Estamos a 15 días de concluir el 2021, tiempo de evaluaciones necesarias para no detenernos sólo en los reclamos, distribuir culpas o querer implantar narrativas. Más bien, con base en las experiencias dolorosas y con potencial, vayamos esbozando una agenda pública para el 2022, incluyendo los temas que realmente importan. Este ejercicio es individual y no busca imponer, sino proponer: una acción táctica (a corto plazo), tres estratégicas: una a mediano y dos de visión de país, para imaginar su viabilidad en el mediano y largo plazos.
El 2021 mostró que cuando las normas no se socializan debidamente, no se incluyen diversas propuestas y voces, son instrumentadas y manipuladas, generando argumentos para crear un clima tenso, ergo de un clima de conflictividad. Creo que especialmente las entidades públicas deberían trabajar arduamente para generar condiciones de transparencia, oportunidad y calidad para acceder a información y para establecer canales de comunicación directos, prontos y asertivos que eviten la mediación que muchas veces produce distorsión y ruidos. Las entidades estratégicas además deberían tener sus estrategias de comunicación para las crisis porque sin duda la confianza, reputación y credibilidad son lo que más se afecta; aunque lo más difícil o casi imposible de recuperar son la información y la comunicación veraces en los casos de conflictos porque esa veracidad es la primera que se anula. Hiram Johnson, senador estadounidense, en 1917 señalaba que “la primera víctima en la guerra es la verdad”. Esta es la propuesta de acción táctico-transversal.
La primera acción estratégica a mediano plazo busca tender los ansiados puentes del reencuentro que superen las percepciones polarizantes/dicotómicas de nuestra historia reciente: las narrativas de golpe versus fraude. Para esto considero que es fundamental aunar dos conceptos abstractos e indivisibles: justicia y paz. Jean Paul Lederach, en su propuesta de reconciliación sostenible en sociedades divididas, propone trabajar en dos dimensiones o coordenadas horizontal y vertical de manera paralela. Por un lado, en la dimensión horizontal se analiza la intervención en la crisis a corto plazo proporcionando ayuda de emergencia (de atención a las familias de las más de 30 víctimas asesinadas, resultado de los hechos luctuosos en El Pedregal, Montero, Betanzos, Senkata y Sacaba) a través de una justicia transicional y restaurativa, así como encontrando formas de frenar la violencia cultural, aquella que también radica en discursos del odio que casi de manera omnipresente están instalados no sólo en el verbo de los líderes enfrentados, sino peligrosamente en parte de la ciudadanía, provocando enfrentamientos virulentos civiles, en especial en las redes y movilizaciones sociales, aún hoy.
Por otro lado, en la dimensión vertical, la experiencia de Lederach o Adam Kahane de mediar en conflictos complejos señala que la atención debería centrarse en los asuntos inmediatos y urgentes. Para esto se requiere preparar las condiciones para las personas estratégicas (como terceras imparciales o de tercer lado y tomadoras de decisión clave), que van a intervenir en la crisis, desarrollando capacidades para afrontar los conflictos sin violencia. Este diseño de abordaje constructivo requiere del funcionamiento de mecanismos que posibiliten la transición y un proceso sostenible. Y, finalmente, plantearse una perspectiva a largo plazo imaginando el futuro que se busca y pensando en la provención que toma en cuenta: la justicia institucionalizada e independiente, el desarrollo sostenible, la autosuficiencia y la satisfacción de las necesidades humanas en un marco de transformación de relaciones e interacciones respetuosas.
La dimensión vertical para la reconciliación considera los aspectos sistémicos más amplios, permitiendo observar los componentes estructurales de un marco analítico para la transformación de conflictos. Esta dimensión también toma en cuenta un trabajo sostenido para fortalecer las relaciones, aliviando de manera oportuna las tensiones inmediatas y restablecer en lo posible relaciones rotas (niveles individuales, relacionales y culturales), para luego abordar asuntos profundamente sistémicos y estructurales.
En este último marco propongo repensar las prioridades de la economía y la cultura desde una perspectiva ecofeminista, situando a la vida en el centro. Para poder revertir el modelo vigente e imperante –depredador de los sistemas sociales y ambientales, sustentados tanto en el capitalismo y colonialidad como en el patriarcado y machismo– necesitamos una mirada ecologista, feminista y decolonial porque en este momento el conjunto del modelo globalizado se sostiene sobre el saqueo y el extractivismo de recursos naturales del planeta, promoviendo la coherencia antes que el doble discurso.
La lógica neoliberal hace que los sectores o países más ricos solamente se puedan sostener sobre esa colonialidad y ese racismo estructural de las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad.
En este marco, si bien el Plan Nacional de Desarrollo del Estado 2021-2025 ya está formulado, y tiene un acuerdo de casi la totalidad de alcaldes y gobernadores, ahora toca a las entidades territoriales autónomas –municipios y gobernaciones— comenzar la formulación de sus PTDI (Planes Territoriales de Desarrollo Integral). Por eso considero que si realmente pensamos en clave de transformación y viabilidad como territorios, debemos concretar este diseño bajo los lentes y perspectiva del ecofeminismo que tiene un planteamiento de clase igualitario, que defiende una vida decente para todas las personas con alta sensibilidad, para que quien se sienta diferente se sienta seguro y libre.
Involucra también la reducción de la cultura consumista, alentando un accionar individual y colectivo para reciclar, reutilizar y reducir; la defensa de la economía social y solidaria a través de la universalización de los recursos básicos y los bienes comunes; así como la estructuración de los cuidados como un elemento central organizativo, por ejemplo establecer los presupuestos de los municipios y departamentos, sensibles a factores de género, generacional y diferencial, garantizando derechos y una vida libre de toda expresión de violencia y discriminación, para así imaginar la planificación de los espacios territoriales pensando en las mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
Este es un cambio de paradigma que puede marcar distancia de cualquier otro plan de “desarrollo” que se haya puesto en ejecución en el país, como se está realizando en países nórdicos o en el propio Uruguay para no ir lejos. Sin dobles discursos climáticos (de expreso favorecimiento a sectores corporativos en detrimento directo a la Madre Tierra) y de “lucha contra la violencia”, donde el Estado es el principal violentador, parafraseando a Las Tesis.
Estos son elementos absolutamente indispensables para realizar esa transición obligada y crear las condiciones de una transformación lista para un futuro que lo único seguro que tiene es que es incierto, o como Zygmunt Bauman decretó: esa modernidad líquida que plantea vías contrapuestas sobre la inmediatez vs la sostenibilidad, así como la disolución del sentido de pertenencia social/interdependencia del ser humano vs un marcado paso hacia la individualidad. Convirtamos el diseño de los nuevos PTDI en ecofeministas como una oportunidad para recuperar o afianzar nuestras casi perdidas habilidades de convivencia, de sentir empatía con las personas y los ecosistemas. Mientras tanto, no dejemos de mirar a la otra, al otro y al otre con compasión y fraternidad, ahí sí todas, todes y todos ganaremos.
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