Más cámaras, menos derechos

Por Lisette Balbachan*//

La seguridad es un tema que nos importa a todos y todas, especialmente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero no podemos permitir que en nombre de la prevención y cuidado se vulneren derechos.

Una vez más es noticia la instalación de cámaras de “seguridad” con aplicación de inteligencia artificial para monitorear los movimientos de estudiantes, padres y madres de familia, y personas que pasen por las inmediaciones de las unidades educativas.

Según las declaraciones del Director de Tecnología del Gobierno Municipal de Santa Cruz, con este sistema se reconocerá al alumnado y familias a partir de una base de datos y esto permitirá reconocer vulneraciones al perímetro de las escuelas, pero ¿qué implica esto?

Recolectarán los datos biométricos de todas las personas vinculadas a las unidades educativas: estudiantes, docentes, familiares y los guardarán en una base de datos, cuyas medidas de seguridad y resguardo no son conocidas.

El software de reconocimiento facial para su funcionamiento necesita recopilar y analizar todos estos datos pudiendo representar una interferencia con el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

Recordemos, además, que nuestro país es uno de los pocos que no cuenta con una ley de protección de datos personales, por lo que la población queda expuesta a una mayor vulnerabilidad en términos de derechos humanos.

Tecnologías para el control social

Como ya mencionamos, esto no se limita sólo a quienes son parte de las comunidades educativas , porque las cámaras también registrarán a todo ciudadano o ciudadana que pase por las inmediaciones de esas escuelas, lo que supuestamente permitirá identificar también las vulneraciones del perímetro y dará alerta a la policía de forma inmediata.

En “Sonríe, te estamos filmando”, conté cómo los algoritmos y las bases de datos sesgadas en los que se basan los sistemas de IA pueden conducir a la adopción de decisiones discriminatorias y errores, que crecen aún más cuando se trata de grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sumado a eso, una identificación biométrica en diferido permite identificar a personas grabadas en espacios públicos horas, semanas o incluso meses después de la captura de las imágenes y cotejarlas con una base de datos, a la que en este caso, tendrían acceso los directores de las escuelas, la policía y el gobierno municipal.

Espacios seguros

Las escuelas deben funcionar como espacios seguros y de crecimiento para niños, niñas y adolescentes, y esto no será así si hay cámaras dentro de las instituciones de formación.

Las medidas de vigilancia con cámaras en las unidades educativas no sólo representan una violación a la intimidad de estudiantes y profesores, sino también el desarrollo de la autocensura que lleva a una limitación a la libertad de expresión.

A su vez, es bueno subrayar que la niñez y adolescencia son grupos especialmente protegidos, y vemos que en la convención sobre derechos del niño, niña y adolescentes se establece: “Cada niño tiene derecho a la vida privada”, por otro lado, la Ley N° 548. Código Niña, Niño y Adolescente del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 144, establece el derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad.

Impacto en los DD.HH.

Es importante no caer en falsas narrativas como la prevención de delitos a favor de la vigilancia masiva que impacta en los derechos humanos y libertades civiles de las y los ciudadanos que ven su privacidad y libertad de expresión limitadas.

A nivel mundial, la “vigilancia biométrica” suscita una gran preocupación en cuanto a su carácter de proporcionalidad. Es decir, si existe un equilibrio entre la limitación de la privacidad que implica su uso y el beneficio obtenido por este, o si resulta excesivo.

La proporcionalidad no termina en esta evaluación, sino que es central que abarque en consideración la recopilación y tratamiento de datos y el uso a posteriori que éstos reciben por parte del responsable de su recolección.

Tenemos que instar a los gobiernos y empresas privadas a que sean transparentes y cuenten a la población, por ejemplo, quién gestiona las bases en donde se alojan nuestros datos personales y biométricos, cuáles son las medidas de seguridad que se toman para resguardarlos, especialmente cuando hablamos de la información sensible de niños, niñas y adolescentes.

Necesitamos colocar a los derechos humanos en el centro de las discusiones alrededor de la implementación de sistemas de inteligencia artificial y videovigilancia para asegurar una protección efectiva frente a la persecución, discriminación, abuso, asegurar la igualdad de acceso a la información, las oportunidades y respeto a la privacidad, la identidad, la autoexpresión y autodeterminación.

• Responsable de Comunicación de la Fundación InternetBolivia.org

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