Entre julio y octubre de 2019 se quemaron cinco millones de hectáreas, de las cuales 1,5 millones eran bosques, y esto fue considerado uno de los desastres ecológicos más serios de la última década. Es como si Costa Rica (51.100 km2), Suiza (41.290 km2) o República Dominicana (48.730 km2) hubieran ardido en su totalidad. No creo que a esas poblaciones les hubiera hecho mucha gracia tener que migrar o empezar una reconstrucción desde cero. Sin embargo, a nosotros nos importó muy poco, puesto que en 2020, en el mismo periodo, se quemó casi la misma cantidad de territorio (4 millones) y así continuamos: destruyendo, depredando y arrasando espacios que cualquier otro país con vocación ecológica, que realmente respete a la “Madre Tierra” y no la use sólo en discursos cuando se asiste a foros y espacios internacionales, se preocuparía en cuidar.
Varios expertos en la temática manifiestan que a nombre de ampliar la frontera agrícola se están atacando lugares en la Amazonía, el Chaco y los llanos orientales que solamente tienen vocación forestal y no servirá mucho cultivar algo en sus suelos, porque lo único que se logrará es volver esas tierras desiertos, tal como viene ocurriendo en la Chiquitanía cruceña o en los grandes llanos benianos, pero aun así esto no le importa al Gobierno.
De acuerdo al portal Mongabay Latam, en el año 2022, el país registró un nivel récord de pérdida de bosque primario, con un aumento del 32 por ciento en comparación con el año anterior, lo que representa 385.567 hectáreas de bosque húmedo primario y 595.996 hectáreas de cobertura arbórea.
Algo se reaccionó el 2023, pero solamente fue porque se quemaron lugares cercanos a áreas urbanas que afectaron seriamente la salud de la población, incluso llegando a instruirse la suspensión de actividades escolares y la cancelación de tráfico aéreo (Santa Cruz, Beni y norte de La Paz), por la mala calidad del aire. Como las quemas provocaron grandes incendios forestales, el Gobierno se vio obligado a movilizar incluso a las Fuerzas Armadas para brindar apoyo, generalmente a bomberos voluntarios que realmente arriesgan sus vidas por pura vocación y amor. El Presidente Arce algo aprendió de la lección de 2019, que afectó a Morales en las elecciones de ese año y el malestar de muchos sectores, principalmente de clase media.
Pero ya estamos en julio de 2024, mes en el que empiezan las quemas que provocan incendios forestales y todavía no se conoce qué hará el gobierno para evitar los desastres de años anteriores y tratar de bajar a Bolivia del podio de los países que más deforestan del mundo.
En los últimos años, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) emitió miles de infracciones por faltas ambientales y forestales. De hecho, en el último sexenio 6.463 procesos administrativos fueron iniciados a nivel nacional, de los cuales el 62 por ciento (4003) fue por desmontes y quemas ilegales. Pese a la enorme cantidad de procesos, la multa boliviana por deforestar no es efectiva, ya que es la más baja a nivel sudamericano. Y por intereses políticos se han perdonado las multas por esta actividad. Usted se preguntará el motivo.
Es muy fácil responder: permisividad con los aliados políticos. No olvidemos que los más grandes pirómanos criollos son las empresas agropecuarias (soyeros y ganaderos principalmente), un sector que al Gobierno le interesa tener de su lado, porque podrían eventualmente apoyar política y económicamente a quienes les sigan permitiendo su actividad si alguien se anima a afectarlos. Por el otro lado, se encuentran los interculturales (colonizadores), que siempre estuvieron apoyando al Movimiento al Socialismo, y que actualmente tanto el “arcismo” como el “evismo” se los disputan como un sector importante de apoyo a sus facciones, extremo que es aprovechado por el movimiento para evitar cualquier molestia a sus acciones colonizadoras y depredadoras.
Es por estas razones que a pesar de las múltiples denuncias y recomendaciones de entidades, expertos y expertas, al parecer no se moverá un dedo para abrogar el denominado “paquete incendiario”, entre los que se cuenta al Decreto Supremo N° 4334 que autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Las leyes 337, 502, 739, 740, 741 y 952, que establecen además perdonazos a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017.
Para darse cuenta del daño que ha hecho esta normativa nos centramos en dos ejemplos:
El primero es la Ley 1171 de 2019 que estableció un nuevo régimen de multas mediante el pago por incendios en hectárea efectivamente quemada de 1 a 6 UFV; y por tipo de propiedad: de 20 a 100 (UFV). El valor actual de la UFV, según el Banco Central de Bolivia, es de Bs. 2.50784; es decir, por supuesto que era mucho mejor quemar sin medida ni clemencia porque era irrisoria la multa.
Tenemos un segundo ejemplo muy patente, la Ley N° 741 de septiembre de 2015, que fue creada con el objetivo de garantizar la “seguridad alimentaria” mediante el aumento de la producción de alimentos en los asentamientos nuevos de comunidades en tierras fiscales predominantemente cubiertas de bosques primarios. Nos estamos refiriendo principalmente a la Chiquitanía y a la provincia Guarayos de Santa Cruz, además del sur de Beni y el norte de La Paz, lugares muy deseados por el sector intercultural, la señalada norma permitía el desmonte de hasta 20 hectáreas.
Según la Fundación Tierra, se desmontaron (utilizando por supuesto chaqueos) cerca de 460 mil hectáreas a nivel nacional bajo la figura de Planes de Desmonte de 20 hectáreas (PDM20), según cálculos propios basado en los reportes de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT, sin embargo, el aumento de la superficie cultivada llegó a 40.800 hectáreas (2015-2022), según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Comparado con el total de los desmontes, esta última cifra equivale solo al 9%;, es decir nada, entonces sólo habría servido la tierra para el redituable negocio del tráfico de tierras.
Pobre “esta tierra inocente y hermosa que ha debido a Bolívar su nombre”. Cada vez es una tierra menos feliz. Esperemos que algunos proyectos normativos que actualmente se tratan en la Asamblea Legislativa Plurinacional lleguen a buen puerto; aunque ya sea tarde, algo se podrá lograr.
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