Nuevamente esta sensible temática se encuentra en vigencia. El periódico El Deber de Santa Cruz informó que el abogado Henry Álvaro Pinto pidió acceder a información pública que cursaba en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba y esta superior casa de estudios - a pesar de esa condición- negó al indicado ciudadano darle la información con argumentos injustificados.
Fuera de que las universidades públicas en su mayoría tratan de socapar sus actos generalmente muy cuestionables, en la autonomía universitaria establecida constitucionalmente y lograda en la década de los años 30 del siglo pasado, la actitud de negar, retacear o simplemente tratar de justificar un rechazo parcial o total de información que nos pertenece a todos y todas es una práctica habitual en todos los niveles del Estado y las diversas entidades que lo conforman.
El abogado Pinto no tuvo otra alternativa que interponer una acción tutelar de derechos, no en una sino hasta en tres oportunidades, como informa el diario cruceño. Esta actitud del profesional es loable, pero no debería ser la regla. Lo habitual debería ser que el Estado otorgue fácilmente cualquier información solicitada, dado que el sistema interamericano de derechos humanos ha manifestado en diversos documentos que la información y la documentación públicas son de la ciudadanía.
En un sistema democrático, todas las personas tienen derecho a pedir y recibir información que les permita participar en los asuntos públicos, controlar las acciones del Estado con el fin de que la gestión pública sea transparente y los servidores públicos asuman su responsabilidad de cualquier perjuicio que provoquen. Además, este derecho está relacionado íntimamente con el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado, los cuales deben responder a las necesidades de la población.
Pero en lo anterior, por supuesto que hay elementos que no agradan a los gobernantes. En primera instancia, el hecho de que acceder a la información sea piedra angular de un sistema democrático, así como otras libertades como la de expresión y prensa. Entonces, cuantos más límites arbitrarios se impongan a la ciudadanía, será un indicador muy claro de que la democracia está disminuida, sino desaparecida.
Es importante recordar el contenido del documento emitido por varias organizaciones de la sociedad civil con respecto a “El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023”, que recomienda aspectos muy puntuales para recuperar la vida democrática plena en cualquier Estado, entre los que se tiene: 1. apoyar los procesos electorales, con énfasis en mecanismos que garanticen la participación y la competencia justa; 2. impulsar la transparencia y el acceso a la información en los parlamentos a fin de multiplicar las fuentes de rendición de cuentas; 3. promover el pleno compromiso de los gobiernos para proteger el espacio cívico, y 4. garantizar la protección legal de la independencia de las instituciones que velan por las elecciones, investigan la corrupción y supervisan los programas gubernamentales.
Como se observa, uno de los elementos a tomar en cuenta es la posibilidad de acceder a la información pública como garantía de transparencia. En nuestro país en febrero de 2023, se aprobó mediante Decreto Supremo 4872 la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción “Hacia una Gestión Pública Digitalizada y Transparente”, sin embargo, se extraña en la misma la carencia de la aprobación de una Ley de Acceso a la Información, como requisito sine qua non de lucha contra la corrupción.
Si bien dentro de la señalada política pública el Órgano Ejecutivo ha avanzado en el denominado gobierno digital y electrónico con diversos sistemas, elementos importantes de transparencia, no será completa la tarea sin la promulgación de una ley, considerando además que lo que haga el gobierno central sólo se aplica a ellos y se omiten los demás órganos del Estado y sus entidades, como el caso de universidad que tocamos a un principio.
Es extraño que durante tantos años del gobierno del Movimiento al Socialismo no se haya avanzado sobre la temática, tomando en cuenta la previsión constitucional del artículo 21.6 que reconoce el derecho de acceso a la información, pero no es suficiente.
Por ello, la Organización de Estados Americanos, en la Resolución 2057 de 2004, y en sus precedentes declaraciones de Nueva León y de Principios sobre Libertad de Expresión señala claramente que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
Hubo en años pasados varios intentos de construir una normativa, pero los mismos vulneraban los principios y estándares internacionales de derechos humanos sobre la temática, puesto que las limitaciones eran excesivas y con aspectos sensibles en el ámbito principalmente económico y de planificación estratégica.
Y éste es uno de los puntos más importantes, puesto que sin una ley específica el Estado en todos sus niveles comienza a calificar la información como reservada, secreta o confidencial según sus necesidades e intereses, por eso no podemos acceder a conocer información de YPFB, del Banco Central de Bolivia, de la universidad pública, de la AJAM y un largo etcétera, porque casi no hay institución que no se sienta agredida cuando cualquier persona pide un dato, una documentación cualquiera, estadísticas, entre algunas, sin darse cuenta esa entidad de que al negarla no sólo lastima al ciudadano o ciudadana, sino al Estado de Derecho y la democracia, mermando su vigencia y esencia.
Toda la ciudadanía en su conjunto debería hacer llegar a las entidades competentes su reclamo ante la inexistencia de una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio pleno del derecho, establezca las limitaciones legales y los mecanismos de reclamo, sino vamos a seguir esperando que sigan habiendo abogados como el colega Pinto que tenga que gastar mucha energía y recursos para algo que debería ser lo más natural del mundo. Necesitamos urgentemente acceder “a nuestra” información.
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