El derecho al agua

Muchas y muchos de nosotros escuchamos desde hace tiempo que el agua es un bien tan preciado que para obtenerla, conservarla y explotarla se producirían en el mundo conflictos de todo tipo. Esto ha ido aconteciendo, tales los casos en África entre Egipto y Etiopía por la cuenca del Nilo o en la región del Sahel o las disputas entre Irán y Afganistán. Según datos que manejan organizaciones internacionales, existen 263 cuencas situadas en las fronteras entre dos o más estados; 145 países tienen parte de su territorio en cuencas internacionales y 21 se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas internacionales, lo que hace que la gestión del agua sea un problema delicado y que crezca la amenaza de disputas por el agua en el mundo.

No todas las estrategias de dominio sobre al agua se gestionaron a través de las armas. Algunas veces fue más efectivo proceder a considerar el agua dulce como una mercancía y llevarla al comercio, para entregarla a la empresa privada para su uso y aprovechamiento. Esto ha ocurrido y sigue pasando en muchos lugares del mundo, lo que no asegura su uso y aprovechamiento dentro de los estándares de los derechos humanos.

Si bien nuestro planeta está cubierto por una gran cantidad de agua, sólo el 2,5% es dulce y según la ONU, aproximadamente 1.400 millones de personas no disponen de agua potable; 15 millones de niños y niñas mueren cada año por su escasez y algo realmente alarmante: 3.000 litros de agua se requerirían para la comida diaria de cada persona, siendo que por día en promedio un ser humano utiliza entre 50 y 100 litros por día dependiendo de su contexto.

Para alegría de los poderosos y generalmente fuerzas conservadoras (libertadores les llaman últimamente), la sed de la gente les trae sendas ganancias y para mantener su conciencia tranquila comienzan a ofrecer proyectos de responsabilidad social empresarial, que obviamente no devolverán todo lo que están explotando, sino pregunten a su empresa de bebida cola más cercana.

Demasiadas actividades productivas del ser humano requieren ingentes cantidades de agua como la minería, por eso destruyen los ríos o desecan grandes extensiones de aguas fósiles. Basta ver la contaminación del Río Beni o la disminución de las aguas del Lago Poopó como ejemplos de este uso irracional.

Cada día vemos en los noticieros la sequía presente en nuestro país y que al parecer se agravaría en lo que resta de este año y el siguiente. Según algunos expertos, podría alargarse esta situación hasta por dos años, realmente de terror. Si las previsiones se cumplen, agregando a esto las olas de calor que nos está generando el fenómeno de El Niño y el calentamiento global, el futuro es incierto y preocupante.

Aunque lo más acuciante es, al parecer, la falta de acciones de las distintas instancias de gobierno. Muchos gobiernos municipales se han conformado con declarar zonas de desastre para recibir ayuda de los gobiernos departamentales y central; aunque las gobernaciones parecen más extraviadas en la temática; pero al Ejecutivo central tampoco se lo ve muy apurado en solucionar la problemática, salvo acciones reactivas, pero no planes a mediano y largo plazo, lo que obviamente afectará a otros derechos como a la alimentación, educación, trabajo. Seguramente el efecto más serio será una masiva migración del área rural a los conos urbanos del país, con todo lo que ello entraña.

El Gobierno no debe olvidar sus compromisos con los derechos humanos, los estándares respecto al derecho al agua son claros, repasemos algunos para tener la figura muy clara:

• En primera instancia, el derecho al agua entraña libertades, es decir, la posibilidad de acceder a los recursos hídricos suficientes para vivir bien, evitando cortes arbitrarios e ilegales, incluso aunque la persona no cuente con recursos para su pago.
• Es un derecho prestacional y progresivo, es decir, las diferentes instancias del Estado deben garantizar el acceso a una cantidad suficiente de agua para la vida y la salud, lo que significa agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Pero lo más importante: el Estado no puede, una vez otorgado el servicio, aplicar medidas regresivas que impidan acceder al mismo o limiten de alguna manera la utilización y disfrute.
• El agua debe ser salubre y aceptable, esto significa exenta de microorganismos o sustancias químicas o radiológicas que sean una amenaza para la salud e integridad de la persona. En los últimos días se han conocido estudios de la Universidad Mayor de San Andrés sobre la contaminación de varios acuíferos en La Paz por bacterias dañinas, recibiendo inmediatamente una negativa de la empresa de aguas y un repudio al estudio serio y académico. No se entiende el motivo de una reacción totalmente injustificada, negacionista y sin consciencia de la problemática por parte de las autoridades.
• Los servicios de agua potable deben ser físicamente accesibles y deben estar al alcance de toda la población, con una mirada a otros grupos en situación de vulnerabilidad, aspecto que no se observa en, por ejemplo, la distribución realizada por cisternas en ciudades como Potosí y Sucre, donde muchas personas deben caminar largas distancias para llenar un balde u otros recipientes de almacenamiento de agua muy pesados. ¿Qué hacen las mujeres en embarazo, personas con discapacidad, adultos mayores o con alguna enfermedad para proveerse? ¿Esto lo ve el Gobierno?
• El agua debe ser asequible para todos y todas, es decir, el ideal sería su gratuidad, al ser un derecho humano; sin embargo, si esto no se logra, el precio debe ser razonable para no privar a nadie de su aprovechamiento. Sobre esto, los costos del agua potable en Bolivia son manejados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Agua y Saneamiento. Aunque no está actualizada la información de su página web, nos indica que existe una tarifa solidaria de Bs 1,5 por metro cúbico de agua, lo que realmente cumpliría el estándar señalado, esperemos que esto continúe de esta manera.

Estamos en este momento ante un desafío como Estado y sociedad. Cada una y uno de nosotros debemos plantearnos el cuidado del agua en nuestros domicilios y lugares de actividad. Debemos exigir acciones efectivas del Estado boliviano en todos sus niveles de gobierno, porque los ruegos y oraciones por lluvia quizá no sean suficientes.

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