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El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña con el objetivo de “reconocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que se enfrentan en todo el mundo”.

Cada año, el Día Internacional de la Niña se refleja a través de un lema que busca evidenciar las problemáticas que afectan a niñas de todo el mundo, por ejemplo, en 2021 el lema fue: “La generación digital, nuestra generación”, que reclamó el acceso de las niñas en igualdad de condiciones a la tecnología como mecanismo para adquirir conocimientos, ingresos y ejercer su liderazgo.

Para el año 2022, el lema es: “Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”, con la idea, me imagino, de, a 10 años de establecido este reconocimiento, enviar un mensaje positivo y de empoderamiento hacia adelante.  Sin embargo, el camino es aún muy largo, las niñas de todos los lugares del mundo, con desventajas aún más pronunciadas en países como el nuestro, continúan enfrentándose a serias dificultades para desarrollar su potencial; todo ello agravado por las crisis concurrentes del cambio climático, el Covid-19 y los conflictos humanitarios, entre otros.

La falta de acceso en igualdad de condiciones a salud, educación, bienestar físico y mental, y la protección necesaria para una vida libre de violencia, son problemas recurrentes en la vida cotidiana de las niñas, cargas que han empeorado con la pandemia, la cual ha erosionado los pocos logros alcanzados en el último decenio. Algunos datos de la realidad cotidiana no de miles, sino de millones de niñas, sirven para tomar conciencia de lo preocupante de la situación:

  • En torno a un 12,5% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años que alguna vez tuvieron pareja fueron objeto de violencia en los últimos 12 meses (Naciones Unidas, 2022).
  • En el mundo hay 650 millones de mujeres vivas que se casaron antes de los 18 años, y cada año otros 12 millones de niñas se casan antes de llegar a la edad adulta (UNFPA, 2020; UNICEF, 2020).
  • Más de 200 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias de la mutilación genital, y al menos 4 millones de niñas corren el riesgo de ser sometidas a esta práctica cada año (UNFPA, 2020; UNICEF, 2020a).
  • Cada año, nada menos que 12 millones de niñas son sometidas a matrimonio infantil, lo cual puede mermar su poder de decisión no solo en lo relativo a la atención de la salud, la anticoncepción y la sexualidad, sino también a la escolarización, los medios de vida y la participación en los asuntos de la comunidad. En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas está casada o en unión informal antes de cumplir los 18 años; en algunas partes de la región, la cifra es superior a una de cada tres (UNICEF, 2019).
  • Se estima que cada año, en la región, un 15% de todos los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y los 19 años. (OPS, 2018)
  • En las regiones en las que la preferencia por los hijos varones está más extendida, es posible que se alimente menos a las niñas pequeñas o con alimentos menos apetecibles que a sus hermanos (Ramalingaswami, 1997; Chen, 1981).
  • En la actualidad se estima que hay más de 140 millones de mujeres desaparecidas debido no solo a la selección del sexo con sesgo de género, sino también a la selección posnatal del sexo (Bongaarts y Guilmoto, 2015).
  • 72% de las personas traficadas son mujeres, y entre ellas, el 23% son niñas. Una gran parte de ellas acaban siendo prostituidas (Informe Global de la Trata de Personas de 2018).
  • 16 millones de niñas nunca irán a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO).
  • Más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de la crisis por Covid-19 (UNESCO, 2020)
  • Más de 62 millones de niñas en edad escolar no estudian porque no tienen acceso o deben trabajar día y noche para aportar económicamente en sus casas. Muchas son explotadas laboralmente y forzadas a trabajar por inhumanas jornadas laborales, a cambio de salarios miserables que apenas alcanzan para una comida diaria.
  • Aún quedan sin escolarizar 31 millones de niñas en edad de cursar la enseñanza primaria. De este grupo, se prevé que 17 millones nunca lleguen a asistir al colegio. En la enseñanza primaria hay cuatro millones menos de niños que de niñas sin escolarizar (UNESCO, 2013).

A estos datos, deberíamos sumarles los referidos a niñas y adolescentes que, desde una mirada interseccional, son víctimas de diversos tipos de discriminación al mismo tiempo (niñas indígenas, niñas con VIH, niñas en situación de calle), solo como ejemplo, las niñas y las jóvenes con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia que cualquiera de sus pares varones con discapacidad o que las niñas y las jóvenes sin discapacidad (UNFPA et al., 2018). Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de sufrir violencia sexual, y las niñas son las que corren el mayor riesgo.

La situación de las niñas en Bolivia está bastante invisibilizada, casi no existen datos actualizados, oficiales o no oficiales.

  • De acuerdo al Censo 2012, a nivel nacional, 54 de cada 100 niñas que tienen entre 4 y 5 años de edad asisten a un establecimiento educativo (educación preescolar); 96 de cada 100 niñas de 6 a 11 años de edad estudian y 87 de cada 100 adolescentes mujeres de 12 a 17 años de edad asisten a un establecimiento de educación escolar.
  • La deserción escolar de las niñas en primaria es del 1,8% y de adolescentes que estudian en el nivel secundario es de 4% (Defensoría del Pueblo, 2014)
  • Según datos del Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS), en la gestión 2021, se registraron en el país más de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes, lo que equivale a un promedio de 105 por día; en tanto, en menores de 15, hubo 2.329 gestaciones, un promedio de 6 por día. La mayoría de estos casos fue por violencia sexual.
  • En 2019 fueron denunciados a la Policía Boliviana 2.645 casos de violencia contra niñas y niños menores de 12 años, de éstos, en 1974 las víctimas fueron niñas (Observatorio Regional de América Latina y el Caribe: La Realidad de las Niñas).

Detrás de estas terribles cifras hay vidas de niñas y adolescentes, personas con dignidad, con facultades y potencialidades en constante desarrollo, titulares de todos los derechos que les deben ser reconocidos y garantizados.

Desde un enfoque de derechos, las niñas y las adolescentes merecen una protección especial, adaptada y reforzada, debido precisamente a su condición de personas en desarrollo y crecimiento[1]. Las niñas y las adolescentes requieren acciones específicas, sostenibles y urgentes que combatan de manera efectiva estas realidades que son el resultado de la desigualdad basada en el género y en su edad y nivel de desarrollo.

La familia, la sociedad y el Estado tenemos responsabilidades ineludibles con respecto a las niñas, ante todo, debemos reconocerlas en el discurso y la práctica como sujetas de derecho, con voz y capacidad de incidencia en todas las decisiones que les afectan. Ellas transitan etapas trascendentales cada una con valor en sí mismas y que no deben ser consideradas jurídica y socialmente como un simple tránsito hacia la edad adulta, en cada una de esas etapas las necesidades de protección de las niñas y las adolescentes varían, nos corresponde reconocer su autonomía progresiva para ejercer paulatinamente los derechos por sí mismas, a la par, asumamos de una vez con seriedad y responsabilidad nuestro deber de protegerlas, amarlas y valorarlas.


[1] Corte IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02, 2002. Serie A No. 17, párrs.51, 54, 55 y 60

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