Durante años, las y los bolivianos nos vanagloriamos de que nuestro país era bastante pacífico. A pesar de nuestra abigarrada historia política, el día a día no era tan terrible como lo vemos actualmente.
En días pasados, hemos sido testigos de una golpiza propinada por al menos 30 personas, presuntamente seguidoras del Alcalde de Cochabamba. Según reportan los medios de comunicación, fueron antisociales contratados para agredir a la concejala Claudia Flores, disidente de la bancada de Súmate y la dejaron herida al punto de que fue evacuada en una ambulancia con varias lesiones de consideración.
Este lamentable hecho ocurrió por problemas en el Concejo Municipal cochabambino, donde los seguidores del alcalde están movilizados desde el 4 de mayo en contra de la elección de Claudia Flores y Daniela Cabrera, disidentes de Súmate en la directiva del Concejo. Piden su renuncia por una supuesta traición y afán de desestabilizar al ejecutivo municipal.
Días después, se suscitaba otro hecho de violencia en predios de la Gobernación, donde, a raíz de una discusión entre partidarios del partido de gobierno que apoyaban la posesión de Ronald Caraica como asambleísta departamental indígena guaraní y un grupo contrario, comenzaron las agresiones físicas, resultando la legisladora cruceña Muriel Cruz la más afectada, con evidentes lesiones captadas por las cámaras.
El 2 de junio, un grupo de unas 150 personas que conforman la Asamblea Permanente de Derechos Humanos paralela dirigida por Edgar Salazar, quien sería afín al masismo, desalojó a la fuerza a cinco funcionarios de esa institución que se encontraban atendiendo a la ciudadanía, parapetándose en ese inmueble. Actualmente la presidenta legítima de esa institución se encuentra en una vigilia permanente para recuperar el inmueble, además de haber iniciado acciones legales que cuentan con el respaldo de muchos sectores de la ciudadanía que ven en Amparo Carvajal una entereza moral muy fuerte, siendo una histórica luchadora por los derechos humanos en Bolivia.
En septiembre de 2022, un matutino paceño informó sobre la toma de otro predio por parte del mismo señor Salazar, quien indicaba “que el predio fue tomado en la gestión pasada y en el lugar funciona la escuela de formación de derechos humanos”. Adelantó que su siguiente paso sería “recuperar” la sede de la APDHB, que se ubica en la avenida 6 de Agosto”. Por lo visto, la amenaza fue cumplida a cabalidad.
La violencia se está convirtiendo en moneda corriente en nuestro país, inclusive lugares donde jamás podrías pensar que hechos de ese tipo acontecerían, ocurren. El 10 de junio, durante el desarrollo de la Feria del Libro en Santa Cruz de la Sierra, los escritores José Adolfo Parraga Mejía y Daniel Averanga fueron protagonistas de agresiones primero verbales y luego físicas con lesiones visibles en el rostro de uno de ellos, según medios informativos. La gresca continuará en los tribunales, pues ya se habrían presentado denuncias penales.
Al analizar estos hechos pueden ser identificados factores comunes: primero que las víctimas son mayormente mujeres, en varios de los casos agredidas por otras mujeres y hombres, que seguramente se indignan, reniegan o sufren, cuando escuchan las cifras de maltrato contra este sector de la población o los 40 feminicidios que ya vamos contabilizando en el país hasta este 12 de junio, pero al momento de lanzar el golpe, la patada, el palazo, esas cifras no significan nada, no piensan en el congénere, por muy rival político que sea, en que es un ser humano con dignidad que debe respetarse.
Otro factor común que se observa es que los hechos narrados son perfectamente registrados por diversas cámaras, incluso de medios de comunicación, siendo los primeros en llegar. ¿Y las fuerzas del orden?, ni se dan por enteradas, no tienen la más mínima reacción, encontrándose en el lugar o cerca del mismo, lo que nos hace pensar que reciben órdenes de no intervenir o su entrenamiento es tan deficiente para este tipo de hechos que habría que revisar el currículo de sus entidades de formación para ver si se enseña a cumplir el artículo 251 de la Constitución Política del Estado que señala: “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimento de las leyes en todo el territorio boliviano”.
Habrá que agregar que la Policía tiene el deber de actuar con la premura necesaria y por supuesto sin parcialización, puesto que, en el caso de la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, extrañamente acordonaron el lugar para que las víctimas no puedan volver a ingresar, protegiendo así de alguna manera a los agresores.
Un tercer factor común de estos hechos, como se señaló al iniciar esta columna de opinión, es que la violencia cada vez está más presente en todos los niveles y espacios de nuestra sociedad, lo que nos debe llamar a retomar valores y costumbres que no legitimen y peor naturalicen los actos violentos. Se debe buscar la vigencia plena de los derechos humanos, trabajar en la regulación no violenta de los conflictos, la cultura de paz que refiere el texto constitucional desde la escuela. Entender que la violencia sólo genera más violencia, que existen otros mecanismos para solucionar los conflictos.
Es importante hacer un examen personal porque la violencia está encumbrada en cada una o uno de nosotros. Es importante no alimentarla, cambiar, transformar esos impulsos, porque como dijo Mahatma Gandhi: “Si es ojo por ojo, todos quedaremos ciegos”.
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