En un país como Bolivia donde un reclamo o una demanda insatisfecha puede convertirse rápidamente en un conflicto y generar violencia, debemos estar plenamente conscientes, como ciudadanos y ciudadanas, de que el conflicto es como señala John Paul Lederach[1], algo natural en las relaciones humanas. Es por eso que los especialistas en este ámbito resaltan la importancia de la forma en la que se lo debe abordar y gestionar para prevenir la violencia.
En los primeros años de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, Ana María Romero de Campero (+) y el equipo que conformó para acompañarla en esta desafiante labor, luego de un profundo análisis del contexto social que en esos momentos se vivía, comprendieron que la intervención de la institución en los conflictos sociales era fundamental para evitar la vulneración de derechos humanos. Esta determinación obedecía directamente al compromiso y responsabilidad que ella y el equipo asumieron respecto a la misión institucional y a la profunda convicción democrática y de paz que los unía.
Es importante resaltar que la Ley N° 1818 del Defensor del Pueblo (1997) no establecía como atribución su intervención en conflictos, pero gracias a la amplia comprensión de la razón de ser de la institución, se organizó un equipo de profesionales para que asuma esa tarea con capacidades, conocimientos y herramientas que fortalecieron su acción. Esta labor estaba amparada fundamentalmente en la legitimidad e independencia con la que actuaba su titular.
Nadie puede negar que, en varios de esos conflictos, la intervención de la Defensoría del Pueblo junto a la Iglesia Católica y a la Asamblea de Derechos Humanos evitó mayores situaciones de violencia y la vulneración de derechos fundamentales. La rica experiencia que se ha generado con esta labor se constituye hoy en un preciado legado, del cual se pueden recoger buenas prácticas y lecciones aprendidas. Muchas de estas intervenciones se hallan sistematizadas en los informes anuales que la Defensoría del Pueblo presentaba ante el Congreso Nacional (ahora Asamblea Legislativa Plurinacional) y también en informes especiales que se elaboraban para la población. Estos documentos rescatan en detalle los actores, las demandas, las acciones desarrolladas, los derechos vulnerados y los que se evitaron se vulneren. Algunos de los protagonistas de esas experiencias ya no están con nosotros como por ejemplo Ana María Romero de Campero y Eugenio Escarpellini, pero podemos seguir valorando y honrando sus esfuerzos poniendo en práctica lo aprendido de ellos.
En los últimos meses del 2019, el país vivió uno de los conflictos más complejos de su historia. La crisis político-social que arrastrábamos desde hace unos años se profundizó en extremo, generando violencia y desestabilidad en todo el aparato estatal. En esos momentos, la Defensoría del Pueblo pudo haber asumido un rol fundamental para prevenir la violencia y la vulneración de derechos, lamentablemente y pese a que en la actual ley que regula su funcionamiento se establece en el numeral 2 del artículo 14 (Ley N° 870) la prerrogativa que tiene de intervenir en los conflictos sociales, ya sea a través de la gestión o de la prevención, promoviendo la cultura del diálogo y del respeto a los derechos humanos, su accionar develó parcialidad hacia uno de los actores del conflicto, restándole la poca credibilidad que tenía a raíz de anteriores intervenciones y omisiones frente a evidentes vulneraciones de derechos humanos.
En el actual conflicto social que vive nuestro país, donde una buena parte de la población reclama la realización del censo de población el 2023, los actores involucrados en el mismo han ido asumiendo distintas medidas de presión. En Santa Cruz se determinó un paro cívico indefinido, las reacciones en favor y en contra del mismo no se hicieron esperar. Personas de otros lugares del país fueron llegando a este departamento generando un clima de mayor tensión no sólo porque tienen visiones o posiciones enfrentadas, sino también por la agresividad y violencia con las que tratan de defenderlas. Para controlar esta situación de conflicto, el gobierno ha determinado enviar a este punto del país grupos de efectivos policiales desde otros departamentos, pero su presencia ha sido resistida puesto que en algunos casos se ha evidenciado un uso desproporcional de la fuerza y en otros casos, ha demostrado omisión de sus funciones puesto que en presencia de ellos los sectores enfrentados han llegado a situaciones de confrontación violenta.
Como señala William Ury[2], el curso que puede asumir un conflicto depende mucho de la forma en la que se lo maneje. Hace unos días la tensión bajó sobre todo por la instalación de las mesas técnicas en Trinidad; sin embargo, lamentablemente hoy las noticias nos muestran que este intento para atender las demandas no ha dado los frutos que esperados. El día lunes, cívicos de Cochabamba han ingresado en huelga de hambre por este mismo reclamo y sin duda, día que avance y que el mismo no sea atendido de la manera más adecuada puede generar que otros sectores y departamentos se vayan sumando, propiciando que la conflictividad crezca y que llegue a tal punto que no podamos gestionarla de manera constructiva y sobre todo pacífica. Las y los bolivianos no queremos volver a vivir las situaciones de violencia, inseguridad y vulneración de derechos como las que se dieron en el 2019.
Esperamos que en esta oportunidad, el flamante Defensor del Pueblo comprenda que el rol que asuma ante estos eventos le puede permitir recuperar la credibilidad y confianza de la población hacia la institución que ahora dirige. Esperamos que se rodee de personas capaces, idóneas, independientes políticamente (militancia partidista) y con convicción profunda de lo que implica la promoción y defensa de los derechos humanos.
Sr. Defensor del Pueblo, recoja las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que le han legado las personas que asumieron el desafío de aportar a la construcción de una cultura democrática y de paz en nuestro país.
[1] Profesor universitario estadounidense especialista en transformación de conflictos y procesos de paz a nivel internacional.
[2] Reconocido negociador y mediador en conflictos bélicos, políticos y empresariales. Co fundador y director del Programa en Negociación de la universidad de Harvard.
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