El Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica, representa un hito significativo en la protección del medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa histórica busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones que afectan el medio ambiente y la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. A pesar de su importancia, la implementación del acuerdo se ha visto obstaculizada en prácticamente toda la región, incluida Bolivia.
Uno de los avances más importantes del documento tiene que ver con los mecanismos de protección que plantea para defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, reconociendo su papel crucial en la protección del medio ambiente y la promoción de la justicia social. Sin embargo, la situación para ellas y ellos no ha cambiado, al contrario, cada día enfrentan amenazas constantes y violencia en su lucha por la protección ambiental.
Según el informe “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática”, publicado por Global Witness, en 2022, al menos 177 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo y América Latina sigue siendo la región más violenta para los defensores ambientales, ya que nueve de cada 10 asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos (Colombia registró 60 casos, casi el doble de los 33 que se documentaron en 2021). La mayoría de los homicidios (64) fueron en contra de personas que pertenecen a comunidades indígenas. En la Amazonía ocurrieron 39 ataques letales.
Con estos terribles datos que contrastan fuertemente con las obligaciones que los Estados han asumido en la materia, la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1), que se celebró en Santiago del 20 al 22 de abril de 2022, en su Decisión I/6 acordó establecer un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su tarea principal consiste en la elaboración de un plan de acción en la materia para ser presentado en la segunda reunión ordinaria de la Conferencia de la Partes que se realizará en 2024.
El Plan de Acción buscará establecer un conjunto de ejes prioritarios de trabajo y acciones estratégicas a ser desarrolladas a nivel regional que permitan avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Esta propuesta tiene un enfoque progresivo y flexible, basado en la cooperación y el fortalecimiento de capacidades, el principio de igualdad y no discriminación, y la especial consideración a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Hasta ahora, el Plan de Acción contiene cinco ejes de trabajo:
- Conocimiento: que busca generar mayor conocimiento de la temática de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
- Reconocimiento: para avanzar hacia el reconocimiento de la labor y aportes que realizan las personas defensoras.
- Fortalecimiento de capacidades y cooperación: buscando la creación y el fortalecimiento de capacidades de los Estados y la cooperación entre diversos actores.
- Apoyo a la implementación: apunta a apoyar la implementación institucional de las diferentes políticas, planes, mecanismos y/o medidas de protección de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
- Seguimiento y revisión: para hacer del seguimiento y revisión del plan, es una tarea constante, en el marco de la institucionalidad del Acuerdo de Escazú.
El plazo total para la ejecución será de seis años (desde abril de 2024 hasta abril de 2030), con una revisión intermedia de los progresos logrados en la aplicación de las actividades.
América Latina y el Caribe son regiones ricas en biodiversidad y recursos naturales, pero también enfrentan desafíos significativos en términos de degradación ambiental, cambio climático y violaciones de derechos. En este contexto, las defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales se han convertido en guardianes vitales de nuestras tierras, territorios, ríos y bosques. Proteger y apoyar a estas valientes personas es obligación no sólo de los Estados.
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