Por mandato constitucional, las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de los miembros del Consejo de la Magistratura, son elegidos cada seis años por sufragio universal; aunque los candidatos son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este mecanismo, único en el mundo, fue en su momento percibido como un avance democrático frente a las prácticas tradicionales en la región y generó expectativas con respecto a sus posibles resultados.
Sin embargo, las experiencias electorales de 2011 y 2017 han evidenciado las debilidades de este sistema para garantizar su objetivo inicial: superar las viejas prácticas de cuoteo político en los nombramientos judiciales y fomentar una justicia verdaderamente independiente. Aunque el mecanismo de elecciones judiciales en sí mismo merece un análisis aparte, este artículo se centra específicamente en la pertinencia del voto obligatorio dentro de este contexto.
En el sistema boliviano, el voto obligatorio constituye una piedra angular del ordenamiento democrático. Este enfoque, diseñado para maximizar la participación ciudadana, también genera tensiones con el derecho a la libertad individual de decidir si participar o no en las elecciones. Según Torres Miranda (2015), la obligatoriedad del voto no sólo incrementa la participación, sino que también refuerza la legitimidad de las instituciones democráticas al asegurar que las decisiones reflejen la voluntad de un espectro más amplio de la población.
No obstante, el ejercicio del voto obligatorio debe ir acompañado de iniciativas que fomenten la educación cívica y el acceso a información relevante. La participación electoral significativa no se logra sólo mediante coerciones legales, sino también garantizando que las y los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para emitir un voto consciente y reflexivo.
Desde su implementación en 2011, las elecciones judiciales en Bolivia han sido objeto de debate académico y crítica pública debido a sus implicaciones para la independencia judicial y la calidad de la democracia. Si bien sus defensores han afirmado que podrían representar un intento innovador de abrir espacios de participación ciudadana en ámbitos tradicionalmente reservados a las élites políticas, no se puede negar que este tipo de proceso presenta problemas estructurales que limitan su efectividad:
- La naturaleza técnica de las elecciones judiciales y la falta de programas educativos amplios dificultan que los votantes comprendan las funciones de los cargos en disputa o evalúen adecuadamente a las y los candidatos. Esto genera un vacío en la calidad del sufragio y afecta la legitimidad de los resultados.
- Aunque, en teoría, las elecciones buscan promover la independencia judicial, la percepción de que los procesos de selección de candidatos están influenciados por intereses políticos mina la confianza pública en el sistema judicial. Este factor no sólo desacredita las elecciones, sino que también profundiza la polarización política.
- La obligatoriedad del voto acompañada de sanciones administrativas puede interpretarse como una medida excesivamente restrictiva, especialmente en un contexto donde la participación electoral no garantiza necesariamente una representación más inclusiva.
El derecho al sufragio, como expresión fundamental de la participación política, está intrínsecamente relacionado con la representación efectiva de los intereses ciudadanos. Para que las elecciones judiciales logren su propósito democratizador, es esencial garantizar un entorno que promueva la inclusión y la deliberación informada.
Por ejemplo, hizo falta el diseño de estrategias de comunicación que proporcionen a las y los ciudadanos información comprensible y detallada sobre los candidatos, sus trayectorias y las competencias de los órganos que ocuparán. La falta de información socava la capacidad de los votantes para tomar decisiones fundamentadas. La transparencia en los procesos de selección de candidatos y la inclusión de perspectivas diversas son claves para garantizar que las elecciones sean competitivas y representativas de los intereses ciudadanos.
En un panorama ideal, la participación ciudadana en las elecciones judiciales debería legitimar el proceso democrático, consolidando la confianza en las instituciones públicas y garantizando una justicia independiente y accesible. La triste realidad está muy alejada de ese ideal. Las deficiencias en la información, la percepción de manipulación partidaria y la imposición del voto obligatorio han creado un sistema que difícilmente cumple con los objetivos democratizadores que se plantearon en su origen.
Más allá de realizar reformas técnicas, es crucial reconocer que el sistema actual necesita un rediseño que coloque a las y los ciudadanos en el centro del proceso. Esto implica promover una cultura política basada en la educación cívica, el compromiso consciente y el respeto a los derechos fundamentales. Sin estos cambios, las elecciones judiciales seguirán siendo vistas más como un trámite que como un verdadero ejercicio de poder ciudadano, perpetuando las fallas que originalmente se buscaba erradicar.
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