Según datos de varias organizaciones de derechos humanos en nuestro país y también del Censo 2024, en Bolivia se encuentran 29 mil personas privadas de libertad, de las cuales el 70 por ciento está con detención preventiva.
En nuestro país, existen 46 recintos penitenciarios en ciudades capitales y provincias, con capacidad de albergar a 7.549 personas privadas de libertad. Realizando una simple operación matemática, nos damos cuenta de que, donde debe ingresar un privado de libertad, se encuentran cuatro y eso bajo los estándares de derechos humanos es inaceptable, es tortura y mal trato; pero, al parecer el populismo penal de nuestras autoridades, no les permite mirar más allá y profundamente en la problemática, puesto que hace días presentaron un proyecto de ley con una denominación muy jocosa y original: “Lo ajeno no se toca”.
Dejando el sarcasmo, si se aprueba la norma mencionada la problemática carcelaria se agudizaría; aunque al final seguramente habrá alguna gente a la que no le importará porque estamos hablando de lo peor de la sociedad, de aquellos hombres y mujeres que según algunas personas ya no merecen denominarse seres humanos, son lacra, cometieron el grave hecho de sonsacar algo que no es suyo, por lo tanto, se lo buscaron y pagan las consecuencias.
De acuerdo a la información de la Dirección General de Régimen Penitenciario, publicada y sistematizada por la sociedad civil el año 2022, del total de privados de libertad, el 39 por ciento se encontraba detenido por delitos contra la libertad sexual; el 21,6 por ciento por delitos contra la vida e integridad corporal y el 15 por ciento por delitos contra la propiedad, por lo tanto, la lógica nos dice que sería mucho más importante analizar las causas y la política criminal a adoptarse para que la gente deje sus prácticas sexuales que dañan de por vida, generalmente a mujeres y niñas o bajen los niveles de violencia en la sociedad, según estos datos oficiales, antes que agravar las penas de quienes roban mochilas, bolsos, celulares, que sabemos que no tendrá ningún efecto disuasorio, considerando además que la crisis económica se agrava y por eso hay menos trabajo y oportunidades laborales legales y, por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas que no tienen otra alternativa saldrán a la calle a apropiarse de lo ajeno para sobrevivir y quizá una porción porque ha hecho de ello su oficio, pero justamente por esa falta de formación y educación que les convierta en personas de provecho.
Dentro de la doctrina penal, que debe ser repasada por nuestras autoridades del sector, persiste el desacuerdo en torno a que el aumento de la penalidad constituye el medio más adecuado para enfrentar el comportamiento delictivo. Los que ocupan una posición a favor del recrudecimiento de la pena privativa de libertad, tal vez no han alcanzado a notar que las sanciones impuestas hasta el presente no han permitido reducir los niveles de reincidencia; de ahí que es posible afirmar con total seguridad que al agudizar la severidad penal tan sólo se llega a sobrecargar el Sistema Judicial y penitenciario en su conjunto, sin que a la larga se vea aminorado el fenómeno criminal. En palabras del penalista Claus Roxin: “Se espera demasiado cuando se supone que a través de las penas duras se reducirá sustancialmente la criminalidad existente”.
En consecuencia, lo único que se logrará si la norma se aprueba será colapsar las cárceles, de por sí saturadas, y alimentar el perverso sistema judicial para que seguramente exista mayor corrupción. Es una verdad evidente que la privación de la libertad como respuesta a la delincuencia no se la debería enaltecer como si fuese el único medio para garantizar la paz y tranquilidad de una sociedad, como señaló el penalista Vélez: “Precisamente por ser un recurso violento y dañoso, se recomienda que sea usado sólo como ultima ratio”.
Otro de los efectos humanos y socialmente negativos del aumento de las penas o la creación de nuevos tipos delictivos, como en el caso que nos atinge, es que éste suele ser distribuido inequitativamente en la población, recayendo en particular en el conjunto de la sociedad más vulnerable y más desprotegida por el sistema penal, es decir se está sancionando la pobreza. Y lo único que se consigue, por sus características particulares, tanto económicas como culturales, es simplemente contribuir aún más a la reproducción de actos delictivos.
Por otra parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, precisó que se creará una nueva forma penal denominada “apoderamiento flagrante de la cosa ajena”, y tendrá como sanción el encarcelamiento por siete años sin derecho a indulto, dejando de lado que la doctrina penal considera un principio importante la “proporcionalidad de la pena”, para decirnos que se encuentra ahí para cumplir ciertos fines de reinserción y rehabilitación, y no para ser una venganza desproporcionada, simplemente porque quiero ganar votos y apoyos para mi gobierno.
En conclusión, es muy importante no ser reactivos penalmente ante problemáticas de la sociedad que tienen otro origen como es la grave situación social, económica y la pérdida de valores, entre otros, que no se solucionan con palo y cárcel, sino con políticas sociales y económicas que permitan mejores días para la sociedad. Seguramente en la Asamblea Legislativa Plurinacional que tratará este proyecto se hará patria, pero no como quiere el Primer Mandatario, sino velando por los derechos humanos de todas y todos, con razonabilidad y seriedad.
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