La construcción de un Órgano Judicial independiente constituye el mayor desafío político de la democracia boliviana. Acercándonos al bicentenario de la República, luego de más cuatro décadas de continuidad democrática y de 18 años del proceso de cambio, el sistema político no ha sido capaz de avanzar en un proyecto de reforma judicial duradero y de largo plazo.
Este 2023 el país tenía las mejores condiciones para avanzar en esta meta, como política de Estado. Un diagnóstico ampliamente compartido por las y los actores de la sociedad boliviana, que definen un estado de crisis profunda y una ciudadanía que demanda un cambio urgente. Una Asamblea Legislativa Plurinacional conformada con mayor pluralismo y equilibrio político, que tenía el reto de construir acuerdos sin el cálculo político de corto plazo. Se contaba con el apoyo de organismos internacionales especializados. Sin embargo, el liderazgo político no estuvo a la altura de los tiempos.
El Presidente Luis Arce, en su discurso de rendición de cuentas del 6 de agosto, señaló que la elección de nuevos magistrados "no cambiará los problemas estructurales de la justicia, eso está demostrado", así ha dicho y subrayado, revelando la falta de convicción y voluntad política de asumir con responsabilidad esta deuda pendiente. Tal vez esta frase anticipaba un nuevo fracaso, pero sin duda con las actuales autoridades judiciales, que no le imprimieron la decisión y liderazgo que la reforma demanda, se prolongará la crisis judicial. Siempre se puede más, hasta el límite.
El país tenía un contexto de la mayor disponibilidad para iniciar un cambio genuino. Se marcaron dos caminos: uno de la madurez ciudadana, que siguiendo los procesos constitucionales y cumpliendo la ley, promovió la recolección de firmas de adhesión para la convocatoria de un referéndum para la reforma parcial de la constitución. Había propuesta, trabajo serio y profesional, pero el camino fue difícil, minado por obstáculos y ataques desde el poder político, aunque se logró el compromiso de más de 800.000 ciudadanos. Empero, no fueron suficientes el tiempo ni el esfuerzo.
El otro camino estuvo a cargo de los actores políticos, una verdadera aventura, de jugar al máximo con las posibilidades y necesidades de la democracia boliviana. Una convocatoria fallida, la aprobación de un reglamento sin consensos, recursos constitucionales que paralizaron el proceso, y finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional dijo lo obvio, reencauzar todo bajo el acuerdo de dos tercios de votos en la Asamblea, pero la mayoría oficialista pretende seguir en la aventura, jugando hasta lo último, una apuesta que nos ha llevado a un callejo sin salida.
Cuando los ciudadanos recolectaban las firmas las autoridades públicas les decían que ya no había tiempo para esperar un referéndum, hoy esas mismas voces con parsimonia posponen la convocatoria, escurriéndose el tiempo para esas elecciones de las altas cortes del país.
Hoy la discusión ya no es cuáles son los puntos mínimos para el acuerdo que viabilice la elección judicial, dentro de los tiempos y condiciones de calidad que exige el proceso electoral, sino que artificialmente se plantea la dicotomía entre prorrogar mandatos a las actuales autoridades judiciales o nombrar magistrados transitorios, ambos caminos de corta vida por ser insalvablemente inconstitucionales.
Así, la pregunta que nos hacemos las y los bolivianos es, más bien, si se está buscando sacar provecho ante la falta de acuerdos políticos o, a la inversa, será que no hay acuerdos porque se pretende sacar provecho político para mantener el sistema de justicia bajo el manto de la opacidad y subordinación.
Ramiro Orias es abogado y Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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