Texto Guiomara Calle e infografías de Andrés Molina para Guardiana (Bolivia)
Miércoles 22 de diciembre de 2021.- El feminicidio, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y las otras 12 formas de violencia contra la mujer contempladas en la Ley 348, de marzo de 2013, ocupan el primer lugar en la criminalidad del país, según el Estado de Situación de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia 2021, del Ministerio de Justicia, donde se observa además la insuficiente cantidad de personal en las instancias que atienden, procesan y juzgan los casos.
“Los delitos contemplados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) ocuparon el primer lugar en la criminalidad del país. Las mujeres del departamento de Santa Cruz fueron las más afectadas y, por ende, las más vulnerables, según las cifras que hablan por sí mismas”.
Estado de Situación de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia 2021.
Dicho informe fue presentado por el Ministerio de Justicia en julio de este año como base para la modificación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), promulgada en marzo de 2013. En su contenido revela que la Dirección General de la FELCV, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, la Unidad Técnica Nacional de Estadísticas del Consejo de la Magistratura y otros brindaron información estadística sobre la problemática. Con los datos hace énfasis en tres instancias que atienden y tratan los casos de violencia contra la mujer.
La FELCV es la primera instancia de atención de denuncias e investigación. Está obligada por ley a recibir denuncias, aplicar medidas de protección especial para las víctimas de violencia, realizar los primeros actos investigativos y poner todos los actuados en conocimiento del Ministerio Público.
El informe señala que en el departamento de La Paz hay 23 oficinas; en Santa Cruz, 20; en Cochabamba, 19; en Tarija, 15; en Chuquisaca, 10; en Potosí, 12; en Oruro, 10; en Beni, dos; y en Pando, tres. Es decir que tienen oficinas en 114 (34%) de los 339 municipios del país. En cuanto a personal, cuenta con 1.083 efectivos y 779 investigadores.
Con respecto a los delitos registrados por la FELCV, desde la vigencia de la Ley 348, el estudio indica que en 2013 fueron 11.318; en 2014 sumaron 30.071; en 2015 llegaron a 38.321; en 2016 sumaron 36.887; en 2017, 38.075; en 2018, 38.111; en 2019, 42.203; y en 2020, 35.360.
“El primer lugar en cantidad de denuncias de delitos de violencia, de 2016 en adelante, es Santa Cruz. El segundo lugar lo ocupa La Paz; el tercero, Cochabamba; el cuarto, Tarija; el quinto, Potosí; el sexto, Chuquisaca; el séptimo, Oruro; el octavo, Beni; y el noveno lugar en criminalidad lo ocupa Pando (…) Los datos muestran que se debe tomar mayor atención a los departamentos de Santa Cruz y La Paz -en ese orden-, en cuanto a la redistribución de personal para la FELCV”, indica el estudio del Ministerio de Justicia.
El Ministerio Público es la segunda instancia de investigación, imputación y acusación de delitos de violencia contra las mujeres. El artículo 61 de la Ley 348 establece como sus atribuciones dirigir las investigaciones, representar a las víctimas y a la sociedad, imponer medidas de protección, imputar, acusar y sustentar procesos judiciales, sea en delitos de acción pública o de acción pública a instancia de parte.
Esta instancia cuenta con 564 fiscales de materia en el país; sin embargo, no todos se encuentran en las capitales de departamento o se dedican a atender exclusivamente los casos de violencia. El informe da cuenta de 95 fiscales asignados a estos casos pese a que constituyen la principal causa de criminalidad del territorio nacional.
“Según los datos, un fiscal de Santa Cruz atiende un promedio de 700 causas, mientras que uno de La Paz asume 397 causas; un fiscal de Cochabamba ve 427 causas; un fiscal en Tarija tramita 247 causas; uno de Chuquisaca, 307 causas; uno de Beni, 344 causas; uno de Potosí, 788; uno de Oruro, 525, y uno de Pando, 330 causas. Esta información revela que el mayor desbalance tiene lugar en Potosí y Santa Cruz, seguido de Oruro”.
Estado de Situación de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia 2021.
La tendencia de la criminalidad en los últimos años, según el informe, apunta a los delitos de violencia familiar o doméstica como los más recurrentes, por lo que advierte “una necesidad de reasignación de prioridades que el Ministerio Público debe encarar de manera urgente”. Además, resalta que “Es necesario revisar la capacidad institucional y la presencia del Ministerio Público a nivel nacional, dado que todo el impulso procesal en la investigación está a cargo de esta institución”.
El Órgano Judicial es la tercera instancia, encargado del procesamiento y juzgamiento de los delitos contra las mujeres, y anualmente maneja una carga procesal total de 694.923 causas en las distintas materias y lo que corresponde a materia penal, anticorrupción y violencia contra las mujeres, que se atienden en los mismos juzgados, representa el 39%, que es el mayor porcentaje.
“La carga procesal está concentrada en los juzgados de instrucción penal anticorrupción y de violencia. En este contexto, el Órgano Judicial requerirá realizar una revisión y reordenamiento de las prioridades para maximizar la atención y tratamiento de los procesos penales, tanto por competencias como por asientos judiciales, esto quiere decir que debiera mirar los lugares donde se encuentra la mayor cantidad de causas y procesos”, resalta el documento.
Al respecto, Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, observa que la cobertura del sistema judicial no llega ni siquiera al 50% de los municipios del país y que en similar situación está el Ministerio Público. “Realmente preocupa que haya tanta mora procesal en temas de violencia contra las mujeres, que son los más denunciados en Bolivia”.
Agrega que el Consejo de la Magistratura hizo un balance ya en 2015, con el que planteó la existencia de 45 juzgados para delitos de la Ley 348, sin embargo, a la fecha solo funcionan 27 y la mayoría comparte causas con materia de anticorrupción. El año pasado, el informe de gestión del Consejo de la Magistratura señala que se hizo un nuevo estudio sobre juzgados de violencia y determina la necesidad de crear 31 más: 20 en ciudades capitales y 11 en provincias.
“No puede ser que existan juzgados que compartan materia anticorrupción. Realmente una propuesta efectiva de lucha contra la violencia tiene que abordarse con una verdadera voluntad y recursos suficientes para atender a las víctimas. La situación que tienen la justicia es muy complicada en términos de recursos humanos y recursos financieros”, cuestiona Saavedra.
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