“Tenemos que matar o castrar a todos los violadores…”. “A los feminicidas habría que hacerles lo mismo". “Lo bueno es que a los violadores les harán lo mismo en la cárcel”. "Pena de muerte, cadena perpetua y castración química, ¡ya!”. Esas son algunas de las frases que leemos o escuchamos cada vez que hay una noticia sobre la vulneración de derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad como son mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Los medios de comunicación reportaron estos últimos días hechos muy duros de violaciones producidas en Yacapacaní, donde un niño fue víctima de abusos sexuales por parte de cuatro hombres miembros de una familia, al parecer con antecedentes delictivos anteriores. Por otra parte, en la localidad de Chimoré una niña de 12 años habría sido abusada por su abuelo, dejándola embarazada y debatiéndose la interrupción legal del embarazo de siete meses, puesto que el personal de salud se negaba a proceder de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. Finalmente se le practicó una cesárea; pero no se conoce el final de esta triste historia ahora que el bebé ha nacido.
Es evidente que hechos como los descritos afectan a toda la sociedad, pero la respuesta no es la violencia o medidas draconianas como varios ciudadanos y ciudadanas expresan o las voces de nuestros “brillantes” políticos para ampliar las penas; restablecer la pena de muerte; aplicar cadena perpetua o castración química. Sin embargo, todo esto es puro “populismo penal o punitivo” que, en palabras de Ferrajoli, es una “política en materia de seguridad, dirigida a obtener consenso secundando el miedo y la demanda de medidas represivas con un uso coyuntural y demagógico del derecho penal”.
En ese sentido, esta forma de hacer política desde esferas gubernamentales se caracteriza en primer lugar por politizar la temática del crimen y el castigo, como arma de polarización, dividiendo entre los supuestos malos y los buenos; empero, lo único que logra es profundizar ciertos aspectos de discriminación e incluso racismo. Al mismo tiempo, acrecienta el miedo y los estereotipos, que son reforzados por los mismos medios de comunicación.
Por otra parte, el populismo penal o punitivo tiende a mostrar una mirada simple de la realidad criminal, sin observar sus causas reales. Se deja de lado la mirada racional y académica, y se la sustituye por la especulación mediática y la supuesta sabiduría de la voz del pueblo, simplemente con otras intencionalidades generalmente político-partidarias y de popularidad. Es por esto que inmediatamente ocurrido un hecho doloroso como los descritos líneas arriba, autoridades, diputados y senadores, de cualquiera de las facciones, comienzan a reavivar propuestas vulneradoras de derechos humanos y que nos trasladan a siglos pasados; pero si nos damos cuenta, estos actores nunca debaten – siendo su obligación– medidas profundas de reforma y mejoramiento de la justicia, del Ministerio Público, de la Policía y otras estructurales para reducir las tasas de criminalidad.
A continuación, algo muy común de esta forma de accionar es que siempre se presenta a aquellos que han cometido un hecho delictivo (o varios) como un seres malvados, irreformables, a quienes hay que encerrar en las cárceles, como el polvo debajo de la alfombra, sin piedad ni clemencia, tratando desde el primer momento de escarmentarlos y castigarlos. Un claro ejemplo es la presentación de aprehendidos ante los medios de comunicación, que tanto debate tuvo en días pasados.
Por otra parte, también tiene como consecuencia el abuso de la detención preventiva que coloca a Bolivia en el tercer lugar de hacinamiento carcelario en la región después de Haití y Guatemala, y del que no podemos salir y lo más posible es que no lo haremos en tanto no se apueste por reformas estructurales, que son la verdadera respuesta a la criminalidad.
En todo caso, aunque creamos que asesinando a un supuesto delincuente ya no habrá crimen, esto no ocurrirá. Este se encuentra en todas las sociedades del mundo. Si creemos que metiendo a todos los “malos” en la cárcel solucionaremos el problema, pues estamos equivocadísimos, puesto que esto sería solo aplaudir la incapacidad del Estado.
Deben tomarse medidas de prevención en serio: bajar los factores de riesgo al mínimo (acceso a armas, alcohol, drogas); asumir políticas de anticipación en centros educativos y laborales; llevar adelante más acciones de inclusión como por ejemplo lo hicieron en Bogotá y Medellín, donde decidieron que todo espacio público como bibliotecas, canchas de fútbol y parques esté pensado para mejorar la inclusión social y convivencia, principalmente de los jóvenes en situación de riesgo por la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas y alcohol, la violencia en sus barrios, la falta de oportunidades y, más aún, la indiferencia del Estado.
El crimen es un fenómeno complejo que requiere no la “bala fácil que todo lo cura”, sino soluciones desde muchos frentes y voluntad política para encararlo. Esperemos que algún momento comencemos a generar soluciones estructurales.
Comentarios