Hace unos días, instancias de la Organización de Naciones Unidas expresaron públicamente su preocupación por la gran cantidad de mercurio que nuestro país importa, destinado a una campeante actividad minera en nuestro país y dirigido también vía contrabando a otros países como Perú, Chile y Brasil, cuyas legislaciones a partir del cumplimiento del Convenio de Minamata que entró en vigor en 2017, han limitado el ingreso de ese producto nocivo para el medio ambiente y la salud. Sin embargo, como la angurria de los sectores que explotan el apetecido metal supera cualquier principio de conciencia humana y ambiental, continúan con la depredación a cualquier precio, sin que les importe el futuro.
Desde hace mucho tiempo, Bolivia ha ingresado en una política de extractivismo solo comparable a los peores momentos de nuestra historia colonial, donde el capitalismo básico destruía lo que encontraba a su paso para el beneficio de unos cuantos. Basta observar las medidas gubernamentales tendientes a ello como, por ejemplo, la ampliación de la frontera agrícola, convirtiéndonos en casi campeones de la deforestación, ingreso de exploración y explotación hidrocarburifera en áreas protegidas y territorios indígenas, avances significativos en megaproyectos como Rositas, Bala y Chepete, entre otros, sin mercados asegurados; pero seguramente con comisiones jugosas. A eso habrá que añadir la entrega de concesiones mineras por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera–AJAM, según muchos al capital extranjero disfrazado de cooperativista, además, esta entidad brilla por la falta de control efectivo de la minería ilegal, principalmente aurífera que se ha incrementado exponencialmente.
No es que las autoridades bolivianas desconozcan la temática, sino que al parecer prefieren hacer la vista a un lado. Un medio de comunicación registraba lo dicho por el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, quien señalaba que se usa de 5 a 10 kilogramos (kg) de mercurio para producir un kilo de oro. Producto del inusitado crecimiento de las cooperativas mineras en el país, en la gestión 2020 había más de 2.077 cooperativas, de las cuales el 70 por ciento son auríferas. La mayor productora es La Paz.
A pesar de que Bolivia ha suscrito el Convenio de Minamata, por el cual por ejemplo Colombia prohibió hace tres años cualquier importación de mercurio, debiendo sus productores mineros buscar alternativas menos dañinas para el medio ambiente, nuestro gobierno mantiene facilidades para su importación. Esto se comprueba al observar que la tasa arancelaria es de las más bajas, de solo un 4 por ciento, por lo que ingresar al país mercurio es barato y deja altas ganancias legales e ilegales al llevarlo a otros países. Una investigación realizada por la Fundación Medio Ambiente, Minería e Industria daba cuenta de que el precio de importación es más o menos de 40 dólares el kilogramo de mercurio y el precio internacional alcanza a los 200 dólares por kilogramo, es decir, una ganancia de 150 dólares, negocio por demás atractivo.
Además, el Estado brinda extremas facilidades al sector minero cooperativo legal desde la misma Ley 535 en, por ejemplo, el tema de las actividades mineras con impactos poco significativos, que tienen menos requerimientos de cuidado ambiental, sin observar que bajo esta figura se pueden estar escondiendo grandes empresas o, en su defecto, la sumatoria de estas las convierten en peligrosas para el medio ambiente y la salud de una parte de la población boliviana. Por otra parte, y para que hablar de las facilidades para adquirir maquinaria con bajos aranceles, y por supuesto la ruptura del principio de igualdad ante la ley al eximir a las cooperativas mineras del pago de impuestos, entregando estas solamente paupérrimas regalías.
Es así que el uso indiscriminado y no controlado de mercurio que hace la minería legal e ilegal tiene efectos graves en la salud humana y, en nuestro caso, los más afectados son nuestros pueblos indígenas que habitan en la Amazonía. Ya se han reportado investigaciones en el pueblo Leco de Larecaja por ejemplo, donde la explotación por parte de empresas colombianas está contaminando el río Kaka y, por lo tanto, están condenando a su población a un lento pero seguro envenenamiento.
En el pueblo Ese Ejja que habita en el municipio de San Buenaventura se determinó gracias a pruebas realizadas por una ONG extrajera que de 64 muestras obtenidas en mujeres de esa localidad, 60 estaban por encima de los niveles permitidos de mercurio en el cuerpo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos explica que la concentración de metil mercurio no debería exceder 1 parte por millón (ppm) en el organismo; sin embargo, las indígenas mostraron seis veces esa concentración, sin que ninguna instancia gubernamental se haya pronunciado al respecto.
La afectación también debería observarse en pueblos no indígenas, puesto que los productos piscícolas llegan a centros urbanos y son de alto consumo en lugares como Santa Cruz, Trinidad, Riberalta, Cobija y otras ciudades más pequeñas como Caranavi, Rurrenabaque, Teoponte y Tipuani, entre otras, pero no por eso menos importantes.
El Estado boliviano debe precautelar, a partir de sus deberes constitucionales, el equilibrio ambiental por medio de un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. A su vez, el artículo 347 es claro y señala: I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.
A su vez, el artículo 33 de la Constitución establece que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho deber permitir a los individuos y colectividades del presente y el futuro vivir bien.
A pesar de normativa internacional y nacional sobre la temática, el panorama se plantea oscuro. El poder político de la minera aurífera legal e ilegal, la corrupción, el impulso de una económica extractivista a mansalva, el solo discurso de protección de los pueblos indígenas que no es consecuente con las acciones del gobierno, la falta de control sobre la importación de mercurio cumpliendo el Convenio de Minamata, nos muestran las debilidades del Estado o quizá su conveniencia con un sector; pero al mismo tiempo la desgracia para muchos. En realidad, solo brilla y brillará el oro así como los bolsillos de quienes lo explotan y nada más.
Comentarios