En el mundo solo se conocen tres países productores de hoja de coca: Colombia, Perú y Bolivia. La historia moderna los ha condenado con el estigma de narco Estados, sobre todo por el efecto globo del tráfico de cocaína de años pasados. En todos estos países el uso ancestral de la coca es un patrimonio cultural y solo nosotros los bolivianos elevamos a rango constitucional su revalorización y protección como recurso natural estratégico.
Nuestro país andino causó polémica ante la comunidad internacional, ya que se retiró en 2011 de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, para denunciarlas conforme los procedimientos establecidos en nuestra Constitución en su artículo 260. Y en 2013 nos volvimos a adherir con reservas, que buscan alinear nuestras obligaciones internacionales con lo ordenado por nuestra Constitución Política, que defiende y revaloriza el uso de la coca.
La antigua Ley 1008 mantenía vigente el estigma: “Coca es cocaína”. Y esto dio lugar a que en los años 80 y 90 la represión al campesinado productor de hoja de coca fuera violenta y atentatoria a los derechos humanos. A casi 30 años de vigencia, llegó como una ventana de oportunidad en 2017 la regulación integral de la coca, a través de la Ley 906 del 8 de marzo de 2017, denominada Ley General de la Coca.
Sin embargo, esta nueva norma y otras medidas, como la apertura de un mercado paralelo e ilegal en la ciudad de La Paz, lamentablemente han dividido a los productores de hoja de coca, generando violencia e incertidumbre. Entre 2017 y 2019 murieron seis personas entre policías, productores y un niño, según lo reportó el periódico Página Siete. Después, se han producido persecuciones políticas y a comienzos de esta semana, el conflicto cocalero resurgió con enfrentamientos en dicho mercado, donde hubo gasificación, aprehensiones policiales y heridos.
Para entender quiénes son los productores de hoja de coca en Bolivia, debemos acudir a la Ley 906 en la que se los define. ¿Qué contiene esta norma que la convierte en un aspecto neurálgico por sus disposiciones para las relaciones entre productores y Estado, y entre ellos mismos? Hipotéticamente, una vez superados estos conflictos estamos ante una oportunidad de industrialización de la hoja de coca y su repercusión positiva en la economía de nuestro país.
Según la Ley General de la Coca, el productor es aquella “persona natural que desempeña directamente la actividad agrícola de producción de coca en su unidad productiva, cumpliendo los usos y costumbres en el marco de las obligaciones comunitarias, pudiendo transportar su producto desde el centro de producción hasta el mercado autorizado”; también entendemos desde nuestra mirada que el productor del Chapare es una creación político-económica ocasionada por la migración en décadas pasadas. Y el productor de los Yungas vendría a ser la figura originaria y ancestral en la producción de hoja de coca.
La Ley 906 de marzo de 2017 está compuesta por nueve capítulos, que prescriben algunas disposiciones generales, la revalorización, la producción, el comercio, la investigación, aspectos administrativos relativos a faltas y sanciones, institucionalidad, centros de investigación de la coca y tasas. Al parecer, es una norma pragmática e innovadora; sin embargo, aspectos como el área de producción permitida son los que generan conflictos orgánicos. Recordemos que actualmente las áreas permitidas ascienden a 22,000 hectáreas, repartidas de la siguiente forma: para La Paz, 14,300 hectáreas y para Cochabamba, 7,700 hectáreas.
Actualmente, el conflicto vigente se está dando en la zona de producción de La Paz, donde los productores originarios y ancestrales se encuentran divididos por cuestiones político-partidarias y pugnas orgánicas.
No obstante estos problemas, creemos fielmente que del consenso pueden emerger oportunidades encaminadas a lograr los objetivos prescritos por la Ley 906, en el sentido de avanzar hacia la revalorización, industrialización y la investigación científica de la hoja de coca. Recordemos que el pasado 11 de enero, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Acullico, pijcheo, boleo y coqueo, se presentó en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional el libro "Antecedentes y perspectivas para la exportación de la hoja de coca”, pregonándose la necesidad de abrir caminos para exportar la hoja de coca.
Hoy más que nunca vemos cómo se ha vuelto el consumo de la hoja de coca una tendencia nacional, que supera diferencias socioculturales, estratos económicos y afiliación política. Vemos en el mercado gastronómico dulces hechos a base de coca, energizantes, pastelería, etc. Y ante estos posibles escenarios de industrialización e investigación científica, está la oportunidad de producir medicamentos o productos terapéuticos a base de coca.
Es imperativa una reconciliación entre los productores de los Yungas y, para ello, el Estado debe mediar, buscando diseñar políticas públicas que integren a ambas facciones y beneficien en su totalidad a la población productora de coca y a la población en general, que somos los consumidores.
La coca es un factor de cohesión social como símbolo de integración y solidaridad. Y estas pugnas de poder solamente pervierten este noble principio, que es la consolidación de la lucha cultural por la revalorización de la hoja de coca.
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