La libertad de expresión es un derecho humano fundamental en una sociedad democrática y sirve de instrumento invaluable de protección y garantía de los restantes derechos humanos. Sin embargo, en el contexto actual de incertidumbre, ante la pandemia por coronavirus (Covid-19), la desinformación se ha convertido en otra pandemia que debe ser combatida debido a los serios riesgos que puede causar a la salud pública a nivel nacional e internacional.
Cualquier aproximación al análisis sobre la libertad de expresión debe reconocer dos niveles distintos: por una parte, la revisión normativa-jurídica y, por otra, la verificación fáctica acerca de la vigencia y aplicación de tales normas.
La libertad de pensamiento y expresión es la piedra angular de cualquier sociedad democrática. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular, le da un alcance muy amplio: el artículo 13 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona a la libertad de expresión, y precisa que este derecho comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
A través de su sitio web oficial, Amnistía Internacional (19/10/2021) pidió a los Estados que dejen de utilizar la pandemia como excusa para silenciar al periodismo independiente, que levanten todas las restricciones indebidas sobre el derecho a la libertad de expresión y que proporcionen información creíble, fiable y accesible para que la opinión pública pueda estar plenamente informada sobre la pandemia. Esa entidad afirma: “La desinformación no se combate con censura, sino con unos medios de comunicación libres e independientes y una sociedad civil fuerte”.
No obstante, la Corte Interamerica de Derechos Humanos (CIDH, 2013) plantea que la libertad de expresión tiene límites que deben ser contemplados como principios orientadores que informan la labor del Estado, el desarrollo de políticas públicas y la actuación de los particulares. Tales principios incluyen el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad, entre otros. A estas limitaciones se le debe añadir la cautela y responsabilidad con la que cualquier información debe ser constatada con fuentes institucionales o personas confiables y/o tener respaldo científico para no desinformar y confundir a quienes la reciben.
Si bien la libertad de expresión debe garantizarse como se garantizan los derechos fundamentales, es importante también resaltar que su majestad y su grandeza se justifican en su vocación constructora de un mundo mejor, proyectada hacia el bien público y hacia el interés colectivo. Lozano afirma que es necesario despertar en la conciencia colectiva el afán, la urgencia y la convicción asociada con la protección de la libertad de expresión, entendiendo que su ejercicio parte del reconocimiento de los otros derechos que conviven en nuestros ordenamientos, y que las responsabilidades civiles, penales y administrativas que se puedan derivar del abuso o el desbordamiento de este derecho deben ser severamente exigidas (Lozano, s/a, p. 247 y 264).
Salud con Lupa es una plataforma digital de periodismo colaborativo dedicada a la salud pública en América Latina entre periodistas latinoamericanos, medios de comunicación y profesionales de distintas disciplinas. Esta plataforma identificó en su espacio “Desinformantes” a una periodista boliviana que dirige el programa “Elige sentirte bien”, tiene un canal de Telegram con casi 10 mil seguidores y es directora de Comunicación de la Coalición Mundial Salud y Vida (Comusav), una organización que promueve principalmente el uso del dióxido de cloro para enfrentar a la Covid-19.
Hasta ahí se podría afirmar que la periodista ejerce su derecho a expresarse libremente; empero, los cuestionamientos de Salud con Lupa (2021) han sido planteados a raíz de sus afirmaciones como: “las vacunas contra la Covid-19 no son seguras y que el Gobierno está obligando a que las personas se vacunen” (Radio Compañera, 15/09/2021) y “las vacunas son inseguras y aumentan el riesgo de contraer el VIH” (Telegram, 14/09/2021).
Esas expresiones no tienen ningún sustento porque los estudios sobre la efectividad de las vacunas contra la Covid-19 han confirmado que reducen el riesgo de hospitalización y muerte. La Organización Mundial por la Salud (OMS) también ha asegurado que los efectos adversos que se pueden presentar tras la inmunización son leves en comparación a los que puede causar la enfermedad.
Lo preocupante de ambas afirmaciones es que no se sustentan en pruebas científicas, sino más bien en una estrategia de mercadotecnia para promocionar el uso del dióxido de cloro. De esa forma, se vulnera el derecho a acceder a una información fidedigna de interés público, más aún cuando esta se relaciona con la salud y bienestar de la población. El Estado tiene el mandato supremo de velar por la salud de las y los ciudadanos, y no podría sino proveer de las vacunas contra el coronavirus que están salvando miles de vidas. Es más, se ha constatado que los efectos del virus son menores cuando los pacientes fueron vacunados.
Si bien la periodista en cuestión promueve el consumo de dióxido de cloro (red Gigavisión, 28/08/2021 en Salud con Lupa, 2021) como tratamiento alternativo al uso de otro tipo de tratamientos médicos, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) advirtió que el uso del dióxido de cloro no corresponde a un medicamento médico aprobado y no cuenta con registro sanitario. “Es importante informar acerca de los efectos adversos que fueron reportados a la FDA en relación al consumo de dióxido de cloro como: insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de células sanguíneas, vómito y diarrea severa" (Ministerio de Salud, 27/06/2021).
Este ejemplo revela la necesidad de evaluar y debatir sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación e internet de forma participativa y dialógica, sin apasionamientos políticos ni intereses comerciales. Se habla de preservar la vida de los bolivianos y con ese objetivo en el caso de los periodistas debe priorizarse el manejo ético y la calidad de la información que se difunde en apego estricto a los hechos verificados y fuentes especializadas. Lo contrario supone mercantilizar la información, supeditarla a intereses políticos-económicos y no de servicio público. Se trata hoy de evaluar si un periodista serio como líder de opinión deba o no convertirse en un influencer, un youtuber o un streamer. Es un nuevo tiempo y son nuevos los desafíos para el periodismo boliviano.
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