La educación es un derecho humano, eso es innegable. Las sociedades no avanzan, no encuentran un desarrollo adecuado sin un sistema educativo, libre, laico, humanista y acorde a los grandes avances científicos de la humanidad.
Basta ver cómo países que a principios del siglo XX eran pobres e incluso solo colonias de grandes potencias, actualmente ostentan niveles de vida muy altos, garantías democráticas e institucionales envidiables, valores ciudadanos presentes en sus comunidades y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Al preguntarse qué hicieron estos países para lograr estas metas, se observa la presencia de la variable educativa. Estos Estados apostaron a impulsar la educación pública y privada, dándole a la primera niveles de calidad tan altos como a la segunda, impulsando su educación superior y técnica, así como la investigación científica.
Practicar el derecho a la educación permite el ejercicio de otros derechos; otorga a la persona un desarrollo integral; entrega herramientas poderosas para mejorar las condiciones de vida, alejando a muchos y muchas de la pobreza extrema; reduce las brechas de género, beneficiando a la población femenina; integra a las poblaciones vulnerables y es por eso que las diferentes entidades de derechos humanos recomiendan que los servicios educativos sean universales, de calidad y que garanticen la igualdad de oportunidades. Además de que los Estados estén obligados a otorgar educación primaria obligatoria y universal, y amplias oportunidades de educación superior.
Bajo esos mismos parámetros, la Constitución Política del Estado desarrolla el tema educativo en 20 artículos, donde desde el principio refiere que esta “constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”.
Como se observa, la educación realmente es fundamental y vital para cada persona. A pesar de ello, de acuerdo a datos que nos entrega la Organización de Naciones Unidas, en el año 2018, casi 258 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a una escuela; solo 99 países en el mundo garantizan 12 años de educación escolar. Asimismo, solo seis de cada 10 jóvenes terminarán el bachillerato. Obviamente, el grueso de estas cifras se concentra en poblaciones latinoamericanas y una buena parte en África.
En nuestro país, si bien se ha logrado bajar niveles de abandono escolar y otorgar mayor infraestructura, no hemos avanzado en calidad educativa. Se entendía que la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez nos otorgaba un nuevo paradigma educativo; sin embargo, hasta ahora no son de conocimiento público los resultados tangibles. A pesar de que esta norma crea el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa, no se conoce públicamente la situación de la educación en Bolivia. Hay que resaltar que en nuestro país no se hacen mediciones de la calidad educativa desde 1997, cuando el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa dependiente de la Unesco valoró la situación.
El lunes 1° de febrero de 2021 se inició un nuevo año escolar, bajo diversas modalidades debido a la presencia entre nosotros, desde marzo de 2020, de la pandemia de Covid-19, la cual nos está trayendo graves problemas en el sistema sanitario del país, así como sufrimiento y luto a muchas familias bolivianas.
El sistema educativo no estaba preparado para un acontecimiento como el que ahora vivimos, y no se percibe hasta el momento que esto vaya a cambiar y preocupa a la ciudadanía diversos aspectos que no ve cómo el Estado vaya a afrontarlos en sus diferentes niveles.
Si bien una de las modalidades de enseñanza en ciudades capitales y otras más pequeñas se realizará, al parecer, mediante nuevas tecnologías de la información y comunicación, hemos sido testigos de los problemas que esto trae en muchos núcleos familiares por la falta de equipos (celulares, computadoras), servicio de internet, por los altos costos que estos entrañan, principalmente para familias de bajos recursos económicos y que han sido duramente golpeadas por la pandemia y las medidas restrictivas.
Autoridades gubernamentales han anunciado la entrega de computadoras a las y los estudiantes a través de una de las empresas deficitarias y parasitarias creadas por el anterior gobierno, aspecto que podría traer más dolores de cabeza que soluciones efectivas y no se vislumbra que sea en un corto espacio de tiempo, mientras tanto muchos niños, niñas y adolescentes deberán aguantar estoicamente con lo que tengan.
Otro de los problemas latentes y que nuestras autoridades deberían observar es la atención. Muchos niños, niñas y adolescentes no cuentan con la adecuada supervisión, puesto que sus progenitores salen a trabajar. Más ahora porque con la crisis económica que vivimos y los efectos de la Covid- 19 entre nosotros, se hace de vida o muerte generar ingresos, por lo que deben dejar a sus hijos e hijas a su suerte. Es aún más grave cuando vemos niños y niñas que requieren una educación especial, debido a algún tipo de discapacidad física o intelectual. ¿Se habrá pensado en este sector de la población en edad escolar y en la forma de brindarle esa atención especializada?
Por otra parte, está la realidad del área rural. Si vemos, con desazón, lo que posiblemente acontecerá en las ciudades, realmente pensar en todo esto con los niños y niñas de tantas comunidades indígenas de tierras altas y bajas en nuestro país, sin equipamiento, sin internet, en muchos casos sin televisión o solamente radio, es dramático y estamos condenando a mantener un círculo vicioso de pobreza y falta de oportunidades.
Finalmente, otra de las dificultades latentes está en la preparación del personal docente. En muchos casos, las y los maestros no cuentan con las herramientas necesarias para brindar educación de este tipo y no es su culpa. El sistema mantiene una metodología educativa del siglo pasado, que no se ha podido modificar, ni siquiera en épocas de normalidad. ¿Será que en esta nueva gestión educativa ya contamos con docentes calificados en educación a distancia, que utilicen adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que expriman las plataformas educativas para lograr resultados alentadores de manera inmediata?
Como ya se señaló, si bien la pandemia pone en riesgo a todas y todos, sus efectos negativos no se distribuirán de manera igualitaria como se ve en el sistema educativo. Los pobres, las mujeres, indígenas, personas con discapacidad y la juventud en desventaja sufren y sufrirán los efectos a mediano y largo plazo. Ya lo señaló la ONU: “El virus no discrimina, sus impactos sí lo hacen”.
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