El Censo de Población y Vivienda que debió realizarse el 16 de noviembre del año pasado ha dejado de ser parte de la agenda informativa y de los intereses del Gobierno como de la ciudadanía cruceña una vez que empezó el año 2023 con serios problemas en la ciudad de Santa Cruz por el secuestro del gobernador Luis Camacho, pero, además, como si no fuera de incumbencia de todos los bolivianos que ansiamos vivir con el pleno respeto a la Constitución Política del Estado y las leyes que rigen los destinos del país. Aquí no deberían primar solo beneficios para un partido político en función de Gobierno que ahora controla los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo, además de las organizaciones sociales a su servicio.
El Censo ha sido un conflicto en el que el gobierno de Arce Catacora terminó imponiendo de forma arbitraria su aplicación para el año 2024. En cambio, la posición del Comité Cívico, la Gobernación de Santa Cruz y las autoridades universitarias de la Gabriel René Moreno insistieron en que el Censo se realice el año 2023. ¿A qué se debe el conflicto? ¿Qué intereses existen para tener una posición irreconciliable entre ambas alternativas? ¿Qué se oculta y no se quiere decir a la población boliviana que sigue los acontecimientos de manera pasiva y que tal parece, no influye para nada en la vida cotidiana del país y de sus habitantes?
Sin duda, la posición del gobierno de Arce Catacora es autoritaria e impositiva y de todas maneras ya incluye un plan definido para salir con su gusto e imponer un cronograma que beneficia los intereses de un partido de gobierno (el MAS), que quiere perpetuarse en el poder, independientemente del servicio por el bien común, es decir, de tomar en cuenta el criterio de la ciudadanía que no ve con buen talante esa decisión que desfavorece al país en su conjunto y solo beneficia la satisfacción de necesidades que tienen el gobierno y sus militantes para quienes no cuenta el diálogo, el debate, el consenso y la discusión de un tema que afecta a todo el país.
Por otra parte está la posición del departamento de Santa Cruz que hizo una huelga de más de treinta días, acatada por instituciones y ciudadanía, exigiendo el Censo para el año 2023, en la perspectiva de contribuir con datos actuales que permitan una adecuada distribución de recursos económicos en función de la población con que cuenta cada departamento, para atender las necesidades de salud, infraestructura, caminos, oportunidades de trabajo, implementación de servicios de luz eléctrica, escuelas, hospitales, pero además, la distribución de escaños para la realización de las elecciones del año 2025, tema del cual no se habla para nada desde la esfera gubernamental, y que ese es el problema de fondo que confronta a Santa Cruz y el gobierno y que beneficie los intereses de todo el país, para una futura planificación que permita atender expectativas de carácter nacional y no solo partidarias.
Ya ahora nadie dice nada sobre el Censo. Por obra y gracia del gobierno y los militantes del MAS se implementará recién el 23 de marzo de 2024, así lo decidieron por recomendación de una Comisión Técnica conformada para tal fin, una herramienta tan útil para la planificación de los próximos diez años en el desarrollo y crecimiento del país. Entre tanto, surgen otros problemas creados por el propio Gobierno, que, en una actitud arbitraria y con el apoyo de la fuerza pública y la justicia a su servicio, detuvo (secuestró) al Gobernador de Santa Cruz por el delito de “terrorismo y Golpe de Estado”. Figuras que no tienen una base legal objetiva para sustentarlas desde la parte jurídica. Se trata más bien de un hecho político sin precedentes para el país, gobernado por una dictadura que bajo el rótulo de “democracia” hace lo que le viene en gana para quedar con la conciencia tranquila y libre de culpa.
El departamento de Santa Cruz está todo el tiempo en la mira del Gobierno, el que moviliza a las fuerzas policiales, a sus huestes del partido, primero en la disputa por el Censo de Población y Vivienda y se salen con la suya. Ahora la detención arbitraria del Gobernador calificado de abuso, autoritarismo, venganza política, descabezamiento de líderes políticos, —pronto continuaran con otros— para impedir que el año 2025, en las elecciones nacionales puedan aparecer como candidatos. Buscan allanar el camino para que el MAS sea la única contienda política que postule a sus candidatos, que, aparentemente se encuentran divididos y en permanente conflicto.
Por otra parte, está una oposición también dividida en torno a intereses muy sectarios y sin posibilidades de lograr la unidad y que se pueda apoyar a un candidato carismático, visible y triunfador. Las figuras son siempre las mismas: Carlos Meza, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el mismo Luis Fernando Camacho, ahora detenido en Chonchocoro, líderes políticos de la oposición que no hacen el menor intento de lograr una alianza que logre frenar el intento del MAS de quedarse en el Gobierno por muchas gestiones, perjudicando el desarrollo del país que requiere de un nuevo modelo económico, que no pasa por el neoliberalismo ni el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo que por ahora constituye otro fracaso.
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