La libertad de expresión, que engloba la libertad de prensa, opinión e información, es crucial para fortalecer la democracia y es responsabilidad tanto de quien la ejerce como de la ciudadanía en general.
Los periodistas desempeñan un papel crucial como defensores de los derechos humanos al ejercer la libertad de expresión para promover y proteger estos derechos. Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, el periodismo es esencial para el funcionamiento de las democracias al mantener a la sociedad informada y alimentar un debate público robusto y bien informado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que el periodismo es la expresión primaria de la libertad de expresión. Un periodista profesional se define como alguien que ejerce la libertad de expresión de manera continua, estable y remunerada.
La creciente violación de la libertad de prensa es motivo de preocupación, especialmente dada la vulnerabilidad de los periodistas en este contexto.
De acuerdo con el Observatorio de Defensoras y Defensores de la red Unitas, durante 2022 se registraron 202 vulneraciones a la libertad de prensa (alrededor del 28% de los registros en el año), en contraste con los 67 casos de 2021. En 2023, se registraron 143 violaciones a la libertad de prensa en Bolivia, incluyendo agresiones físicas y psicológicas a periodistas, amenazas, incumplimientos de protección, impedimentos de acceso a la información, entre otros. Los principales perpetradores son la Policía Nacional y grupos de personas. Además, se han documentado ataques directos contra periodistas y medios de comunicación.
Según un estudio realizado en 2023[1], las y los periodistas se encuentran entre los profesionales más afectados por la precarización laboral, con aumento del desempleo, subempleo, inestabilidad laboral y precarización. Se observa una reducción en contratos estables, siendo reemplazadas por contratos eventuales, teletrabajo y tercerización, lo que conlleva bajos ingresos y falta de seguridad social. Según encuestas, el 79% de los periodistas trabaja bajo contratos flexibilizados y cortos, mientras que sólo el 21% tiene empleos estables. El 45% tiene ingresos por debajo del salario mínimo nacional, especialmente los freelance, y la mayoría no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica.
Durante el año de 2023, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) recibió informaciones acerca de la violencia contra periodistas, como episodios de amenazas, agresiones y estigmatización, que también fueran relatados durante la visita in loco realizada, ya que la polarización política ha provocado una fractura en tejido social de boliviano que urge ser superada.
La RELE también observó con preocupación diversas noticias de ataques contra periodistas presuntamente perpetrados por agentes policiales[2], y que periodistas sufrieron, también, con ataques perpetrados por ciudadanos, en casos de agresiones físicas y verbales durante cobertura de protestas[3].
Esta situación no es particular de Bolivia, en la región se han registrado graves ataques y restricciones a la libertad de prensa durante la cobertura de protestas sociales, incluyendo intimidación y uso de la fuerza por parte de autoridades y grupos organizados. La estigmatización constante de la prensa por altos funcionarios y líderes políticos también pone en peligro la seguridad de los periodistas. Además, se observa una preocupante tendencia al uso de mecanismos judiciales como forma de intimidación y censura contra periodistas que investigan asuntos de interés público o corrupción. La CIDH ha advertido que el uso del derecho penal para castigar a periodistas constituye una forma indirecta de censura, contraviniendo los estándares internacionales de libertad de expresión
Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los periodistas y proteger su derecho a informar. Esto incluye la prevención de agresiones, la investigación imparcial y efectiva de los ataques contra periodistas, y el castigo adecuado a los responsables. Sin embargo, es necesario reconocer que la polarización política ha fracturado el tejido social, lo que representa un desafío adicional para la protección de los periodistas.
La prensa cumple un rol fundamental en manifestaciones sociales para mantener informada a la sociedad. Por esto, el Estado tiene el deber de garantizar que las personas periodistas no sean detenidas, amenazadas, agredidas, o limitadas en cualquier forma en sus derechos por el ejercicio de su profesión[4].
La libertad de prensa es vital para una sociedad democrática. El Estado debe cumplir con sus obligaciones de prevenir, proteger y garantizar la justicia en casos de violencia contra periodistas. Solo así se podrá mantener un debate democrático libre y robusto, y proteger la integridad de quienes ejercen el periodismo en favor del interés público.
[1] Realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en colaboración con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
[2] Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2023, vol.2, pár 248
[3] Ibíd. Par. 249
[4] ONU, OEA, Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales, 13 de septiembre de 2013.
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