El 22 de abril se conmemoró el Día de la Madre Tierra...¿Habrá que seguir llamándola así?, ¿será lo adecuado? La mayoría de la gente en el planeta enaltece a la figura materna desde que es muy pequeña porque madre solo hay una y es a la que hay que amar, cuidar, respetar y jamás hacerle daño alguno, bajo sanciones civiles, religiosas, éticas, sociales y de cualquier tipo que nos harán ver como seres despreciables sin ninguna posibilidad de reivindicación o perdón.
Por eso, denominar a nuestro planeta madre o Pachamama, como la refieren nuestras culturas milenarias, realmente denota una hipocresía que la mayoría tenemos con respecto a ella. Absolutamente nadie se salva de su cuota de daño a nuestro planeta, ni los más comprometidos protectores, puesto que todos la contaminamos en mayor o menor medida. Sin embargo, lo más lamentable es llenarse la boca de discursos falsos y grandilocuentes de cuidado, protección y conciencia que no son acompañados con acciones reales. De hecho, sabemos que nuestros políticos y gobernantes tienen bastante experiencia en adornar sus palabras y el tema ambiental en su boca no es una excepción.
Diversos instrumentos internacionales y nuestra Constitución en su artículo 33 señala: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
Un texto muy interesante, así como toda la legislación que lo acompaña, pero cuando vemos la realidad y los datos, todo se cae. Bolivia se encuentra en los últimos años entre los primeros 10 países en deforestar sus bosques. Por información de la Fundación Solón se conoce que en el año 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas, y ya para septiembre de 2020 se habían destruido 2,3 millones de hectáreas adicionales. No es difícil imaginar que las cifras acumuladas jamás podrán ser revertidas por ningún plan de reforestación. Para darnos una idea de esta destrucción basta observar con datos del INRA que el departamento de La Paz tiene una superficie de 13 millones de hectáreas, de las cuales 532.373 son manchas urbanas y cuerpos de agua, siendo así, imagínese entonces a todas las ciudades grandes y pequeñas totalmente carbonizadas y casi mitad del departamento en llamas.
Nadie olvidará y principalmente los gobernantes de entonces el ecocidio del año 2019 en la Chiquitanía, Chaco y Amazonía, hecho que incluso fue objeto de una sanción del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que condenó las acciones políticas que dieron paso a ese horroroso hecho y de la que nadie asumió responsabilidad; aunque sí tuvo un precio político fuerte.
En ese mismo sentido, se sigue atacando las áreas protegidas y no solo con la toma del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y su desinstitucionalización, sino con la explotación minera, hidrocarburífera, agroforestal e incluso el narcotráfico.
Hace poco tiempo algunos medios de comunicación informaron que en las áreas protegidas de Apolobamba, Pilon Lajas, Madidi y Cotapata, operan 129 empresas y cooperativas mineras completamente ilegales, que por supuesto explotan generalmente oro de forma intensiva y sin fichas ambientales ni planes de mitigación, contaminando los ríos con metales pesados, sin que ninguna autoridad haga nada para evitarlo.
Actualmente los pobladores de Tariquía están en pie de lucha, para que no ocurra lo mismo que en Aguaragüe, un Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado ubicado al sur del departamento de Tarija, donde las actividades petroleras e hidrocarburíferas han causado un gran daño ambiental. Las aguas superficiales y las quebradas perdieron su cauce natural, producto de la intervención petrolera e inclusive ojos de agua se han visto afectados por las actividades sísmicas y por el movimiento de tierra producto del uso de maquinaria pesada.
De esta manera podemos seguir repasando un sinfín de hechos y datos que nos muestran todo el daño que le hacemos a nuestra tierra. Menos mal que hace unos días y aprovechando la conmemoración señalada, se puso en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado también Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo suscrito el año 2018 y que no entraba en vigencia por la falta de ratificación de los Estados participantes, es una herramienta importante en la lucha por el medio ambiente. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.
En ese sentido, fue una sorpresa para muchos ambientalistas que nuestro país haya procedido a su firma y ratificación, considerando la política extractivista que se mantiene desde hace años y la falta de políticas públicas sobre desarrollo sostenible.
Este acuerdo tiene aspectos muy interesantes como por ejemplo en materia de acceso a la información. Como sabemos, Bolivia no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública; sin embargo, a través de la ratificación de este acuerdo mediante la Ley No 1182, se da un importante paso para el ejercicio de este derecho, lo que permitirá que las y los defensores de la Madre Tierra puedan acceder a información sobre proyectos que afecten al medio ambiente, quizá así al fin se podrán conocer todos los entretelones de los proyectos del Bala y el Chepete, entre otros que eran tratados con el máximo secreto.
De la misma manera, el acuerdo tiene normas específicas para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental. Permite mayor protección a pueblos y naciones indígenas que vean afectados sus territorios, no solo de acceso a información sino de participación y de acceso a la justicia ambiental. Y por suerte Bolivia todavía no ha llegado a niveles de violencia contra estos activistas, como en Brasil o Colombia sin ir más lejos, pero no han estado tampoco libres de presiones e incluso acciones negativas de diverso tipo, recuérdese lo que se hizo con el Cedib, por ejemplo, o con los indígenas del Tipnis en Chaparina.
Realmente, esperemos que el Acuerdo de Escazú sea cumplido y permita una mejor defensa frente a todo el daño que producimos al medio ambiente, a nuestras áreas protegidas, aguas, bosques, fauna y flora, y que dejemos la hipocresía discursiva enalteciendo a una Madre Tierra a la que golpeamos día a día.
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