que se recuperen debido a que sus clientes limitarán sus gastos.
Este microempresario confecciona ropa de trabajo para empresas privadas y públicas, sectores que también se encuentran en crisis.
“Los únicos recursos que en este tiempo tuve son de productos que fui a vender a la calle”, relata Quispe. En las últimas seis semanas fue a la zona central de El Alto para ofrecer trajes de bioseguridad y barbijos a diferentes tiendas.
Las pequeñas empresas y microempresas son el 51% de los establecimientos privados —dice el Cedla— donde ocho de cada diez de sus trabajadores carece de protección laboral y social. No cuentan con seguro social, aportes para su jubilación, vacaciones, desahucio, y sus salarios, en algunos casos, son menores al mínimo nacional de Bs2.122.
En mayo, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) realizó una encuesta a sus afiliados y develó que seis de cada 10 empresas redujeron sus ingresos en más del 70%, y 8 de cada 10 negocios analizan despedir personal. Mientras que el 17% sostiene que no podrá reanudar operaciones después de la cuarentena y deberán cerrar.
A esto se suma la crítica situación del sector turístico que anunció que 350 mil empleos en el rubro se encontraban en riesgo por la paralización de sus actividades.
Los obreros de la industria manufacturera como textiles, muebles, plásticos, metalmecánica, bebidas y alimentos orgánicos, además de la construcción, también paralizaron sus actividades.
A partir de la cuarentena flexible en La Paz, Carlos Tapia retornó a su trabajo en el área de la construcción. Está preocupado por el encarecimiento de los materiales y la falta de liquidez de las empresas constructoras que no cumplen con el pago de salarios. Es que el Gobierno tampoco les está realizando los desembolsos correspondientes.
Mujeres
Ángela Mamani vende silpanchos en la ciudad de El Alto. Desde que comenzó la cuarentena, arriesga su salud. Sale de madrugada y a pie desde la zona 16 de Julio hasta su puesto de venta en la calle Raúl Salmón.
Sin embargo, solo algunas de sus “caseras” acuden al puesto, sus ventas han bajado dramáticamente.
En inmediaciones de la plaza Abaroa, Tania L. vende gelatinas. Por día ganaba unos Bs50, pero desde la flexibilización de la cuarentena solo logra reunir Bs10. Se siente desesperada porque debe alimentar a su niño de cinco años.
Sectores vulnerables
Las mujeres son las más afectadas por la inactividad forzada y la pérdida de ingresos, debido a su concentración en actividades de comercio y servicios personales, sostiene el investigador del Cedla.
Las personas de la tercera edad también sufren los embates de la crisis por la Covid-19. El 83% de los adultos mayores no tiene jubilación y cerca de la mitad trabaja en actividades agrícolas, comercio, restaurantes y servicios diversos. Ahora dependen solamente de la Renta Dignidad y el bono “canasta familiar” creado por el Gobierno.
Bonos del Gobierno
Debido a los efectos de la cuarentena, el Gobierno transitorio boliviano aprobó en abril el pago de bonos por una sola vez para que la población pueda enfrentar la crisis:
- El bono Familia de Bs500 para familias que tengan hijos en unidades educativas, fiscales y de convenio. Luego amplió el beneficio para los estudiantes de colegios particulares.
- El bono Canasta Familiar de Bs400 para adultos mayores que solo reciben la Renta Dignidad y madres que acceden al bono Juana Azurduy y las personas con discapacidad.
- El bono Universal de Bs500 para las personas que no tienen un ingreso fijo y sean mayores de 18 años y menores de 60.
Campesinos y zafreros de la castaña
La crisis también afectará a campesinos e indígenas pobres, principalmente en los valles y el altiplano porque no pueden acopiar ni vender su producción en fase de cosecha.
Se suman los trabajadores zafreros de la castaña debido a la disminución del precio que reciben por la caja de almendra recolectada. “Con la pandemia puede extenderse a los trabajadores del beneficiado de la castaña, en particular mujeres y jóvenes”, sostiene Rojas.
Caída de precios
El Centro de Investigación y Promoción del Campesino (Cipca) informa que hasta principios de marzo de este año la caja de 22 kilos de castaña se vendía a 100 bolivianos, pero el precio bajó hasta 40 bolivianos o se intercambia por víveres.
El sector fue afectado desde la zafra de noviembre de 2019, según un reporte de Los Tiempos, cuando el precio de la caja del producto bajó a 150 bolivianos, para enero de 2020 cayó a 120 y en febrero 100.
Esta situación provocó que los recolectores paralizaran la zafra e inicien bloqueos de caminos, demandando una negociación con los empresarios para que el precio de la caja de almendra se estabilice en 250 bolivianos. Eso fue posible.
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