En oportunidades anteriores había realizado algunas apreciaciones sobre la existencia de ciudadanos y ciudadanas de “segunda categoría” en nuestro país, como las personas con diferente orientación sexual o de género, portadores de VIH, personas con discapacidad y personas adultas mayores, entre otras. En días pasados he podido ratificar esta hipótesis por una experiencia personal que quedará siempre marcada en mi mente y corazón.
Mucha veces en las ciudades y poblaciones medianas y pequeñas de la geografía patria damos muchas cosas por sentado, por ejemplo, si queremos comunicarnos utilizamos diversos medios como el internet, las redes sociales diversas que ahora se tiene en nuestros teléfonos inteligentes y, por último, seguimos recurriendo a la tradicional comunicación por teléfono. No resulta para usted ni para nadie nada sorprendente, tampoco lo es escuchar la radio o ver la televisión; sin embargo, hay ciudadanos y ciudadanas que no tienen esa posibilidad, que no pueden saber qué ocurre fuera de sus límites territoriales, porque no tienen ni siquiera medios tradicionales de comunicación como la televisión o la radio, y ni hablar de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se constituyen en un derecho fundamental, empero no para algunos/as, condenándolos/as a la desinformación y la falta de vinculación con los suyos, su patria y el mundo entero.
¿Puede imaginarse estimado/a lector/a que, en este siglo, la farmacia más cercana o el médico que pueda atender cualquier enfermedad o emergencia se encuentre de 3 a 4 días de distancia de su casa? Para muchos/as seguramente será inimaginable, hasta irrisorio, pero es una realidad. El Estado olvida que constitucionalmente el soberano ha determinado que la salud es una de las primeras obligaciones financieras del propio Estado (art. 37 CPE) y que toda persona tiene derecho a la salud, a la inclusión en el “sistema único de salud (que) será universal, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social” (Art. 18. II. CPE).
Estos compatriotas deben rogar para no enfermarse, no accidentarse, no ser mordidos/as por una serpiente venenosa o picados/as por algún insecto que les transmita alguna enfermedad, no contraer Covid-19, malaria, dengue, etc. Las mujeres en gestación dejarán en manos del destino que su embarazo siga el curso natural, que sus bebés nazcan sanos y puedan crecer sin ningún control pre y postnatal o subsidio, libradas a que la providencia no les juegue una mala pasada y acabe con su existencia o la de sus hijos e hijas porque en una emergencia obstétrica será muy difícil que puedan sobrevivir.
Por otra parte, si bien sabemos que la educación en nuestro país en general es deficiente en cuanto a calidad, mal que bien se ha mejorado en varias regiones por la existencia de unidades educativas y presencia de maestros/as, pero al parecer no en todas. En este rincón del país, habitado por indígenas del pueblo araona, no existen bachilleres todavía, y las dos unidades educativas existentes solo están en papeles porque no tienen la mínima infraestructura: pasan clases en galpones de acopio de productos agrícolas, cada alumno debe llevarse su silla; los dos valientes profesores que se animaron a compulsar para esos cargos y que llegaron en abril de este año, luego de cinco días de travesía desde sus residencias, tienen que ser creativos, pacientes, tolerantes y trabajar con mucho amor a su profesión. Lo he podido comprobar en un acto al Día de la Bandera donde los niños, niñas y adolescentes mostraron un civismo que no veía hace mucho años en los colegios de las diferentes urbes, con sed de superación, de crecer, de lograr algo más que sus padres, imágenes que te rompen el alma por la discriminación educativa a la que son sometidos/as en pleno siglo XXI.
Asimismo, el articulo 20.III de la norma fundamental determina que el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, consigna muy innovadora que muchos políticos utilizaron en foros internacionales llenándose la boca de su supuesta lucha por aquellos/as que no tenían acceso a este preciado elemento. Pero hay bolivianos y bolivianas que solo consumen agua de río, de acequia o arroyos, sabrá Dios de su calidad e inocuidad, de las enfermedades a las que están expuestos, pero forma parte de su diario vivir, alegrándose con cierto orgullo incluso de muchos/as de ellos de contar con algún manantial que les asegure algo mejor, sin conocer que ese mismo artículo 20 constitucional en su parágrafo II, expresa taxativamente: “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno la provisión de servicios básicos, a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias”. Este precepto es olvidado por su gobierno municipal, departamental y nacional, condenándolos a seguir careciendo de agua potable a la cual todos y todas tenemos derecho (Art. 20.I CPE).
No creamos que estos ciudadanos y ciudadanas no han reclamado en su momento todas estas carencias y siguen luchando por cada una. Sin embargo, esto será muy difícil si tu gobierno municipal está a más de cinco días de distancia, si no cuentas con ningún tipo de comunicación, si salir de la zona donde habitas tiene un costo exorbitante, donde la gasolina para tu medio de transporte te cuesta entre 10 y 12 bolivianos el litro, y requieres como 100 litros para ir y volver. Contratar una avioneta es tan costoso como pagar por cinco viajes a Santa Cruz o Tarija, y tu mermada economía no te permite esos lujos que ni siquiera en una emergencia de salud utilizarás.
Estos son claros ejemplo de la hipótesis inicial. Desgraciadamente, en Bolivia siguen existiendo bolivianos y bolivianas de segunda categoría, olvidados, ninguneados por las diferentes instancias de gobierno, que indolentemente les manifiestan, ante sus reclamos, que están muy lejos, que no se tiene presupuesto suficiente, que son poblaciones muy pequeñas, que eso nomás se puede hacer, que aguanten y resistan. No meditan en que ya vienen cientos de años aguantando, resistiendo, luchando, sufriendo, pero con dignidad y fuerza; quieren días mejores para ellos y sus hijos e hijas. Lo único que se puede decir, en pleno siglo XXI, es perdón, mil veces perdón, nación Araona y otros pueblos que habitan la Amazonia boliviana que seguramente están en igual o peor situación.
Seguiremos alzando la voz por ustedes que no pueden ante aquellos/as que han olvidado o reniegan de que la realidad nos muestra que Bolivia es un Estado Plurinacional donde ustedes y otros/as deben contar, convertirse en ciudadanos tan iguales como cualquiera en nuestro país y puedan ejercer sus derechos sin la discriminación a la que actualmente están sometidos/as.
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