Texto y fotos de Malkya Tudela para Guardiana (Bolivia)
Jueves 4 de febrero de 2021.- Un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) refleja un panorama desalentador para los pueblos indígenas en la región y recomienda a los gobiernos evitar medidas políticas y administrativas en su contra.
Durante la pandemia, estas poblaciones no tuvieron acceso al agua y saneamiento; permanecieron en condiciones de hacinamiento no se tomaron datos sanitarios sobre pertenencias étnicas y no hubo políticas paliativas a su favor.
La Cepal prevé, en general, un crecimiento exponencial del riesgo de los pueblos indígenas de ser invisibilizados.
Ante este panorama, los organismos internacionales, a los que se suma la Cepal, han emitido recomendaciones para que los gobiernos pongan en pausa medidas que puedan ir en contra de los pueblos indígenas.
A pesar de ello, en las últimas semanas se ha registrado en Bolivia una desestructuración del personal de Servicio Nacional de Áreas Protegidas, donde viven muchos pueblos indígenas, e incluso se ha informado de autorizaciones para actividades mineras en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías.
La agencia internacional refleja que “las actividades extractivas continúan arremetiendo con fuerza contra los territorios indígenas y se han convertido en vectores de contagio en su interior”. El ejemplo principal es la minería de oro, legal e ilegal, en particular en los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura en los altos de La Paz y el municipio de Rurrenabaque en el Beni; o la situación en el territorio Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, que se ha declarado en emergencia por la irrupción de empresas mineras.
El documento de la Cepal emite algunas recomendaciones y sistematiza otras de organismos internacionales. Entre ellas:
- Necesidad de obtener consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar cualquier medida; proteger especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial; y apoyar los planes de protección comunitaria definidos autónomamente por los pueblos indígenas (OACNUD, Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
- Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia ante la imposibilidad de realizar la consulta previa, libre e informada (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
- Garantizar la participación de los pueblos indígenas en instancias de toma de decisión para frenar o mitigar la enfermedad de Covid-19; abstenerse de adoptar medidas legislativas y administrativas que afecten los derechos de los pueblos indígenas, entre otras (Cepal).
Situación del Estado Plurinacional
La Cepal refleja que Bolivia ha adoptado medidas económicas paliativas; pero “en ninguna de ellas se han establecido disposiciones específicas para los pueblos originarios, que han debido desplazarse desde los territorios más remotos hacia los centros poblados para acceder a esos subsidios”.
Los bonos para sostener la economía familiar, por ejemplo, tuvieron una distribución uniforme en las ciudades, pero no en las poblaciones alejadas.
“Los pueblos indígenas tuvieron que organizarse, mandar cartas a los bancos y hacer gestiones para que un dirigente pueda ir a los centros urbanos y en ese trajín tuvieron contagio”, explicó el responsable de Investigación en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Juan Pablo Marca, convocado al conversatorio El impacto de la pandemia y el acceso a la tierra-territorio en Sudamérica.
Una mención especial, en el informe de la Cepal, es para los pueblos en riesgo de desaparición incluso antes de la pandemia: los weenhayek, ayoreo, cavineño, mosetén, cayubaba, chacobo, baure, esse ejja, canichana, sirionó, yaminawa, machineri, yuki, moré, araona, tapieté, pachahuara, guarasug’we y uru.
Todos ellos “han quedado desatendidos por la respuesta estatal, pese a la existencia de un marco normativo de protección especial para estos pueblos, que contiene disposiciones específicas en materia de salud y, en particular, para enfrentar la emergencia de epidemias que amenacen su existencia”, recoge la Cepal con base en un informe de la Defensoría del Pueblo.
En junio del año pasado, el Ministerio de Salud presentó un plan integral para mitigar los efectos de la pandemia en los pueblos indígenas para permitir su acceso a la atención sanitaria y para reactivar sus actividades económicas, brindarles ayuda humanitaria (alimentos, insumos básicos) y asegurar su acceso a los subsidios estatales.
El Cejis ha señalado que el hecho de que no se haya incorporado una variable de autoidentificación étnica en los datos epidemiológicos oficiales, así como la ausencia de protocolos de bioseguridad o de tratamiento de los fallecidos desde un enfoque intercultural, demuestra que el Estado no tuvo en cuenta a los pueblos indígenas al planificar la respuesta a la crisis sanitaria y, por tanto, vulneró sus derechos.
El politólogo Juan Pablo Marca explica que en época de la pandemia se observó el continuo pirateo, caza y pesca ilegales en los pueblos indígenas. Pero también habló de las acciones de resistencia de los propios pueblos.
El gobierno de la autonomía indígena Charagua lyambae decidió una ley autonómica de encapsulamiento; en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se prohibió el ingreso a foráneos sin “previa consulta” y en el departamento de Beni se elaboró un protocolo a cargo de un equipo de antropólogos, médicos y líderes de las comunidades indígenas tsimanes.
En Bolivia se cuenta con 34 pueblos indígenas en tierras bajas y otros 16 pueblos indígenas en tierras altas. Juan Pablo Marca resaltó el hecho de que en el año 2020 el país vivió una triple crisis que afectó a estas poblaciones: la crisis sanitaria, la crisis política con el abandono del poder de Evo Morales y la crisis económica.
La situación sanitaria de los habitantes de Macharetí, capitanía guaraní en el Chaco boliviano, fue reflejada en este documental (abajo) realizado en colaboración entre el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y Manos Unidas.
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