Este 8 de noviembre se han cumplido los primeros dos años del mandato del presidente Luis Arce. Por ello es necesario evaluar el avance y el desempeño de las políticas públicas de reforma de la justicia. Recordemos que una de sus promesas en su discurso de posesión fue “la transformación de la justicia para que esta sea independiente al servicio de la población”.
La reforma judicial continúa siendo uno de los desafíos elusivos que el sistema político le adeuda a la democracia boliviana, y esto no ha cambiado en los últimos dos años.
El diagnóstico de crisis insostenible es ampliamente compartido por los actores nacionales y organismos internacionales especializados. A nivel externo, es necesario reiterar las conclusiones que han señalado diversos organismos internacionales en sus informes sobre la situación de derechos humanos en Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el GIEI-Bolivia, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, así como el Relator Especial de NNUU sobre Independencia de los Jueces y Abogados luego de su visita oficial al país, han subrayado su preocupación sobre “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público” y recomendando todos ellos llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso.
A nivel interno existe también una amplia coincidencia sobre precariedad de la cuestión judicial. Las tres organizaciones políticas que tienen hoy representación en el legislativo se pronunciaron en favor de revisar el sistema de elección por voto popular establecido para la elección de las más altas autoridades judiciales. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, empresariales y sindicales comparten igual preocupación, pero paradójicamente no se ha podido construir un gran acuerdo nacional para viabilizar esta reforma.
El gobierno del presidente Arce ha impulsado al menos cinco iniciativas, unas erráticas otras parciales, todas fallidas. Inicialmente, el Ministro de Justicia identificó tres temas prioritarios que requieren de una reforma constitucional: 1) garantizar que las altas autoridades judiciales sean electas de forma transparente y basadas en mérito; 2) rediseñar el Tribunal Agroambiental, y c) revisar el rol del Consejo de la Magistratura. Al efecto, en noviembre de 2020 el Ministro de Justicia conformó una comisión plural de asesoramiento, integrada por 11 juristas con trayectoria profesional muy reconocida, encomendándoles la misión de elaborar una propuesta de reforma del sistema de administración de justicia, que sirva de base para los consensos políticos necesarios para viabilizar un proceso de reforma parcial de la constitución. Sin embargo, esta iniciativa naufragó por la falta de apoyo político y cuestionamientos que vinieron desde el interior del propio partido de gobierno.
Luego anunció el envío al legislativo de cinco proyectos de leyes de emergencia en materia judicial, con reformas a la justicia constitucional, Consejo de la Magistratura, Derechos Reales, adopción de menores y carrera judicial, que no han sido siquiera consideradas. Posteriormente, el Ministro de Justicia y Transparencia esbozó una propuesta de trabajo, basada en seis ejes para la reforma judicial: el balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, carrera judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional. Mientras se socializaban esas propuestas, en junio de 2021, el ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 212 para Garantizar el acceso y administración de Justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente, con independencia y autonomía”, planteando varias modificaciones a la Ley de Órgano Judicial, así como incluyendo la participación del Ejecutivo en los procesos de nominación y designación de funcionarios judiciales.
Aunque se convocó a un “ciclo de conversatorios plurales” con el fin de mejorar las políticas y mecanismos de acceso y gestión judicial, en su inauguración se excluyó las reformas constitucionales de tipo estructural, como la revisión del sistema de elección judicial por voto popular, lo que da la pauta sobre la necesidad de procesos de diálogo más genuinos y abiertos.
Finalmente, junto al Consejo de la Magistratura se anunció un proceso de concursos internos para institucionalizar a los jueces provisionales, con varios defectos de legalidad, que fue cuestionado por los propios jueces, y luego de los audios que involucraban el entonces Presidente del Consejo de Magistratura en nombramientos políticos de funcionarios judiciales, esta iniciativa quedó suspendida, derrumbándose un nuevo experimento.
Frente al fracaso de los intentos previos, un grupo plural de juristas independientes, integrado por académicos, activistas de derechos humanos, mujeres y representantes indígenas, presentó al Órgano Electoral una propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, convocando a la ciudadanía a impulsar una iniciativa popular para que esta propuesta sea aprobada por referéndum constitucional, que ha avanzado silenciosamente, sin pausa ni descanso, cumpliendo la normativa legal vigente en el país. Recientemente, el TSE ha anunciado su aprobación al proceso de recolección de firmas, para viabilizar este proceso.
Resulta paradójico que, a pesar de existir tan amplio consenso político sobre la necesidad de la reforma, apoyo de la cooperación internacional y amplia demanda ciudadana, se haya seguido una ruta elusiva, con iniciativas intermitentes, erráticas y desarticuladas ante este reto.
La crisis judicial es de tal magnitud que no se resuelve con reformas parciales mejorando el despacho del juez o los mecanismos de gerencia. Se debe acometer con decisión una reforma profunda que permita recuperar la agenda de independencia, transparencia, probidad y ética judicial, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ello, es clave viabilizar un esfuerzo genuino de transformación de la justicia, lo que pasa por no eludir la reforma constitucional de aspectos centrales del sistema de justicia, como es el proceso de designación de altas cortes, mediante una nueva forma de composición de sus máximos integrantes.
¿Ahora qué?, luego de dos años de esfuerzos gubernamentales fallidos, queda la propuesta y participación de la ciudadanía, que resulta siendo la única opción para la transformación hacia una justicia independiente, al servicio de la gente.
Ramiro Orías es abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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