Entre julio y noviembre de 2019, pasamos por uno de los más graves incidentes medio ambientales ocurridos en Bolivia debido a incendios que se produjeron en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Fueron afectadas millones de hectáreas, principalmente del bosque chiquitano, partes de El Pantanal y la Amazonía. Y esperábamos que este desastre sirviera de lección para nuestros gobernantes; pero no fue así.
Este año tenemos desastres naturales de magnitud. Medios de comunicación han estado reportando focos de calor desde marzo de este año y la reactivación de otros, nuevamente afectando al bosque chiquitano y otras áreas protegidas como el parque Otuquis, Copaibo, Noel Kempff.
A pesar de la reacción del gobierno transitorio declarando estado de emergencia nacional, la medida podría considerarse tardía y coyuntural, puesto que la normativa que deviene desde el gobierno de Hugo Banzer y que se profundizó luego con otras medidas normativas que favorecen la explotación irracional de áreas no aptas para la agricultura sigue vigente, como han denunciado diversas instituciones de defensa del medio ambiente.
En los días pasados medios de comunicación de la capital cruceña e incluso de otras ciudades hicieron conocer la deficiencia de la calidad del aire, y quizá muy pocas personas se preguntaron qué es lo que está pasando, el motivo de la quema descontrolada y porqué las autoridades no hacen nada o muy poco para solucionar este problema, que en un corto plazo puede traer graves consecuencias en la salud de grandes porciones de la población boliviana.
En la mayoría de los casos, los estantes y habitantes de las ciudades no percibimos de manera directa y a corto plazo los efectos que tiene la afectación al medio ambiente. Por el contrario, contribuimos de diversas maneras a afectarlo. Vemos muy abstractos y lejanos los efectos en el agua, en la tierra y en el aire de nuestras actividades. Y no faltan quienes incluso niegan que esto ocurra, se ríen del calentamiento global, se mofan de la pérdida de especies animales y vegetales, con el argumento de que la economía debe continuar su marcha por un bienestar que podríamos calificar de artificial para la humanidad.
A pesar de ello, la defensa del medio ambiente ha tomado mayor connotación en los últimos decenios, y en esa misma línea se ha relacionado con los derechos humanos, naciendo los derechos humanos ambientales.
Tanto ha sido el avance que varios países como Bolivia han incluido un derecho al medio ambiente sano en sus normas fundamentales, así el artículo 33 de la Constitución del Estado Plurinacional señala:
“Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera norma y permanente".
Artículo 33 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia
Si bien no existe una norma internacional de derechos humanos que de manera general reconozca este derecho, la interdependencia como característica de los derechos humanos reconoce el derecho a la vida, la salud, al agua y a otros derechos que tienen que ver directamente con un medio ambiente sano como condición indispensable. Aunque no debemos dejar de lado Declaraciones tan importantes como la de Estocolmo o de Rio del siglo pasado que fueron las primeras en referir el derecho al medio ambiente sano.
Al mismo tiempo es importante considerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas originario campesinos que, en nuestro caso, se encuentran desarrollados en el artículo 30 de la Constitución y que hacen un especial énfasis en la relación entre el territorio y el desarrollo de la vida de estas comunidades y, por lo tanto, de la necesidad de tener un medio ambiente sano y al manejo adecuado de sus ecosistemas y a la gestión de sus territorios.
De toda esta normativa básica surgen las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente para el desarrollo sostenible de sus poblaciones, además, estos tienen la obligación de proporcionar información a la ciudadanía de manera transparente acerca de los problemas ambientales y los riesgos que existen, con el fin de que asumamos decisiones ambientales o podamos hacer uso de recursos efectivos para defendernos de los daños ambientales producidos.
En este punto, se hace indispensable la ejecución del Convenio de Escazú de 2018 que en su artículo 1 señala: “El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Es importante que el Estado asuma este compromiso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, con los defensores y defensoras ambientales que, al mismo, lo son también de derechos humanos, ya que esta actividad se constituye en una actividad riesgosa, principalmente por los intereses económicos que afectan a grandes capitales y grupos de poder.
Se han visto casos en nuestro país de amenazas y acciones de presión contra organizaciones no gubernamentales preocupadas de esta temática tan relevante para nuestro futuro. Todavía no hemos llegado a niveles de violencia como en otros países de la región como Brasil o Colombia, con aquellos defensores y defensoras de la Amazonia y la selva que fueron incluso torturados y asesinados por su actividad.
Estamos a tiempo de que la situación no sea irreversible, detener de las maneras más eficientes estas quemas presuntamente controladas y evitar los monocultivos extensivos y, por supuesto, ver la temática de los transgénicos que estuvo presente en la agenda nacional hace hace poco y que todavía no ha sido considerada adecuadamente; ocuparnos de la problemática del agua y los acuíferos, el manejo de la basura y desechos muchas veces tóxicos que vertemos en quebradas y ríos, y la utilización de plaguicidas, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud calculaba en un reporte de hace unos cuantos años que un 23 por ciento de fallecimientos en el mundo se da por factores de degradación ambiental. Y estos afectan mucho más a países pobres o de ingresos medios que tienen en su seno a poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, ciudadanos y ciudadanas con enfermedades de base.
Será un reto para los nuevos gobernantes ocuparse de manera adecuada de la temática de medio ambiente que, como hemos observado, tiene una relación íntima con los derechos humanos y, por supuesto, con la defensa de los derechos de la madre tierra que es una lucha crucial para todas y todos y nuestras generaciones futuras.
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